Las provincias están dispuestas a colaborar en la reducción del déficit global, como pide la administración nacional, y también a consensuar un presupuesto 2019 que "atienda las urgencias de todos sin romper el equilibrio". Sin embargo, ponen una condición: que el Presupuesto no sea un articulado de descalabros para los sectores de menores ingresos.
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Las provincias están dispuestas a colaborar en la reducción del déficit global, como pide la administración nacional, y también a consensuar un presupuesto 2019 que "atienda las urgencias de todos sin romper el equilibrio". Sin embargo, ponen una condición: que el Presupuesto no sea un articulado de descalabros para los sectores de menores ingresos.
Ese fue el tenor de la reunión de ayer por la Casa de Salta, entre los ministros de Hacienda provinciales y el secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena, el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, y el subsecretario Paulino Caballero. "Tenemos que alcanzar un acuerdo para tener Presupuesto y poder llegar a la meta de déficit de 1,3% en 2019 y el equilibrio en 2020. Tenemos que ir por el lado del gasto, que en los últimos 70 años fue la piedra que nos empantanó", dijo Caldarelli a la agencia Noticias Argentinas.
Diálogo de ida y vuelta
De entrada, las posiciones parecían inconciliables. Los funcionarios nacionales insistieron con la necesidad de que las provincias hagan todos los recortes que sean necesarios hasta llegar a los cien mil millones de pesos en 2019.
Luego, los ministros provinciales formularon un planteo que introdujo un cambio en la agenda: no pueden pedir a las provincias que se hagan responsables de un presupuesto nacional insostenible para los sectores de menores ingresos.
El jefe de Gabinete de Salta, Fernando Yarade, secretario ejecutivo del Consejo de Responsabilidad Fiscal, y el ministro Emiliano Estrada fueron los anfitriones de los funcionarios nacionales y los representantes de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, provincias en las que no gobierna Cambiemos.
La advertencia de que la profundidad del ajuste que se pide pone en juego el Presupuesto dio lugar a una serie de propuestas que permitirían barajar y dar de nuevo.
El fondo sojero es pasado
Cualquier modificación al Consenso Fiscal quedó descartada, porque "sería un muy mal mensaje para el mundo", según fundamentó Rodrigo Pena. Al mismo tiempo, se da como un hecho la eliminación del fondo solidario de la soja.
Pero las provincias creen que hay recursos aplicables y eficientes que permitirían optimizar la recaudación, "sin agrandar la presión fiscal y poniendo un paraguas a las economías familiares de los sectores de menores ingresos", según explicaron los salteños.
Estrada precisó: "Hay medidas posibles que hemos planteado para maximizar ingresos y los funcionarios nacionales se comprometieron a trasladarlas a lo ministros para su análisis". Yarade, por su parte, reiteró: "Esta reunión es una prueba de que hay voluntad de actuar coordinadamente, de dar el respaldo institucional al Gobierno nacional y de hacer todo el esfuerzo para que haya una ley de Presupuesto y vayamos para adelante".
Un recurso posible
Los ministros provinciales propusieron que la AFIP ajuste los controles sobre el impuesto a los bienes personales, dado que muchos contribuyentes subvalúan sus declaraciones; y también incrementar la afectación del impuesto a las ganancias para sectores que hoy no tributan.
Esto último está relacionado con, por ejemplo, sociedades de fideicomisos del exterior que no pagan impuestos en la Argentina; también se pidió mejorar los controles para las importaciones que provienen de supuestas "zonas francas".
Los ministros le solicitaron al Gobierno que cumpla lo previsto en el Consenso Fiscal, que preveía crear un organismo federal que determine procedimientos y metodologías de aplicación para la revaluación de los inmuebles, en línea con los valores de mercado.
Un límite innegociable
Las provincias ya han hecho un esfuerzo por achicar el déficit, pero lo que ahora se les reclama exige avanzar sobre las áreas más vulnerables y afecta las finanzas de los municipios, erigidos en diques contra el desempleo. Además, según los cálculos que hacen los ministros de provincias, con la reducción de los recursos se llegaría a cien mil millones de ahorro, pero habría que sumar otros setenta mil millones por la suspensión de obras públicas.
Nueva ronda
La semana que viene habrá otra reunión que será crucial para la sanción del Presupuesto. Será la tercera, porque la primera se hizo hace una semana, en la misma sede salteña. Una de las propuestas que será negociada consiste en un crédito a 25.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para que las provincias destinen a obra pública. Otra de las propuestas de las provincias es recortar a cero los subsidios al transporte, que hoy alcanzan los 50.000 millones de pesos y de lo cual el 60% va a la zona metropolitana de Buenos Aires. Se descartó que los estados provinciales cedan 5% de la coparticipación del IVA para financiar la Anses.
Tampoco prosperó la sugerencia de suspender por un año la baja de impuestos locales como sellos e ingresos brutos, dispuesta en el Consenso Fiscal.