En el Chaco salteño, donde el 88% de la población vive en ranchos sin agua segura, la movilidad social es una utopía que tiene raras excepciones, como la de Paola Alejandra Torres, la mujer del intendente Leopoldo Cuenca. Con 34 años, ella tiene a su nombre una flota de camiones y propiedades que contrastan con la postergación del municipio que su conviviente gobierna desde 2003 con una discrecionalidad a prueba de denuncias.
inicia sesión o regístrate.
En el Chaco salteño, donde el 88% de la población vive en ranchos sin agua segura, la movilidad social es una utopía que tiene raras excepciones, como la de Paola Alejandra Torres, la mujer del intendente Leopoldo Cuenca. Con 34 años, ella tiene a su nombre una flota de camiones y propiedades que contrastan con la postergación del municipio que su conviviente gobierna desde 2003 con una discrecionalidad a prueba de denuncias.
Él, antes de asumir el primero de los cuatro mandatos que lleva como jefe comunal, era un quebrado carnicero de La Unión. Ella, con 19 años, era tanto o más pobre que el carnicero con el que tiempo después compartirían un venturoso proyecto de vida.
En quince años, la varita de la política convirtió al jefe comunal en un terrateniente y a su compañera en dueña de un sorprendente patrimonio. Sus propiedades, vacas y camiones son, en realidad, bienes compartidos.
Cuenca no tiene nada a su nombre, salvo los derechos posesorios que un puestero de Las Barrancas, Raúl Sabán, le cedió a título gratuito en una extensa finca ubicada a 30 kilómetros de La Unión sobre la ruta provincial 13. Se llama Las Botijas y perteneció a Fidela Guerra de Romero, una criolla que la obtuvo en 1948 por prescripción adquisitiva. El juez de aquel juicio civil no fue claro al concederle a Fidela la posesión treintañal sobre "una legua cuadrada o lo que resulte dentro de los siguientes límites: al norte, Cañada Honda; al sur, Finca Climaco; al oeste, Las Barrancas y al este, Pozo Las Moras y Quebrachal". Una legua cuadrada tiene 1.874 hectáreas y los límites citados, según el abogado de Cuenca, Mariano Sitelli, abarcan más del doble de esa superficie.
Ese ambiguo fallo se tradujo en la superposición de matrículas que existe entre Las Botijas y Las Colmenas, un campo vecino que la empresa Tierra Vasca adquirió en 2005 a su antiguo propietario, Jorge Sergi.
Según la cédula parcelaria de Las Botijas, Sabán -quien es solo uno de los herederos de Fidela- le cedió la citada finca gratuitamente a Cuenca en 2008. No fue un regalo, como parece, sino el modo que encontraron el intendente de Rivadavia Banda Sur y sus asesores letrados de maquillar una adquisición a título oneroso que le hubiera resultado muy difícil justificar con sus ingresos de la función pública.
Según la carta municipal de Rivadavia, el sueldo del intendente no puede superar en más de un 20% la dieta de los concejales, que ascienden actualmente a $10.000, según señalaron fuentes del cuerpo legislativo.
Cuenca y Paola Torres nunca se casaron, por lo que ella figura como soltera en los informes de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), que la muestran como titular de los dos camiones -chapas AA804DB y PFI 210- que fueron fotografiados días atrás dentro de la finca que el intendente disputa con la empresa Tierra Vasca al estilo del Far West.
Esas unidades Mercedes Benz, al igual que otros camiones puestos a nombre de la mujer del jefe comunal, se usaron tanto en servicios de cargas generales como en contrataciones de organismos estatales. También para transportar ayudas oficiales destinadas a pequeños productores criollos afectados por sequías, con cobro de fletes de por medio, y hasta para sacar de Rivadavia rollos de palo santo, ilegalmente extraídos.
Los equipos pesados que fueron patentados a nombre de la mujer de Cuenca en septiembre de 2015 y diciembre de 2016 cuestan más de $4 millones, contando los chasis y los semirremolques batea con los que están equipados.
Tras la inspección que la fiscal Sofía Fuentes realizó el pasado miércoles en Las Colmenas, el abogado Sitelli afirmó que Cuenca construyó en la finca tomada pozos de agua, represas, corrales y 20 kilómetros de alambradas. Solo los 20.000 metros lineales de un cerco de ocho hilos cuesta $2 millones.
