El abogado Marcelo Britos Astigueta, que representa a más de 50 familias afectadas por la estafa con los terrenos en el loteo Benjamín Méndez (BM), realizó una presentación para denunciar irregularidades en los actos del administrador y solicitó su remoción.
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El abogado Marcelo Britos Astigueta, que representa a más de 50 familias afectadas por la estafa con los terrenos en el loteo Benjamín Méndez (BM), realizó una presentación para denunciar irregularidades en los actos del administrador y solicitó su remoción.
El pedido ingresó ayer al Juzgado de Concursos, Quiebras y Sociedades y pronto llevará el caso ante la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público.
Benjamín Méndez arruinó la vida de cientos de familias que le compraron lotes sin servicios básicos en la zona de Finca Valdivia.
Tras la muerte de Méndez, el juzgado Civil y Comercial de Onceava Nominación designó como administrador de la sucesión a su hijo Marcelo Raúl Méndez.
Elementos clave
Britos Astigueta indicó que el administrador incurrió en una conducta infiel y su presentación fue acompañada con documentación respaldatoria: una autorización, firmada en una escribanía, para que un martillero pueda vender más lotes. El documento data de fines del año pasado.
"Esos terrenos no pueden ser vendidos por el administrador, primero necesita una autorización judicial y nunca se la otorgaron. Usa la misma contratación o modus operandi que Benjamín Méndez para lesionar derechos de terceros", afirmó Britos Astigueta.
Desde 2009 Méndez (padre) empezó con estas operatorias, que dejaron un tendal de afectados que aún esperan una respuesta de la Justicia.
Un avance
El caso está desde hace varios años bajo jurisdicción del juez Pablo Muiños, pero en esta feria las familias tuvieron una primera acción concreta. El juez Claudio Fernández Viera hizo lugar a una medida cautelar presentada por otros letrados y dispuso la prohibición de la venta de lotes por el plazo de 30 días.
Britos Astigueta hizo notar que Marcelo Méndez autorizó a la comercialización de tierras a un martillero cuando las empresas en cuestión están en quiebra (Haendel, Wolsing, Ingeniero JFB Méndez y Sofía).
"De acuerdo a la ley civil necesita una autorización judicial y que se habilite una cuenta en un banco y que ahí se depositen esos fondos para que se pueda hacer una correcta administración y se empiecen a realizar las obras", agregó el abogado.
"Se está desnaturalizando el proceso sucesorio. Hay un vaciamiento del activo de la sucesión y van generando de manera concomitante nuevos acreedores. Al tener esta conducta infiel y fraudulenta, presentamos la documentación y pedimos la remoción del administrador con justa causa", remarcó el abogado, que representa a medio centenar de personas afectadas.
En diciembre de 2018, en la rendición anual quedó a la vista que el administrador de la sucesión, Raúl Méndez, percibió sueldos por $638.000 ($58.000 mensuales) desde enero hasta diciembre de 2018.
Su madre, Nora Punta, cobró sueldos por $424.000 ($27.000 mensuales) desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018.
Además, se abonaron sueldos por tareas administrativas, generales, de limpieza y seguridad a 34 trabajadores del loteo BM. Los recibos en negro, sin retenciones ni aportes de ley, ascendieron a $1.914.443 desde noviembre de 2017 hasta noviembre de 2018. Los datos los dio a conocer El Tribuno el pasado 6 de enero.
"Esos sueldos tienen que ser decretados por el juzgado, porque también restan al activo de la sucesión", apuntó Britos Astigueta.
También se pidió ante la Justicia auditorías contables para hacer un entrecruzamiento de datos para poder certificar el valor real de las deudas y todos los pasivos de la sucesión.
Por las condiciones en que viven, vecinos del loteo BM realizaron varias manifestaciones a fines del año pasado. Reclaman servicios básicos para poder llevar una vida digna.