La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, se encuentra en Buenos Aires y en el sector rural existen expectativas sobre una solución que destrabe, definitivamente un insólito conflicto. En enero, cuando el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, reclamó una medida de sorprendente: que 32 fincas de Salta suspendieran las tareas de adecuación autorizadas por la Provincia en 2014 y reforestaran todos los terrenos desmontados. Suena a ciencia ficción. Bergman y sus colaboradores reconocen que se trata de jurisdicción estrictamente provincial. Cosa que es cierta. Por eso, llamó la atención que la provincia acatara lo que se planteaba como "sugerencia", aunque perentoria y compulsiva. Casi seis meses después, y después de una evaluación acordada el 14 de mayo, el lunes se reunieron en Salta con la ministra el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, el funcionario de Agroindustria de la Nación, Rubén René Lucca, el secretario ambiental de la provincia, José Cornejo y otros funcionarios. A larga jornada de trabajo se sumó en un tramo el presidente de la Sociedad Rural de Salta, Lucas Elizalde.
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La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, se encuentra en Buenos Aires y en el sector rural existen expectativas sobre una solución que destrabe, definitivamente un insólito conflicto. En enero, cuando el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, reclamó una medida de sorprendente: que 32 fincas de Salta suspendieran las tareas de adecuación autorizadas por la Provincia en 2014 y reforestaran todos los terrenos desmontados. Suena a ciencia ficción. Bergman y sus colaboradores reconocen que se trata de jurisdicción estrictamente provincial. Cosa que es cierta. Por eso, llamó la atención que la provincia acatara lo que se planteaba como "sugerencia", aunque perentoria y compulsiva. Casi seis meses después, y después de una evaluación acordada el 14 de mayo, el lunes se reunieron en Salta con la ministra el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, el funcionario de Agroindustria de la Nación, Rubén René Lucca, el secretario ambiental de la provincia, José Cornejo y otros funcionarios. A larga jornada de trabajo se sumó en un tramo el presidente de la Sociedad Rural de Salta, Lucas Elizalde.
Hoy podría haber algún anuncio. A diferencia de lo que ocurría hace una semana, cuando se percibían los peores pronósticos, en el sector productivo hay atisbos de esperanza. Al parecer, todas las fincas inspeccionadas aprobaron la revisión; no habrá reforestaciones inviables, periodos o tres emprendimientos sufrirán una multa administrativa por problemas formales. Solo faltaría el humo blan co.
Entre tanto, todos se preguntan acerca de la seriedad de paralizar la actividad, por razones burocráticas, en una provincia donde uno de los problemas más acuciantes es el deterioro del empleo.
Ese dato, sumado a la crisis del Ingenio San Isidro, exteriorizan la ausencia de una ambiciosa estrategia de desarrollo productivo que, en Salta, solo puede ser vertebrado por el avance agroganadero de Anta, San Martín, Rivadavia y Orán, que a su vez debe reconvertirse hacia la agroindustria en todo el territorio.
Todos estos desencuentros son atribuibles a las "noticias falsas" que instalan Greenpeace y el fundamentalismo ecológico, desprestigian a la provincia e inhiben la voluntad política por el desarrollo.
La realidad es que ya antes de la Ley de Bosques y del Ordenamiento Territorial, que están en la base del conflicto presente, Salta tenía una normativa severa que sigue regulando la actividad agrogana dera.
La Ley 7070 fue una de la primeras normas en el país que establecía un régimen de conservación basado en la calidad del suelo, las pendientes y las escorrantías. El productor solo puede desmontar el 70% del predio y en la parte cultivable, trazar cortinas forestales de 300, 200 y 100 metros según su ubicación, que frenan los vientos y sirven como corredor biológico para la fauna. Las depredaciones forestales que preocupan a los organismos internacionales solo se producen en áreas descontroladas, donde se desarrollan desmontes ilegales, y en las zonas donde prevalece la economía de subsistencia, con ganadería sin manejo.