Mariano Federici era abogado del Fondo Monetario Internacional y hoy está a cargo de la oficina encargada de impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En su paso por Salta dialogó con El Tribuno y señaló que profundizarán las tareas en las zonas de frontera. Señaló que casi todas las causas que son querellantes en la provincia son por narcotráfico. Además, aseguró que espera que se apruebe en el Congreso -sigue en estudio- la ley de extinción de dominio, que le permitirá al Estado hacerse de los bienes que se consiguieron con dinero de origen ilícito.
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Mariano Federici era abogado del Fondo Monetario Internacional y hoy está a cargo de la oficina encargada de impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En su paso por Salta dialogó con El Tribuno y señaló que profundizarán las tareas en las zonas de frontera. Señaló que casi todas las causas que son querellantes en la provincia son por narcotráfico. Además, aseguró que espera que se apruebe en el Congreso -sigue en estudio- la ley de extinción de dominio, que le permitirá al Estado hacerse de los bienes que se consiguieron con dinero de origen ilícito.
¿Cómo es el trabajo de la UIF en la frontera norte, que afecta directamente a Salta?
Hace un par de años tomamos la decisión de posicionarnos fuerte en la zona, en toda la región norte, a través del establecimiento de la oficina regional norte, que abrimos en Salta. A casi dos años de la apertura de esta oficina, podemos decir que esto fue una decisión acertada, porque nos permitió tomar conocimiento sobre qué es lo que estaba pasando en la región.
Desde el punto de vista de las actuaciones penales más relevantes y también para que pudiéramos identificar oportunidades de agregar valor a la investigación. Comenzamos a jugar un rol protagónico en las investigaciones, en nuestro carácter de querellantes. Cuando asumimos la gestión, la UIF no participaba en ninguna causa penal en todo el norte del país. Ahora estamos participando en 20 causas penales, cuatro del 2016 y 16 del año pasado. La mayoría de las causas están en Salta y son por narcotráfico. Somos querellantes en las siete provincias del norte, en cada una tenemos al menos una causa en la que estamos querellando. Eso nos permitió tomar posición y generar un entendimiento de lo que está pasando y agregar valor a las investigaciones. Todavía no vimos el resultado desde el punto de vista de las condenas. En algunos casos sí vimos resultados, como es la causa del clan de los Ale. Ahí el equipo de la regional (norte) asistió fuertemente y tuvimos una sentencia importante. Las demás están en proceso.
En Salta tenemos un caso particular con el clan Castedo, que pese a que sus cabecillas están detenidos, siguen operando, ¿cómo trabajan en ese sentido?
La estrategia es contribuir a las causas como querellantes, no solamente impulsando la investigación contra los miembros de la organización. Esto es importante porque hay que desarticular la organización, tratando de que se haga justicia con cada uno de sus miembros, pero lo fundamental es tratar de individualizar, incautar y decomisar la mayor cantidad de bienes y activos posibles de la organización. La manera por la cual se termina de desarmar la empresa criminal es privándolas de sus bienes. El poder económico está representado en los bienes. Esto les otorga poder real a las organizaciones. Cuando hablamos de poder de las organizaciones hablamos de su poder territorial, de su capacidad de controlar el territorio, su poder corruptor de sobornar funcionarios, su poder de reclutamiento de gente, su poder de fuego. Todo eso es posible por su poder económico. La manera de debilitarlos, de reducir el poder de la organización es quitándole los bienes, reduciendo el poder económico que tienen. Vos podés dejar a las personas privadas de su libertad, pero si la organización sigue teniendo poder económico, puede seguir operando.
Para esto se necesita apoyo de la Justicia, ¿cómo es el acompañamiento que tienen de este sector?
El trabajo de la UIF por sí solo no alcanza. Es el funcionamiento del sistema, en su conjunto, lo que sirve. Lo que tengo para decir de la actuación del Ministerio Público y los fiscales en esta región es que fue muy receptivo al trabajo de nuestra unidad. Fuimos tomados como querellantes en prácticamente todas las causas donde lo solicitamos. Demostraron mucho interés de trabajar con la UIF, en entender mejor como funciona la herramienta y en hacer uso de la herramienta.
Las leyes los acompañan, ¿qué cambio pediría para hacer más efi ciente el trabajo?
Las leyes que tenemos son suficientes para dar una buena pelea. No me gusta escudarme en el hecho de que las leyes podrían mejorar para decir que no se puede hacer el trabajo. Con las leyes que tenemos alcanza para poder hacer un buen trabajo, siempre dentro de una estrategia coherente.
