Desde 2017, Ramón Bogado Tula, juez de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, participó en las mesas que abordaron el anteproyecto de la ley que cambiará algunos aspectos sustanciales para los procesos que afrontan los adolescentes que cometen delitos.
Más allá de la polémica por la baja de la edad de imputabilidad, el magistrado dialogó con El Tribuno sobre otros puntos clave de la iniciativa, como alternativas para evitar “la institucionalización” de un menor.
¿Cómo analiza el proyecto de reforma de ley penal juvenil?
Le puedo decir que este proyecto es muy auspicioso en muchos sentidos, porque lo que contiene son prácticas que hablan de las alternativas al proceso y a la pena. Una serie de sanciones, si se quiere decir, que son alternativas a una pena de cumplimiento efectivo. Medidas socioeducativas, tareas comunitarias, incluso otras medidas morigeradas de coerción como arrestos domiciliarios, internaciones en institutos solo por el fin de semana. Me parece que esto debe ser valorado. Por otra parte, quiero dejar un claro mensaje. Lo que se busca es generar las condiciones para un círculo armonioso: actuar antes, llegar antes. Hacer comprender al joven que la comisión de un hecho delictivo es un hecho trascendente, que se responsabilice, que logre reflexionar y que se generen las condiciones para que puede reintegrarse y reinsertarse a la sociedad. En este proyecto de reforma del régimen penal juvenil federal se incluye en especial consideración una parte del proceso que merece a todas luces un reconocimiento: la figura de la víctima, muchas veces soslayada u olvidada. Yo como juez tengo bien claro que las estadísticas son importantes para poder diagnosticar y evaluar políticas de Estado. Pero en materia criminal, cada número representa a un ciudadano, con una familia, un hijo; eso es real y debe tenerse en cuenta. Lo que estamos buscando no es la venganza. Estamos buscando que se generen las condiciones para que no se cometan los delitos. Yo muchas veces actué en casos de suma gravedad. Estamos trabajando fuertemente, buscamos que los índices de delito y reincidencia bajen y, procurar con eso, contribuir a la paz social. Nosotros tenemos un porcentaje de procesos que no se inician en un delito de los más convencionales. Se inician por cuestiones de antagonismo barrial, por pertenecer un club deportivo, a una escuela distinta. Empiezan una pelea y muchas veces termina, con hechos graves o un joven muerto. Ahí hay que actuar.
¿Cómo se logra?
Hay que combatir la inequidad, es la realidad.
¿Cómo desde la Justicia se le puede pedir al Ejecutivo que lo haga? Cada vez son más jóvenes los que terminan en las cárceles...
Hay una cuestión puntual. Desde ya, el Poder Ejecutivo es el que cuenta con las herramientas para poder hacerlo, pero no solo hay que referirse a los estamentos institucionales. Ningún miembro de la sociedad puede mirar para otro lado. Aquí nuestra gran batalla es contra las drogas y el narcotráfico. Tenemos que actuar firmemente con eso. Dentro del universo de jóvenes sometidos a procesos, te hablo de mi juzgado, pero me permito afirmar que eso tiene su correlato en muchos juzgados de la provincia de Buenos Aires y de otras latitudes del país; la incidencia de la droga marca un punto a tener en cuenta. El avance de este flagelo lo debemos combatir entre todos. Desde el Poder Judicial tenemos que hacer nuestra parte y coayudar, por eso es importante actuar mancomunadamente. Los argentinos nos vimos enfrentando un montón de desafíos a lo largo de nuestra existencia. Cuando hemos actuado unidos, siempre salimos adelantes. Yo creo que va para ese lado. Lo que tiene que quedar claro es que somos servidores públicos. Trabajamos por y para la gente, y quienes integramos el Poder Judicial somos parte de la sociedad. Compartimos anhelos, alegrías, tristezas, dolores, problemas.
Qué tratamiento tienen los padres en este tema, ¿hay alguna responsabilidad judicial?
