Nuestra provincia arrastra una larga decadencia. Los indicadores sociales muestran la magnitud del desastre.
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Nuestra provincia arrastra una larga decadencia. Los indicadores sociales muestran la magnitud del desastre.
El economista Lucas Dapena proporciona los siguientes datos:
* Producto bruto geográfico per cápita = 8.000 dólares, la mitad de la media nacional.
* Índice de desarrollo humano ONU = 0,464, puesto número 21 sobre 24.
* Personas con título universitario completo: 5,3%, 3 puntos por debajo de la media nacional. Trabajo no registrado: 44,2%, Salta ocupa el 2´ puesto.
* La industria representa un escaso 9,1% sobre el PBG.
Según el Ielde que dirige Jorge Paz, la pobreza multimodal alcanza al 40% de la población, y así, Salta es la provincia con peores índices del país
La presente campaña electoral expresa, en su monotonía y carencia de ideas, las consecuencias de la destrucción de los partidos políticos y de haber mezclado política y negocios.
Necesitamos, por lo tanto, cerrar este penoso capítulo: regenerando las instituciones; convirtiendo a los excluidos en trabajadores; poniendo de pie nuestras riquezas naturales y humanas; afianzando la cultura del esfuerzo; desechando corrupciones, privilegios y prebendas.
Se impone, entonces, descartar apuestas de perpetuación en el poder y extender la democratización (sea en el Estado, en sindicatos o en colegios profesionales); abolir maniobras para controlar jueces y auditores; terminar con un régimen electoral a contramano del principio de igual valor del voto.
Brecha entre políticos y ciudadanos
Salta, a mi modo de ver, está agobiada por la brecha que divide y separa a la así llamada "clase política" (integrada por los 16.000 candidatos y sus corifeos) de los 1.600.000 habitantes que miran impotentes el espectáculo de una campaña centrada en el derroche de medios y en el vacío programático.
Mientras la clase política puja por controlarlo todo -para repetirse-, la ciudadanía se muestra agobiada por la pobreza, la parálisis económica, las violencias, el oscurantismo, el trabajo en negro, las adicciones (a los juegos de azar o a las drogas, que castigan con especial intensidad a los pobres) y la pésima calidad de los servicios de educación, salud, justicia, administración, aguas, basura, ambiente que les brindan el Estado o sus satélites, a precios inadmisibles.
Como la clase dirigente conoce de estas preocupaciones cívicas, a través de encuestas y "focus group", organiza su propaganda hablando de estos temas. Lo hace de manera harto superficial. Sin que, al menos hasta aquí, ninguna de las fuerzas políticas ni candidaturas haya sido capaz de precisar un diagnóstico y, muchísimos menos, de proponer soluciones concretas y viables.
En este escenario Salta tiene por delante tres desafíos que, seguramente, deberá asumir una dirigencia biológica e intelectualmente renovada.
Salta, la región y el mundo
El primer desafío es conectar a Salta con la región y el mundo. Nuestra decadencia tiene mucho que ver con permanecer aislados del mundo y prisioneros de una Nación unitaria. No es cierto que Salta fue siempre insular y súbdita del centralismo. En el siglo XIX muchos salteños emprendieron la aventura de integrarse en el mundo de las ideas, la producción y el comercio. En muchas fases de nuestra historia como provincia, fuimos capaces de influir en los gobiernos nacionales y de enfrentarnos al unitarismo excluyente.
Necesitamos hoy bregar para que el programa federalista de la Constitución Nacional sea una realidad; hacer del Norte Grande una unidad de expresión y de presión frente al centralismo unitario que nos condena al atraso.
A su vez, la integración en el mundo ampliará nuestra economía, mejorará nuestro precario estado de derecho en materia laboral y ambiental. Por tanto, necesitamos prepararnos para movernos exitosamente en un mundo signado por acuerdos de integración regional y global.
República y democracia
El segundo desafío es hacer de Salta una república democrática. Nuestro atraso es también consecuencia directa de la decadencia de las instituciones del Estado y de la sociedad. Resolveremos nuestros graves problemas de bienestar y de convivencia solo si transformamos instituciones de opereta en vigorosos cauces republicanos.
Jueces independientes, ilustrados y valientes. Legisladores que expresen aritméticamente la voluntad de los ciudadanos. Organismos de selección de jueces y empleados que miren la idoneidad y la excelencia. Sindicatos, cámaras empresarias y colegios profesionales democráticos. Universidades y colegios centrados en la libertad de pensamiento y con altas exigencias de calidad y actualización científica. Respeto a toda diversidad.
Integración social
El tercer desafío es la integración social. La clase política local está dividida entre pobristas (hablan de los pobres, pero prefieren mantenerlos en condición de clientes) y aporofóbicos (suponen que cada pobre es un vago o un delincuente). Urge salir de esta trampa intelectual. Y comenzar admitiendo que ninguna sociedad civilizada puede existir como tal arrastrando por décadas tasas de pobreza que oscilan entre el 40 y el 50%.
No solo por exigencias propias de la era de Derechos Humanos, sino también porque esa cantidad de pobres conforma una inasumible hipoteca económica social y política. Ha quedado demostrado que el asistencialismo es insuficiente y pernicioso. Por tanto, la única salida es la creación de puestos de trabajo (autónomos o en relación de dependencia) genuinos, de alta productividad y buenos salarios. En suma: la alternativa a la pobreza es el “trabajo decente” (OIT).
La empresa y la equidad
Para que la Salta que produce derrote a la Salta empobrecida material y culturalmente es preciso un gran acuerdo centrado en el destino de nuestras riquezas naturales aun inexplotadas. Un acuerdo en el que confluyan la lógica del mercado y la lógica del bienestar y la inclusión.
Este acuerdo definirá las condiciones para hacer de Salta un distrito agroindustrial, minero y energético que garantice el pleno empleo decente, la solidaridad intergeneracional, y la preservación de los equilibrios ambientales. Como en cualquier plan estratégico, el acuerdo deberá definir qué pone cada uno de los actores y qué espera obtener a cambio.
Arrasar 5 millones de hectáreas de bosques protegidos para lanzarlas al pillaje de unos pocos, dejar nuestros núcleos urbanos al albur de la especulación, o abandonar toda política minera provincial (o sea las opciones que en los cenáculos manejan algunos políticos) son decisiones que nos condenarán -definitivamente- al atraso y a la irrelevancia. Otro tanto sucederá si no somos capaces de incidir en regulaciones nacionales de las que depende nuestro bienestar: me refiero, por ejemplo, a las reglas de la economía de los biocombustibles, a los costes de la mano de obra, y a la presión fiscal. Me refiero también a la inversión nacional en infraestructuras (transporte, comunicaciones, logística).
Para alcanzar estas metas inexcusables, necesitamos de una nueva clase dirigente. Una clase dirigente emparentada con la inteligencia e imbuida de los valores republicanos. Solo con su protagonismo comenzaremos a vivir en Salta la tantas veces postergada Era de la Ilustración que conduce a la paz, la integración, la dignidad cívica y el bienestar general.