El pasado 10 de enero, luego de que Nicolás Maduro asumiera por segunda vez la presidencia de Venezuela, el recientemente designado presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció que el poder legislativo venezolano no reconocería al “hijo de Chávez” como presidente. Dado que el proceso electoral mediante el cual éste había sido electo no podía considerarse democrático -señaló- la asunción del mando por parte de Maduro equivalía, en realidad, a una usurpación.
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El pasado 10 de enero, luego de que Nicolás Maduro asumiera por segunda vez la presidencia de Venezuela, el recientemente designado presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció que el poder legislativo venezolano no reconocería al “hijo de Chávez” como presidente. Dado que el proceso electoral mediante el cual éste había sido electo no podía considerarse democrático -señaló- la asunción del mando por parte de Maduro equivalía, en realidad, a una usurpación.
Frente a esta situación, agregó Guaidó, le correspondía a él, en su carácter de titular de la Asamblea, y en base a los artículos 232, 233 y 350 de la constitución, asumir como presidente encargado de la Nación y, desde esa posición, convocar a nuevas elecciones. El joven dirigente de Voluntad Popular se cuidó sin embargo de asumir formalmente en ese momento los atributos de la presidencia. En un confuso discurso, indicó que se juramentaría como titular del poder ejecutivo venezolano sólo cuando contara con el apoyo de la totalidad de los sectores de la sociedad venezolana, incluido el sector militar.
La mayoría de los observadores aplaudió en ese momento la muestra de cautela de Guaidó. De nada valía “asumir” la presidencia de la Nación si no se contaba con la fuerza necesaria para hacer efectiva esa decisión. La determinación por parte de la Asamblea de no reconocer a Maduro, sumada al anuncio de una clara hoja de ruta para la salida de la dictadura (fin de la “usurpación”, gobierno de transición y elecciones libres y democráticas), fue vista mayoritariamente como un avance, amén de una notable muestra de visión y madurez política por parte del dirigente de Voluntad Popular.
No obstante, menos de dos semanas después, en el marco de una de las manifestaciones populares más multitudinarias que hayan tenido lugar en Venezuela en los últimos años, Guaidó revertió sorpresivamente su postura. Frente a cientos de miles de personas, en un discurso que pasará a la historia del continente, el presidente de la Asamblea anunció que ese día asumía efectivamente las facultades de la presidencia de la Nación, por lo que, a partir de ese momento, se convertía en el jefe de estado interino de Venezuela.
La gran pregunta
En vista de que apenas trece días antes Guaidó había condicionado su juramentación al apoyo efectivo de los militares, vale la pena preguntarse: ¿Mantuvo Guaidó en ese lapso conversaciones con algún sector del estamento militar? ¿Consiguió el apoyo militar que necesitaba para asumir la presidencia?
Si se tiene en cuenta la reacción del alto mando militar luego de la juramentación de Guaidó, la respuesta a ambas preguntas parece ser negativa. Si bien el generalato tardó ligeramente en declarar su apoyo a Maduro, y cuando lo hizo incluyó en la proclama ciertos matices (tales como la necesidad de diálogo), la cúpula militar venezolana permanecía, hasta el momento de publicación de esta columna, firme y decididamente del lado del “usurpador”.
En cualquier caso, el audaz y sorpresivo gesto de Guaidó cambió dramáticamente el tablero político venezolano, generando por primera vez en muchos años la posibilidad real de desalojar del poder a Nicolás Maduro.
¿Cómo se explica el extraordinario huracán desatado en Venezuela por el presidente de la Asamblea en apenas dos semanas? Las claves del proceso abierto el pasado 10 de enero son difíciles de identificar, mucho menos de explicar. A pesar de ello, a primera vista, surgen dos grandes áreas o temas: el papel del apoyo internacional y el rol del pueblo venezolano.
El apoyo internacional
En primer lugar, es importante destacar la coordinación entre el anuncio de la juramentación de Guaidó y la expresión de apoyo de la comunidad internacional.
La Casa Blanca, seguida por el gobierno de Canadá y los gobiernos de los países del Grupo de Lima (del cual Argentina, Brasil, Colombia y Perú, entre otros, forman parte) reconocieron, en cuestión de horas (en el caso de EEUU, de minutos), a Guaidó como el nuevo presidente encargado de Venezuela. Como parte de la movida internacional, la Secretaría General de la OEA no sólo se sumó a ese reconocimiento sino que adelantó que reconocería como representante de Venezuela ante el organismo hemisférico a quien designara la Asamblea Nacional. La Unión Europea, inicialmente más cautelosa, se sumó pocos días después a la presión mediante la emisión de un comunicado en el que emplazó al gobierno de Maduro a convocar a elecciones en un plazo de ocho días, so pena de reconocer oficialmente a Guaidó como titular del poder ejecutivo.
