Unos 3.000 obreros perdieron sus empleos en lo que va del año en la provincia, según dio a conocer a El Tribuno Rubén Aguilar, secretario general de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción). Alrededor de 1.800 trabajadores -detalló el dirigente gremial- quedaron sin trabajo por la paralización de las obras que coordina el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Lo mismo ocurrió con más de 1.000 personas que estaban en proyectos de construcción de complejos habitacionales, también suspendidos o ralentizados, en la parte privada.
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Unos 3.000 obreros perdieron sus empleos en lo que va del año en la provincia, según dio a conocer a El Tribuno Rubén Aguilar, secretario general de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción). Alrededor de 1.800 trabajadores -detalló el dirigente gremial- quedaron sin trabajo por la paralización de las obras que coordina el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Lo mismo ocurrió con más de 1.000 personas que estaban en proyectos de construcción de complejos habitacionales, también suspendidos o ralentizados, en la parte privada.
La cifra coincide con el sombrío panorama que dejó el último informe del Indec sobre los indicadores socieconómicos del país, en el que se observa que durante el primer trimestre de este año 5.000 salteños se sumaron a las filas del desempleo, comparado con el mismo período del año pasado. En total suman 25 mil los desocupados en la capital de Salta y municipios colindantes, de acuerdo a los datos del organismo nacional.
Durante 2017 la construcción fue una de las actividades más importantes en generación de empleo en la provincia, pero en estos meses ya se perdió todo ese logro y hubo un retroceso a los niveles laborales de 2016. Así lo indicó Aguilar, y aclaró que los números que maneja surgen de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) también ratifica la regresión, de dos años, en la creación de puestos trabajo en Salta. Un reciente estudio de esa institución da cuenta de que en abril pasado, última información disponible, había 7.770 trabajadores registrados en la actividad, un 4,6% menos que en el mismo mes de 2017. Si se compara con los índices de 2016, la cantidad de empleo es prácticamente igual.
Entre enero y abril de este año la caída en los puestos de trabajo acumulada es del 2,4%, según el Ieric.
La paralización de la construcción en la parte pública se explica por el congelamiento, por parte del Gobierno nacional del valor del metro cuadrado de la edificación de una vivienda social, que quedó estancado en abril de 2016.
"Debido a que Nación todavía no pagó las actualizaciones de precios y las empresas cobran a valor 2016, los ritmos de obras se vieron disminuidos. Por el contexto inflacionario del país es casi insostenible cumplir en tiempo con los planes de trabajo”, dijo a este diario el titular del IPV, Sergio Zorpudes.
El secretario general de la Uocra, en tanto, señaló que son 1.461 construcciones de viviendas del IPV las que están paralizadas tanto en Salta capital, como es el caso del complejo Pereyra Rozas, como en otras localidades de la provincia.
En el sector privado, que es el que más empleo genera en la construcción, la drástica suba de las tasas de los créditos hipotecarios, más la devaluación del peso y la consecuente inflación, que mencionó Zorpudes, provocó un cóctel nefasto para las inversiones en ladrillos.
Se paralizaron prácticamente todos los proyectos de edificios de altura y quienes habían obtenido una ayuda bancaria para construir una casa no llegan a cubrir el costo de la obra con ese préstamo, por el incremento en los precios de los insumos y la mano de obra.
“Los créditos bancarios que se otorgaron para viviendas, como el Procrear, ahora apenas pueden cubrir el 60% del proyecto de construcción, porque los precios se fueron por las nubes”, dijo Aguilar.
De acuerdo al Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa), el costo de la construcción se incrementó casi un 9% en los cuatros primeros meses de este año.
Otra preocupación del sindicalista, que también comparte la Cámara Salteña de la Construcción, es que no se presentaron proyectos para nuevas urbanizaciones por parte del Estado, además de las 3.700 viviendas del IPV que están en carpeta.