El caso argentino de los "cuadernos de las coimas" aún está lejos de los relieves que alcanzaron el Mani Pulite (Manos Limpias) italiano y el Lava Jato (Autolavado) brasileño, pero los tres expedientes tienen en común a entramados de corrupción político empresaria destapados con elementos de prueba contundentes.
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El caso argentino de los "cuadernos de las coimas" aún está lejos de los relieves que alcanzaron el Mani Pulite (Manos Limpias) italiano y el Lava Jato (Autolavado) brasileño, pero los tres expedientes tienen en común a entramados de corrupción político empresaria destapados con elementos de prueba contundentes.
Los mecanismos de sobornos, los esquemas de financiamiento político con dinero sucio, las licitaciones direccionadas, las obras con sobreprecios, los retornos con facturas truchas y los lavados de dinero con sociedades opacas (cuentas offshore) parecen una copia.
En el mismo espejo también se reflejan las defensas de los empresarios que se presentaron ante el juez Claudio Bonadio como supuestas víctimas de "aprietes" y de los funcionarios que se manifestaron como meros recolectores de "aportes voluntarios" de campaña, para zafar de las pesadas condenas por asociación ilícita.
La delación premiada aparece como herramienta clave, más o menos perfeccionada, en las instrucciones penales.
"Arrepentidos"
La causa de los cuadernos, como ocurrió en Italia en 1993 y en Brasil en 2014, ya tiene encuadrados en la figura del imputado colaborador a varios empresarios. Además de Oscar Centeno, el chofer salteño que detalló en ocho cuadernos los derroteros de las coimas repartidas con su auto, están aceptados como "arrepentidos" Armando Loson (presidente del Grupo Albanesi); Angelo Calcaterra (extitular de la constructora Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri); Javier Sánchez Caballero (exdirectivo de Iecsa); Héctor Sabaleta (exejecutivo de Techint); Juan de Goycochea (extitular de la empresa española Isolux) y Carlos Wagner (dueño de la firma Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción).
Rodolfo Poblete (del Grupo Romero) y Jorge Neira (de Electroingeniería) esperan que se homologuen los acuerdos que presentaron sus abogados.
Por el momento, en la fila de empresarios "arrepentidos" solo se evidencian estrategias tendientes a evitar el encarcelamiento, pero no intenciones de ayudar a la Justicia a conocer los alcances amplios de la trama de corrupción que enriqueció por igual a funcionarios, empresarios, dirigentes gremiales y jueces inclusive. En este punto, la patética figura de Norberto Oyarbide, exjuez que admitió haber favorecido a Néstor y Cristina Kirchner con un sobreseimiento cómplice, contrasta con la de los magistrados que llevaron adelante los históricos procesos judiciales en Italia y Brasil. Ellos, por cierto, no estuvieron exentos de presiones como la que Oyarbide, titular de una inmerecida jubilación de $176.000 mensuales, esgrimió como excusa de su confeso prevaricato.
Bonadio, otro juez cuestionado, tampoco se parece a Sergio Moro (el magistrado que encabezó el Lava Jato), a Antonio Di Pietro (el procurador de la operación Mani Pulite) ni a Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, los magistrados antimafia que abrieron camino a la purga italiana y fueron asesinados en mayo y julio de 1992.
Oyarbide y Bonadio son dos de los jueces de la famosa servilleta en la que el exministro Carlos Corach le apuntó a Domingo Cavallo, en 1996, los nombres de los magistrados que respondían a los deseos del expresidente Carlos Menem.
Bonadio tiene puesto hoy el rótulo de "enemigo del kirchnerismo", pero no siempre fue así. En 2011 sobreseyó con un controvertido fallo a tres secretarios de Cristina Kirchner acusados de enriquecimiento ilícito. Años después se confirmó que uno de ellos, Daniel Muñoz, era el titular de sociedades offshore descubiertas en el caso de los Panamá Papers. Tras el sobreseimiento dictado por Bonadio, su secretaria, Alicia Vence, fue promovida a jueza federal de San Martín.
Diez años de retornos detallados en ocho cuadernos
Con menos los jueces del Mani Pulite y el Lava Jato llegaron a 1.433 condenas.
A diferencia de lo que ocurrió con las operaciones Mani Pulite y Lava Jato, en las copias de los ocho cuadernos que Centeno llenó de anotaciones, el fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio encontraron detallados diez años de coimas que no tardaron en corroborarse con medidas de prueba básicas.
En Italia, todo empezó casi por casualidad, el 17 de febrero de 1992. Ese día Mario Chiesa, dirigente socialista de Milán, fue sorprendido por tres carabineros mientras cobraba una coima en su despacho. El empresario que le entregó los 7 millones de liras -la mitad del 10% exigido a cambio de una concesión valuada en 140 millones de liras- había denunciado al funcionario ante el procurador de Milán, Antonio Di Pietro, y colaboró para que fuera pescado con los billetes en la mano.
Tras el arresto, Chiesa confesó que los sobornos estaban establecidos en la obra pública de todo el país, y ese fue el punto de partida de la purga que terminó con 438 políticos y 872 empresarios condenados, incluidos cuatro primeros exministros identificados con distintas fuerzas políticas de la península.
En Brasil
La operación que destapó el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, también surgió de una simple requisa realizada en una estación de servicio de Curitiba, en busca del cambista Alberto Youssef. Esa y otras gasolineras tenían lavaderos de autos (Lava Jato) que se usaban como pantalla para lavar dinero. Durante el allanamiento llamó la atención de los policías que Youssef comprara un automóvil de alta gama para Paulo Roberto Costa, exfuncionario que se había desempeñado como director de Abastecimiento de la petrolera estatal Petrobras entre 2004 y 2012. Así, con poco, arrancó la operación Lava Jato.
En cuatro años de intensas actuaciones judiciales se dictaron sentencias contra 123 políticos y empresarios. El fisco brasileño hasta la semana pasada recuperó 655 millones de dólares. Entre los condenados resaltan el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y los extitulares de grandes constructoras de Brasil, como Odebrecht (Marcelo Odebrecht) y OAS (Leo Pinheiro). El proceso también llevó a la destitución de la expresidenta Dilma Roussef y convirtió a Michel Temer -ahora investigado también por sobornos- en el presidente más impopular de la historia reciente.
¿Tendrán la Justicia, los demás poderes del Estado y la sociedad argentina talla suficiente para ejecutar, acompañar y exigir purgas semejantes?