Hoy, lo que se le agrega a la ley que ya existe es una estrategia de decir vamos a ir contra las organizaciones más grandes, vamos a priorizar los casos de narcotráfico, vamos a tratar de atacarlas por el ángulo económico financiero, con el objetivo de despojarlas de los bienes. Tenemos leyes suficientes para trabajar esa estrategia, que podrían ser mejores, eso sin dudas. Sería fantástico contar con una ley de extinción de dominio que nos permita a nosotros tomar control de los bienes.
La ley de extinción de dominio está frenada en el Congreso...
Esa ley está por ahora en discusión. Espero que próximamente se pueda volver a encauzar el debate para volver a sancionarla, porque está demostrado que es una herramienta de enorme utilidad para hacer frente a la empresa criminal. Pero en ausencia de esa ley tenemos herramientas que nos permiten tomar medidas preventivas durante el proceso: incautaciones, embargos, inhibiciones e incluso en algunos supuestos particulares que establece la ley, decomisar de manera anticipada sin condena; por ejemplo, cuando hay prófugos en el proceso.
En su momento lo habían criticado y señalaban que usted había trabajado para empresas que querellaron la UIF, por lo que esperaban que ahora se inhiba en varias causas, ¿cómo quedó eso?
Las críticas vinieron de políticos opositores del Gobierno anterior. Son críticas falsas. No estoy trabajando en la actividad privada desde el año 2004. Los últimos 12 años estuve trabajando para el FMI. Era asesor regional para Latinoamérica y el Caribe, y en los últimos años era el abogado senior del FMI en Washington. Las críticas carecen de todo tipo de fundamento. Antes del 2004 trabajé para estudios jurídicos, pero en ningún momento representando a clientes en estos temas. Hubo un intento de aprovechar mi actividad docente. Di clases en la UBA, junto con otros abogados que ejercían la matrícula. Mi trabajo era en el FMI y lo único que se me permitía era hacer docencia, y ahí donaba mi sueldo.
Lo que hice antes de ingresar a la gestión fue pedirle a la Oficina Anticorrupción, voluntariamente, que hiciera un análisis de conflicto de interés de mi situación y también lo hizo la vicepresidenta de la UIF y la OA dictaminó que no había ningún conflicto de interés con respecto a la actividad que desarrollamos en el pasado.
Se criticó también que en la UIF sabían lo que habría cobrado Gustavo Arribas por parte de Odebrecht y no lo informaron a la Justicia...
Esa fue una crítica de un periodista en particular. Tengo respeto por el periodismo, pero eso fue una crítica infundada. Nosotros estábamos en ese momento en plena investigación del caso y el periodista pretendía saber cosas sobre la investigación que hubiesen representado una violación a la ley si la informábamos. Ante su consulta y pedido de investigación, yo me negué a contestarle por si o por no. Le dije: “No te puedo dar ninguna respuesta al respecto, porque me lo prohibe la ley”. Le pedí que me ayudara por la ley. Nosotros no tenemos un plazo legal para hacer la denuncia, tenemos que hacer la denuncia cuando logramos reunir los elementos de convicción suficientes para formularla.
Tal como se demostró en la Justicia, en relación a esas operaciones que se denunciaban, quedó establecido que solo una de las cinco existió, las otras cuatro operaciones eran inexistentes. Nosotros trabajamos de la manera más transparente posible.
Desde la UIF se avanzó con varias investigaciones sobre personas ligadas al gobierno anterior...
Acá no se trata de si es el Gobierno anterior o el actual. Vamos detrás de los hechos. Había causas en las cuales se estaban investigando hechos con claras hipótesis de lavado, donde la UIF o no estaba participando o tenía un rol muy tibio. Lo que hicimos fue posicionarnos fuerte en causas con hipótesis de lavado con un rol protagónico mucho más intenso, mucho más importante. No solamente en causas de narcotráfico, sino también de corrupción. Esas son las causas sensibles porque rozan la política. Nuestras investigaciones son prescindentes del factor político. Nosotros lo que investigamos es gente sospechada de haber cometido delitos graves, donde la UIF tendría que haber estado mucho tiempo atrás.
De la misma manera que investigamos a esas personas vinculadas al gobierno anterior, también ante los requerimientos judiciales investigamos a personas del Gobierno actual.
¿Quienes son?
Uno es el caso del jefe de la AFI (Gustavo Arribas). Al propio presidente de la Nación tuvimos que iniciarle una investigación vinculada con los Panamá Papers, que se corroboró que no tenía nada fuera de regla, por suerte para él. Nuestro trabajo se lleva adelante de manera autónoma, con independencia del Gobierno, y sin tener en cuenta el color político. Vamos atrás de los hechos que generan conciencia.
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