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“La lucha contra los femicidios no es responsabilidad única del Estado” 

Entrevista con Jéssica Braver, Oficial de Coordinación de la ONU Argentina.
Jueves, 12 de julio de 2018 23:09

En el Polo Integral de las Mujeres (República de Siria 611), ayer se dio a conocer el proyecto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) implementará en Argentina para combatir los femicidios. El plan, denominado Spotlight, fue presentado por la oficial de Coordinación ONU Argentina, Jéssica Braver, quien, en diálogo con El Tribuno, detalló los alcances del programa.

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En el Polo Integral de las Mujeres (República de Siria 611), ayer se dio a conocer el proyecto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) implementará en Argentina para combatir los femicidios. El plan, denominado Spotlight, fue presentado por la oficial de Coordinación ONU Argentina, Jéssica Braver, quien, en diálogo con El Tribuno, detalló los alcances del programa.

¿En qué consiste el programa que implementará la ONU?

Es una iniciativa global, con fondos de la Unión Europea, que va a estar presente en cinco regiones del mundo. En América Latina, el objetivo del programa es la reducción del femicidio, tanto para Argentina como para los otros cuatro países que han resultado seleccionados para recibir fondos de cooperación técnica, que son El Salvador, Honduras, Guatemala y México. En Argentina, en particular, fueron dos cosas las que llevaron a su elección, una es, obviamente, las tasas de femicidio que existen y otra es la institucionalidad del país y lo que ya se avanzó sobre el tema, porque la idea es construir sobre políticas públicas y legislación en países que tengan algo de avance, para poder mostrar en el corto plazo resultados concretos, porque es un programa que va a durar cuatro años.

¿Qué acciones se implementarán en concreto para reducir los femicidios?

Hay seis grandes pilares. Uno tiene que ver con el fortalecimiento o adaptación de la legislación local acorde al marco normativo internacional, por ejemplo, con lo que dispone el Cedaw (comité de la ONU para la eliminación de la discriminación contra la mujer) o la Convención de Belem do Para (Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer). Otra línea es el fortalecimiento institucional en el enfoque de capacidades, que es algo transversal. El tercero tiene que ver con prevención, que será un pilar muy fuerte en la iniciativa para Argentina, la prevención desde la educación formal y no formal, tanto a través de la implementación de la ley sexual y reproductiva, campañas en las escuelas y otros espacios. Un cuarto punto será fortalecer los servicios hacia la mujer, que tiene que ver con la ruta crítica de la mujer víctima, para que no vuelva a caer en la violencia con el agresor. La quinta pata es el mejoramiento de las estadísticas sobre la violencia contra la mujer. Y el sexto será el fortalecimiento específico de los agentes de la sociedad civil.

Los países seleccionados para implementar el programa tienen en común que gran parte de sus poblaciones son pobres. Entonces, ¿cuál es la relación entre la pobreza y los casos de femicidio?

Hay muchas mujeres que están en lo que es la economía informal y no pueden salir del circuito de la violencia porque no tienen autonomía económica o porque tienen un trabajo informal que está muy mal remunerado, entonces los casos de femicidio se dan mayormente en núcleos de pobreza, lamentablemente. Muchas mujeres, en el caso de Salta y Jujuy, están en ámbitos rurales o indígenas, donde falta acceso a información de cuáles son sus derechos y esto hace que estén en situaciones de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, este programa también tiene una línea de empoderamiento económico de la mujer. 

Otro de los flagelos que tenemos en Salta es la inequidad laboral que existe hacia las mujeres, ¿cómo se va a trabajar con respecto a eso?

En lo vinculado al mundo laboral, una de las agencias participantes en el programa es la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tiene un componente fuerte de gobernanza con el ámbito laboral público, el sector privado y los sindicatos. Ahí va a haber una línea de abordaje con la prevención de violencia en el ámbito laboral y no únicamente en cuanto a la violencia doméstica privada sino también institucional. A ello se suma todo lo que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres y en la parte legislativa insistiremos en el cuidado de licencias laborales. Si logramos eso pueden haber muchos cambios en el ámbito laboral, de acceso a empleo para mujeres y que no las discriminen porque, por ejemplo, es una potencial mamá.

¿Cuál es papel que tienen que tener las administraciones públicas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres?

Estas líneas de trabajo o de apoyo entre la ONU y la Unión Europea surgieron de consultas que hicimos con los tres poderes del Estado. Ya hay un rol importante al tener la voz de esos estamentos. También surge de la sociedad civil, que fueron consultados, que son movimientos de mujeres y organizaciones que sufren múltiples tipos de discriminación, en esa parte hay un rol importante de participación en la iniciativa y en la implementación. En ese sentido, creo que no es responsabilidad únicamente del Estado actuar en este tema sino de la sociedad en su conjunto.

¿Cuál es la posición de la ONU con respecto al debate sobre la despenalización del aborto?

No hay una posición única. Celebramos que se debata, que sea un tema transversal al partido político o a una ideología, pero sí fortalecemos lo que tiene que ver con el enfoque de derechos y con lo que está establecido en las convenciones como en los protocolos de órganos de tratados que bregan por el derecho a la elección.

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