Aunque el proyecto de ley para la designación de jueces con competencia exclusivamente penal en la Justicia Federal no está terminado, ayer se supo que en la provincia de Salta se designarían al menos dos magistrados que trabajarían en los juzgados federales de Orán y de Tartagal.
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Aunque el proyecto de ley para la designación de jueces con competencia exclusivamente penal en la Justicia Federal no está terminado, ayer se supo que en la provincia de Salta se designarían al menos dos magistrados que trabajarían en los juzgados federales de Orán y de Tartagal.
El proyecto de ley que el Gobierno nacional prevé enviar al Congreso para habilitar la designación de los jueces federales penales aún no está terminado. En el caso de las provincias del noroeste y noreste, las definiciones deberán incluir las diferencias o características especiales de las zonas calientes para el narcotráfico.
"La idea del proyecto es que los secretarios penales ahora tengan un juez que se ocupe exclusivamente de esas causas, mientras que otro juez quede a cargo del resto de expedientes que son de otro fuero", explicó una fuente del Ministerio de Justicia de la Nación.
Así las funciones de los magistrados se dividirían, pero resta definir qué sucederá con el personal, ya que la ley no prevería nombramientos de más empleados.
Volumen y trabajo
Para la Justicia Federal en Salta podría significar un cambio que separe la tarea voluminosa del trabajo más intenso.
El caso del Juzgado Federal de Orán muestra una pauta. Desde enero hasta este mes, a las oficinas que están a cargo del juez Gustavo Montoya ingresaron 1.055 causas, de las cuales 205 son penales (narcotráfico, tráfico de divisas, trata de personas, etc.) y las 850 restantes son del denominado "multifuero" (civil, comercial, contencioso administrativo, tributario, previsional y laboral), de las cuales la mayoría son ejecuciones fiscales de la DGI, explicó ayer a El Tribuno el juez Montoya. "Nosotros tenemos un trabajo voluminoso, pero la prioridad son las causas con presos, y esas todas son penales", remarcó.
"El trabajo voluminoso son las ejecuciones de la DGI que utiliza a la Justicia como una espada de Damócles para cobrar impuestos a los contribuyentes que no cumplen con la obligación, y que son la mayoría de los 850 expedientes que se iniciaron desde enero a la fecha. Aquí el índice de litigiosidad lo mueve o genera la DGI", remarcó.
El Gobierno propone una comisión interpoderes contra el narcotráfico
Nada está definido, solo que el Gobierno nacional quiere tomar la iniciativa para reconstruir lazos con la oposición política “razonable” y con el Poder Judicial. Para eso apelará a una de las banderas que nadie objeta: la lucha contra el narcotráfico. El próximo lunes, el presidente Mauricio Macri quiere reunir a gobernadores y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo que se denominó la jornada “Argentina sin narcotráfico”.
Pero la reunión le servirá para mucho más que para eso. Después del veto presidencial a la ley contra el aumento de tarifas, la ley del aborto y el sacudón económico con el pedido de auxilio al FMI, el Ejecutivo quiere restablecer el vínculo con la mirada puesta en el Presupuesto 2019 y el ajuste que deberá conllevar la próxima ley de leyes.
El proyecto
La convocatoria puntual es acordar con la Justicia, los gobernadores -oficialistas y opositores- y legisladores un trabajo coordinado para enfrentar el flagelo del tráfico de drogas en el país.
La cita es el próximo lunes, a las 14.30, en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires, según una fuente del Ministerio de Justicia de la Nación.
Allí, Macri espera recibir al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a otros miembros del máximo tribunal y a jueces federales (esperan a unos 50 magistrados), entre ellos Ismael Manfrín, quien integró el tribunal que condenó a la banda Los Monos y cuya vivienda fue baleada. Con él buscará un símbolo de la lucha contra el crimen organizado.
También estará el procurador interino Eduardo Casal y ya comprometieron la presencia mandatarios de Cambiemos, como la bonaerense María Eugenia Vidal. El Gobierno inició la gestiones con los gobernadores y legisladores opositores.
Habrá acuerdos y mesas de trabajo.
El Presidente anunciará un proyecto de ley para aumentar la cantidad de jueces y fiscales en los lugares más críticos, como Rosario y ciudades del noroeste y nordeste. En estos días se cerrarán los últimos detalles con los integrantes de la Corte para la presentación de una comisión interpoderes, con los ministerios de Justicia y Seguridad por parte del Poder Ejecutivo.
La idea, según una fuente del Ministerio de Justicia que habló con El Tribuno, es “que haya un claro mensaje de que se combate al narcotráfico con jueces con competencia sobre el tema criminal específicamente”.
La designación de jueces penales permitirá, además, “descomprimir el trabajo que hoy tienen los magistrados que reciben, además de causas penales, las de otros fueros como lo administrativo y civil”, añadió.
En lo fáctico, la iniciativa -que una vez consensuada debe pasar por el Congreso- implicará una división de las competencias dentro de cada juzgado en dos personas que tendrán el mismo rango. Sin embargo, en principio, no está previsto designar más personal dentro de cada juzgado.
“Es solo la creación de un cargo, ya que el costo de la ley es sin estructura”, agregó.
Romper la distancia
En el Gobierno ayer admitían que la reunión del lunes irá más allá de la lucha contra el narcotráfico.
Macri y todo su equipo político tienen como objetivo reconstruir las buenas relaciones sobre todo con el peronismo, trastocadas por varios hechos en el último tiempo.
La puja por la ley para poner tope a las tarifas y que fue vetada luego por el Presidente generó un quiebre con los peronistas “racionales”.
Las dificultades económicas y los primeros pasos del ajuste -nacional y provincial- que luego deberá profundizarse por las exigencias del FMI tampoco contribuyeron a que fluya el vínculo oficialismo-oposición.
Por ello, con la excusa de la reunión del lunes, el ala política del macrismo retomó en estos días los contactos con los gobernadores dialoguistas, con el senador Miguel Ángel Pichetto e incluso con Sergio Massa. Lo que se viene, la ley de Presupuesto 2019 y los recortes para reducir el abultado déficit fiscal, así lo demandan.