El gobierno de Mauricio Macri trabaja contra reloj en su respuesta a un duro pedido de informes del relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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El gobierno de Mauricio Macri trabaja contra reloj en su respuesta a un duro pedido de informes del relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La nota del relator especial de la ONU, Diego García-Sayán, tiene por objeto pedir datos a la Argentina y emitir luego un informe, en la consulta que envió a la Cancillería el relator expresó sus ‘preocupaciones‘. Y dijo: ‘Considero que las informaciones recibidas [por los denunciantes] son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata‘.
Argentina debe responder antes del 1º de enero. La idea del gobierno de Macri es contestar entre esta semana y la próxima. De ninguna manera el oficialismo quiere dejar la Casa Rosada sin haber entregado su descargo.
García-Sayán le pidió al Gobierno ‘la atención urgente‘ ante la información recibida sobre "la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial" supuestamente ejecutado "por parte del Poder Ejecutivo", según escribió el relator.
Aunque el asunto entró por la Cancillería, lo está trabajando el Ministerio de Justicia, que opera como coordinador de las distintas áreas involucradas y mandó a pedir datos al Consejo de la Magistratura y a la Procuración.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo ayer que el pedido de García-Sayán es un documento ‘poco serio‘, ‘impulsado por abogados defensores de personas investigadas y condenadas por hechos de corrupción‘ y que ‘desconoce el sistema judicial y constitucional‘ argentino. ‘Será oportunamente respondido por el Estado, como siempre se hace ante todas las solicitudes, aunque sean infundadas o tengan objetivos diversos de los que debieran‘, afirmó Garavano.
Las acusaciones
El pedido de informes de García-Sayán da cuenta de las acusaciones recibidas. Una de las principales tiene que ver con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el organismo que controla y selecciona a los jueces. El relator afirma que, de acuerdo con la información recibida, desde la incorporación del diputado Pablo Tonelli, el oficialismo reunió una mayoría en el Consejo que ‘utilizaría‘ para ‘perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra sus intereses‘. También, para ‘trasladar magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante sin respetar los requisitos establecidos en la legislación‘.
El informe hace mención de algunos casos, como el de Juan Manuel Culotta, que fue nombrado subrogante en el Juzgado Electoral de La Plata; Carlos Mahiques, trasladado a la Cámara de Casación, y Leopoldo Bruglia, trasladado a la Cámara Federal. También cita las denuncias de ‘hostigamiento‘ a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, que finalmente renunció a su cargo, y las designaciones -en un primer momento, por decreto- de los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Sostiene además que, ‘según la información recibida‘, los magistrados que fallaron en contra del aumento de tarifas de servicios públicos esenciales habrían sido ‘víctimas de ataques, intimidaciones públicas y pedidos de enjuiciamiento‘.
El relator informó que la respuesta del Gobierno se hará pública en el sitio web oficial ‘en un plazo de 60 días‘. Después, García-Sayán presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Fuente: (con La Nación)