A esta primera oleada internacional de apoyos, le siguió una batería de duras medidas anunciada por el gobierno de los Estados Unidos.
Al no reconocer a Maduro como presidente, el departamento de Estado hizo caso omiso de la orden de expulsión del país de los diplomáticos estadounidenses, acreditando simultáneamente como encargado de negocios venezolano ante los Estados Unidos al representante designado por la Asamblea.
Redoblando la apuesta, el departamento del Tesoro anunció pocos días después una serie de severísimas sanciones contra la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA, privando al líder bolivariano del manejo de las críticas divisas provenientes de la venta del petróleo en el mercado estadounidense (ocho de cada diez dólares que entran al país provienen de la venta de dicho recurso).
Unos días antes, desde el Consejo Permanente de la OEA, el secretario de Estado había anunciado el desembolso, por parte de los Estados Unidos, de un paquete de ayuda humanitaria de 20 millones de dólares, poniendo la responsabilidad por la administración y distribución del mismo en manos del presidente encargado Juan Guaidó. Dado que el gobierno bolivariano se ha negado antes a permitir el ingreso de ayuda humanitaria, el otorgamiento de la ayuda puso al régimen de Maduro en la difícil disyuntiva de permitirla, a riesgo de erosionar su autoridad, o reprimirla, a riesgo de desatar un alzamiento popular incontrolable.
El pueblo venezolano
La extraordinaria coyuntura creada en Venezuela como consecuencia de la juramentación de Guaidó no puede explicarse solamente por el rápido, coordinado y masivo apoyo de los actores internacionales a la causa venezolana. Detrás de la pasmosa aceleración de la crisis venezolana subyace, asimismo, el hartazgo, el padecimiento y el dolor e indignación contenidos de millones de venezolanos.
La reacción popular a los llamados de Guaidó tomaron por sorpresa al gobierno de Maduro, que no esperaba el despliegue espontaneo de millones de venezolanos no sólo en las distintas ciudades del país sino también en la mayoría de las capitales del mundo. Las jornadas de protesta convocadas por Guaidó para el 10 y el 23 de enero se convirtieron así en unas de las mayores expresiones mundiales de repudio al régimen bolivariano.
La actual situación en Venezuela, al decir del analista chileno Fernando Mires, puede ser descripta como la de un enfrentamiento entre dos grandes actores: el gobierno de Nicolás Maduro, por un lado, respaldado por los fusiles de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y la dirigencia opositora, por el otro, respaldada masivamente por la población, pero desarmada.
Como bien lo señala Mires, no se trata de un enfrentamiento ideológico, en el que se miden en el continente las fuerzas de la izquierda contra las de la derecha. Se trata, básicamente, de un enfrentamiento entre dos de las grandes nociones de la ciencia política: dictadura y democracia.
Así, la llave, la clave para la salida de la pinza conformada por la presión de la comunidad internacional, por un lado, y la presión ejercida, desde el llano, por los millones de venezolanos que padecen el hambre y las desastrosas condiciones de salud vigentes en el país, por el otro, la tienen –como es habitual en estos casos- los militares.
La salida pacífica de la crisis venezolana dependerá, por lo tanto, del efecto que estos dos factores ejerzan sobre los militares, así como de la percepción que éstos desarrollen sobre los cambios en la relación de fuerzas entre los distintos grupos de poder.
Al contrario de lo que suele suponerse, los militares venezolanos no conforman una unidad monolítica. Dejando de lado el generalato -que disfruta, naturalmente, de las prebendas del poder-, los estamentos subalternos de las fuerzas armadas están sometidos al mismo tipo de tensiones que padece la sociedad venezolana en su conjunto. Las peripecias de las familias venezolanas para conseguir alimentos o medicamentos básicos no son por lo tanto ajenas a los habitantes de los cuarteles.
Si se considera esta circunstancia, es lógico concluir que las fuerzas armadas venezolanas están ya, de hecho, fracturadas. Solo resta una coyuntura, una chispa, para que esa fractura se agrande y manifieste de manera irreparable.