En la denuncia que presentó en julio de 2017 contra personal de la empresa de los hermanos Jorge y Marcelo Pocovi, el intendente Cuenca afirmo que la rotura de una de las alambradas le generó perjuicios con cien cabezas vacunas de su propiedad y otras 150 de su suegro, el padre de Paola Torres, y de un allegado. Cada cabeza vale como mínimo $8.000.
En el conflicto de la finca oranense Las Colmenas, la mujer de Cuenca encabeza a los imputados que tiene el bando del intendente de Rivadavia Banda Sur, porque uno de los hombres que tomaron el campo el pasado 18 de abril señaló a Paola Torres como contratante del grupo. El apoderado de Tierra Vasca, Diego Mazzuchelli, denunció que él y tres empleados de la firma fueron corridos a tiros por un grupo armado. Mazuchelli también está imputado porque Cuenca denunció que él y personal de la citada firma dispararon contra sus empleados desde dos camionetas 4x4.
Sin contar la lujosa residencia construida en La Unión y otra propiedad que figura a nombre de Paola Torres en la capital, el patrimonio de la mujer de Cuenca registró en 15 años un exponencial salto que no se condice con los registros que tiene la AFIP.
Desde marzo 2008 hasta octubre 2014 la mujer del intendente trabajó en relación de dependencia por $15.000 mensuales. Desde marzo 2016 hasta octubre 2016 fue una monotributista con ingresos de $20.000 mensuales. Desde noviembre 2016 a la actualidad figura como responsable inscripta en Ganancias e IVA, en el rubro de transporte de cargas generales. Desde septiembre de 2017, además de la actividad principal, está registrada para operar en la venta al por mayor de ganado bovino en pie. Otro dato llamativo: la empresa Transporte Paola A. Torres figura sin empleados registrados.
Opinión
Leyes anticorrupción que no se cumplen
Por Gonzalo Guzmán (Salta Transparente)
Es obligación del Estado garantizar a la ciudadanía que quienes ocupen cargos públicos declaren al momento de asumir y al momento de cesar en el cargo, cómo está constituido su patrimonio. También es obligación garantizar a los ciudadanos que tales declaraciones sean públicas. Si en Salta se cumplieran cabalmente estas obligaciones, el sistema funcionaría como un verdadero mecanismo preventivo de la corrupción.
En Salta, en virtud de la ley 3.382 (modificada por la ley 6.547), los funcionarios públicos deben presentar declaración jurada de sus bienes y de los de su cónyuge, siempre que no mediare separación judicial, dentro de los 30 días de asumir sus funciones, y del cese de las mismas. También está establecido que “los aumentos o modificaciones patrimoniales, originados por cualquier causa, deben ser declarados con información circunstanciada”.
A pesar de estas normas, el sistema de declaraciones juradas como medida preventiva contra la corrupción, en nuestra provincia, es deficiente.
Los formularios utilizados para receptar las DDJJ son incompletos y su diagramación es confusa . Ello contribuye a que la declaración de bienes no sea lo suficientemente íntegra.
Otra circunstancia que conspira es la actitud reticente asumida por muchos funcionarios a la hora de declarar su patrimonio. Es común encontrar que omiten declarar el patrimonio de sus cónyuges y el valor real de sus bienes. Tampoco exponen con transparencia sus participaciones en sociedades comerciales y declaran deudas sin nombrar a sus acreedores.
El otro factor principal que influye para que el sistema no funcione es la actitud complaciente asumida por la Escribanía de Gobierno y la Auditoría General de la Provincia.
La Escribanía de Gobierno se limita a receptar pasivamente las declaraciones, sin considerar si éstas son lo suficientemente íntegras y veraces.
Por otra parte, ni la Escribanía ni la Auditoría denuncian penalmente a los funcionarios que omiten presentar sus DDJJ o las presentan incompletas.
Este estado de cosas contribuye a que la ciudadanía y quienes deben controlar a los funcionarios no puedan monitorear su evolución patrimonial y detectar posibles enriquecimientos indebidos. Todo ello favorece la corrupción.