Hay una cuestión puntual que genera también una reflexión. La gran mayoría de los jóvenes sometidos a procesos proviene de sectores de alta vulneración. No me gusta hablar de pobres, siempre hablo de humildes. Todos los que hemos venido desde abajo sabemos que la inmensa mayoría del pueblo argentino, los humildes sobre todo, son la parte más trascendente de la sociedad. ¿Qué pasa? Muchas veces hay sectores con extremas necesidades y vulnerabilidad, y estos jóvenes no tienen ni siquiera la contención de su núcleo familiar más cercano. Por eso hay que combatir la inequidad, con la presencia del Estado. Primero haciéndoles saber que son importantes para la sociedad y después poder coayudar para que esas familias puedan obtener algún tipo de orientación. No estoy hablando de una ayuda meramente pecuniaria, sino hay que darles oportunidades. Muchos de estos chicos que han aprendido talleres, oficios y terminar su escolaridad, han encontrado un camino, una salida. En eso tenemos que trabajar.
¿El Estado podrá garantizar estas alternativas para evitar la institucionalización?
En eso trabajamos. En lo personal, yo creo que hay distintas líneas de acción. La incorporación de conocimientos para que ese joven tenga alternativas, sino estamos hablando de un mero eufemismo. Desde ya que este es un anteproyecto que aún no ha sido elevado al Poder Legislativo a nivel federal, pero va a generar un arduo debate. Siempre es muy importante que una legislación, que tenga objetivos elevados, esté obviamente acompañada de un adecuado financiamiento, con partidas presupuestarias que puedan asegurar y desarrollar este tipo de actividades.
En Salta se creará un registro de antecedentes penales para menores. ¿A nivel nacional también? Es un tema polémico...
Cuando hablamos del registro de antecedentes obviamente es un tema muy sensible. Yo le voy a contar mi experiencia en la provincia. Cuando una persona comete un delito, luego se sustancia un proceso y es condenada, se establece específicamente que se debe comunicar este pronunciamiento a los organismos pertinentes. La Corte de Buenos Aires estableció que no podía comuinicarse a los registros de reincidencia el tema de las sentencias para ser publicados en un registro. Este proyecto de ley de la Nación lo que establece es que haya un registro, pero éste solamente puede ser consultado a los fines jurisdiccionales, no puede ser publicado porque hay un principio de reserva. Eso está claro en relación a la identidad y los datos personales.
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Desde 2017, Ramón Bogado Tula, juez de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, participó en las mesas que abordaron el anteproyecto de la ley que cambiará algunos aspectos sustanciales para los procesos que afrontan los adolescentes que cometen delitos.
Más allá de la polémica por la baja de la edad de imputabilidad, el magistrado dialogó con El Tribuno sobre otros puntos clave de la iniciativa, como alternativas para evitar “la institucionalización” de un menor.
¿Cómo analiza el proyecto de reforma de ley penal juvenil?
Le puedo decir que este proyecto es muy auspicioso en muchos sentidos, porque lo que contiene son prácticas que hablan de las alternativas al proceso y a la pena. Una serie de sanciones, si se quiere decir, que son alternativas a una pena de cumplimiento efectivo. Medidas socioeducativas, tareas comunitarias, incluso otras medidas morigeradas de coerción como arrestos domiciliarios, internaciones en institutos solo por el fin de semana. Me parece que esto debe ser valorado. Por otra parte, quiero dejar un claro mensaje. Lo que se busca es generar las condiciones para un círculo armonioso: actuar antes, llegar antes. Hacer comprender al joven que la comisión de un hecho delictivo es un hecho trascendente, que se responsabilice, que logre reflexionar y que se generen las condiciones para que puede reintegrarse y reinsertarse a la sociedad. En este proyecto de reforma del régimen penal juvenil federal se incluye en especial consideración una parte del proceso que merece a todas luces un reconocimiento: la figura de la víctima, muchas veces soslayada u olvidada. Yo como juez tengo bien claro que las estadísticas son importantes para poder diagnosticar y evaluar políticas de Estado. Pero en materia criminal, cada número representa a un ciudadano, con una familia, un hijo; eso es real y debe tenerse en cuenta. Lo que estamos buscando no es la venganza. Estamos buscando que se generen las condiciones para que no se cometan los delitos. Yo muchas veces actué en casos de suma gravedad. Estamos trabajando fuertemente, buscamos que los índices de delito y reincidencia bajen y, procurar con eso, contribuir a la paz social. Nosotros tenemos un porcentaje de procesos que no se inician en un delito de los más convencionales. Se inician por cuestiones de antagonismo barrial, por pertenecer un club deportivo, a una escuela distinta. Empiezan una pelea y muchas veces termina, con hechos graves o un joven muerto. Ahí hay que actuar.
