En el Concejo Deliberante se realizó ayer un plenario público por la instalación de antenas de telefonía móvil en la ciudad de Salta. El representante del Ente Nacional de Comunicación (Enacom), Mariano Suriani, advirtió a los concejales sobre el atraso tecnológico que representa la legislación municipal vigente, y pidió cambios para instalar más atenas. El pedido fue acompañado por las empresas de telefonía móvil.
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En el Concejo Deliberante se realizó ayer un plenario público por la instalación de antenas de telefonía móvil en la ciudad de Salta. El representante del Ente Nacional de Comunicación (Enacom), Mariano Suriani, advirtió a los concejales sobre el atraso tecnológico que representa la legislación municipal vigente, y pidió cambios para instalar más atenas. El pedido fue acompañado por las empresas de telefonía móvil.
Los concejales se mostraron preocupados por el riesgo a la exposición a radiaciones que esto supondría. El caso de la ciudad de Gemes fue tomado como ejemplo.
Suriani, de Relaciones Gubernamentales del Enacom, llegó a Salta con un modelo de ordenanza bajo el brazo.
Quieren que las microantenas se puedan instalar en pequeños espacios, la actual normativa municipal no las contempla. También planteó que los pasos administrativos sean más ágiles. Para ello, indicó cuatro puntos básicos que debería cumplir la nueva ordenanza: crear un registro de estructuras, que prevea un inventario de antenas y estructuras, crear una ventanilla de atención única de operadores y no establecer distancias mínimas para la instalación de antenas.
"No hay legislación en el mundo que establezca un límite. En Chile y en Perú están hasta en las alcantarillas", advirtió el funcionario.
Para contextualizar el atraso tecnológico, Suriani indicó que en Japón hay 10 mil antenas cada 100 mil habitantes, mientras en Argentina son 383 y en Chile, 1.102. También hizo hincapié en la demanda. "La demanda se duplicará, y si no ponemos más infraestructura, el año que viene no vamos a poder satisfacerla", señaló, y agregó: "Hay empresas que se quieren instalar en Salta pero no pueden hacerlo".
La ordenanza que rige hace nueve años, la 13.778, reconoce dos tipos de antenas: las que van instaladas en el suelo y las que van sobre edificios, no contempla las microantenas. Para las de suelo establece un mínimo de superficie del terreno de 500 metros cuadrados, ahora piden que no haya un mínimo de distancia.
Radiación
Las interpelaciones de concejales giraron básicamente alrededor del peligro por radiación. En este sentido, Suriani informó que el Enacom mide las radiaciones no ionizantes (RNI). Según el funcionario, los resultados arrojaron entre 500 y mil veces por debajo de los valores que manda la Organización Mundial de la Salud (OMS). "La OMS no reconoce un estudio en el mundo que vincule enfermedades con la radiación de antenas", aseguró.
En el mismo sentido, Roberto Breslin, jefe de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Católica de Salta, citó un estudio de Suecia del 2016 que utilizó para afirmar: "No hay estudios que relacionen las RNI con casos de cáncer o leucemia. Sí se puede relacionar a trastornos del sueño o cambios en el cerebro, pero no son concluyentes". Por las consecuencias cerebrales, le salió al cruce la concejal del Partido Obrero Cristina Foffani: "Que no sean concluyentes no quiere decir que no sean contundentes, no puede confirmar que no haya relación". A lo que el ingeniero asintió.
La concejal Socorro Villamayor recordó el caso de Gemes en el que, basándose en un "principio precautorio", el juez federal 1, Julio Bavio, amparado en las leyes ambientales, ordenó quitar y reubicar las antenas denunciadas por varios casos de cáncer. "No vaya a ser un efecto dominó", advirtió la concejal al mismo tiempo que le consultó al Enacom qué papel cumplió en ese hecho.
"No podemos bajar las persianas y frenar el desarrollo tecnológico por precaución", advirtió Suriani. Por su lado, el delegado del Enacom de Salta, Gustavo Iovino, aseguró que el organismo participó de una audiencia pública con el Concejo Deliberante donde aconsejaron modificar la normativa. "Aprobaron pequeños cambios y priorizaron las operadores de FM y televisión que tienen 200 vatios más que las antenas de telefonía. Lo hicieron para que los periodistas no les peguen", cuestionó.
En representación del municipio estuvo Martín Gemes, secretario de Modernización municipal. En el mismo sentido que la concejal Arroyo, planteó la posibilidad de que las empresas retribuyeran de alguna manera a la comunidad por el uso del espacio público. "Podría ser wifi público", analizó el funcionario. También pidió que el municipio participe de las mediciones de radiaciones que hace el Enacom.
De parte de las empresas, estuvieron Susana Menéndez de Telecom y Enrique Gómez de Movistar. "Nuestro plan prevé 25 antenas para el 2018, con esta ordenanza no podemos poner ni una", aseguró Menéndez, también recalcó que los 150 millones de pesos de inversión "peligran si no hay cambios en la norma". El representante de Movistar reconoció que el 4G de la empresa es deficiente y también pidió cambios en la norma. "Compartimos las antenas en los casos que podemos", indicó.
Multaron a Claro
La jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Undécima Nominación, María Fernanda Aré Wayar, condenó a Claro con una multa de $10.000 con sus intereses; más $50.000. También ordenó que los términos y condiciones del servicio sean informados a través de mensajes de texto.
La persona que denunció a la empresa era cliente desde el 2012. En noviembre de 2013, sin su consentimiento ni previa notificación, le cambiaron el plan de abono. Volvió a hacer lo mismo en el 2014, y así sumó seis actualizaciones sin la posibilidad de poder dar de baja al servicio, además de advertirle que tendría penalidades económicas si rescindía el contrato.