A contramano del ahorro fiscal que la Provincia se comprometió a cumplir ante el Gobierno nacional, la ministra de Educación, Analía Berruezo, firmó un contrato de alquiler, por el edificio donde funciona la oficina de Legajo Único del Alumno, en Caseros 322, que contempla actualizaciones en las cuotas de locación que llegan a duplicar el valor inicial del acuerdo.
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A contramano del ahorro fiscal que la Provincia se comprometió a cumplir ante el Gobierno nacional, la ministra de Educación, Analía Berruezo, firmó un contrato de alquiler, por el edificio donde funciona la oficina de Legajo Único del Alumno, en Caseros 322, que contempla actualizaciones en las cuotas de locación que llegan a duplicar el valor inicial del acuerdo.
El contrato, rubricado el 3 de mayo pasado, es retroactivo al 1 de diciembre de 2017. Consigna el pago mensual al propietario del inmueble, Sergio Daniel Lafuente, de $31.634 hasta el próximo 31 de mayo. Luego, el monto se actualiza semestralmente en un poco más del 15% hasta el 30 de noviembre de 2020, cuando el alquiler ya estará en $63.628.
En resumen, el precio de alquiler del edificio céntrico aumenta un 33% por año y al tercer año el costo supera el 100% de lo que cuesta en la actualidad. Ni los más pesimistas en el destino económico del país se aventuran a pronosticar semejante inflación. Aún más, se espera que haya un proceso de descenso de ese indicador.
La Cámara Inmobiliaria de Salta, por ejemplo, desde este mes empezó a recomendar a sus asociados que la suba de precios para los inquilinos no supere el 25% anual, que es lo que va empezar a figurar en los próximos contratos de alquiler entre privados.
Legajo Único del Alumno se encuentra en el mismo domicilio desde 2012. En la propiedad de dos pisos (por lo que se ve desde el exterior, bastante deteriorada), se archivan justamente los expedientes de los estudiantes de las escuelas públicas.
La excepción
Más allá de los niveles absurdos de actualización del alquiler del edificio de calle Caseros, el contrato del Ministerio de Educación vulnera uno de los artículos del decreto provincial 1.603/17, con el que el gobernador Juan Manuel Urtubey instruyó a sus ministros procurar mantener para este año los precios que las locaciones tenían en 2017. Esa fue unas de las medidas adoptadas para cumplir con las metas del pacto fiscal que firmó el mandatario salteño y sus pares de otras provincias con la Nación en noviembre pasado.
De hecho, desde principios de este año se renegociaron y congelaron los valores de la mayoría de los alquileres de las casas donde funcionan distintas oficinas estatales, entre ellos también de la cartera educativa.
El ahorro que estimaron para este año en el Ministerio de Economía provincial con la renegociación de contratos de alquileres asciende a los $600 millones, lo que pone en evidencia uno de los grandes agujeros por donde se diluyen los fondos públicos, lo que llevó al Estado salteño, entre otros puntos, a tener un déficit $4.500 millones a final de 2017.
La millonaria cifra de ahorro alerta, además, sobre la eficacia del gasto público: con la suma de los alquileres en los que invierte la Provincia, bien se podría avanzar en construir infraestructura propia.