¿Cómo se logra?
Hay que combatir la inequidad, es la realidad.
¿Cómo desde la Justicia se le puede pedir al Ejecutivo que lo haga? Cada vez son más jóvenes los que terminan en las cárceles...
Hay una cuestión puntual. Desde ya, el Poder Ejecutivo es el que cuenta con las herramientas para poder hacerlo, pero no solo hay que referirse a los estamentos institucionales. Ningún miembro de la sociedad puede mirar para otro lado. Aquí nuestra gran batalla es contra las drogas y el narcotráfico. Tenemos que actuar firmemente con eso. Dentro del universo de jóvenes sometidos a procesos, te hablo de mi juzgado, pero me permito afirmar que eso tiene su correlato en muchos juzgados de la provincia de Buenos Aires y de otras latitudes del país; la incidencia de la droga marca un punto a tener en cuenta. El avance de este flagelo lo debemos combatir entre todos. Desde el Poder Judicial tenemos que hacer nuestra parte y coayudar, por eso es importante actuar mancomunadamente. Los argentinos nos vimos enfrentando un montón de desafíos a lo largo de nuestra existencia. Cuando hemos actuado unidos, siempre salimos adelantes. Yo creo que va para ese lado. Lo que tiene que quedar claro es que somos servidores públicos. Trabajamos por y para la gente, y quienes integramos el Poder Judicial somos parte de la sociedad. Compartimos anhelos, alegrías, tristezas, dolores, problemas.
Qué tratamiento tienen los padres en este tema, ¿hay alguna responsabilidad judicial?
Hay una cuestión puntual que genera también una reflexión. La gran mayoría de los jóvenes sometidos a procesos proviene de sectores de alta vulneración. No me gusta hablar de pobres, siempre hablo de humildes. Todos los que hemos venido desde abajo sabemos que la inmensa mayoría del pueblo argentino, los humildes sobre todo, son la parte más trascendente de la sociedad. ¿Qué pasa? Muchas veces hay sectores con extremas necesidades y vulnerabilidad, y estos jóvenes no tienen ni siquiera la contención de su núcleo familiar más cercano. Por eso hay que combatir la inequidad, con la presencia del Estado. Primero haciéndoles saber que son importantes para la sociedad y después poder coayudar para que esas familias puedan obtener algún tipo de orientación. No estoy hablando de una ayuda meramente pecuniaria, sino hay que darles oportunidades. Muchos de estos chicos que han aprendido talleres, oficios y terminar su escolaridad, han encontrado un camino, una salida. En eso tenemos que trabajar.
¿El Estado podrá garantizar estas alternativas para evitar la institucionalización?
En eso trabajamos. En lo personal, yo creo que hay distintas líneas de acción. La incorporación de conocimientos para que ese joven tenga alternativas, sino estamos hablando de un mero eufemismo. Desde ya que este es un anteproyecto que aún no ha sido elevado al Poder Legislativo a nivel federal, pero va a generar un arduo debate. Siempre es muy importante que una legislación, que tenga objetivos elevados, esté obviamente acompañada de un adecuado financiamiento, con partidas presupuestarias que puedan asegurar y desarrollar este tipo de actividades.
En Salta se creará un registro de antecedentes penales para menores. ¿A nivel nacional también? Es un tema polémico...
Cuando hablamos del registro de antecedentes obviamente es un tema muy sensible. Yo le voy a contar mi experiencia en la provincia. Cuando una persona comete un delito, luego se sustancia un proceso y es condenada, se establece específicamente que se debe comunicar este pronunciamiento a los organismos pertinentes. La Corte de Buenos Aires estableció que no podía comuinicarse a los registros de reincidencia el tema de las sentencias para ser publicados en un registro. Este proyecto de ley de la Nación lo que establece es que haya un registro, pero éste solamente puede ser consultado a los fines jurisdiccionales, no puede ser publicado porque hay un principio de reserva. Eso está claro en relación a la identidad y los datos personales.