El abogado Pedro García Castiella será el secretario de Justicia de la nueva gestión provincial. Estuvo al frente de casos resonantes como el de Lucas Salaberría, el estudiante de geología que falleció en el Nevado de Cachi cuando participaba de una expedición minera, y el de María Cash.
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El abogado Pedro García Castiella será el secretario de Justicia de la nueva gestión provincial. Estuvo al frente de casos resonantes como el de Lucas Salaberría, el estudiante de geología que falleció en el Nevado de Cachi cuando participaba de una expedición minera, y el de María Cash.
Reconocido en el ámbito penal, el letrado formó parte de diferentes debates judiciales relevantes, como la Asamblea Constituyente de 1998.
Crítico del sistema judicial, es conciente de la falta de confianza en la Justicia. En la misma línea que el nuevo gobierno nacional, apunta a que hay una politización del sistema judicial y señala una vinculación entre jueces, Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y “ciertos sectores del periodismo”.
Asegura que los problemas nacionales tienen eco a nivel local, por lo que hay que rever puntos débiles como los concursos de magistrados y funcionarios. Además, puso el ojo en el polémico Código Contravencional, e indicó que no se puede detener a nadie sin que lo disponga un juez de Garantías.
¿Qué cambios impulsará dentro de la Justicia provincial?
Hay que trabajar en modificaciones y perfeccionamientos de lo que resulte necesario. Comenzar a trabajar sin precipitaciones en todo lo que ayude al mejoramiento y fortalecimiento del servicio de Justicia. Queremos, como política en general, que las medidas que se tomen tengan apertura y consenso con los sectores que conocen la materia y operan en el sistema: magistrados, funcionarios, colegio de abogados, que son resorte del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo trabaja la propuesta. Hay que potenciar las cosas que están funcionando bien y trabajar en las cosas que se puedan mejorar.
Se dice que el Código Contravencional vigente da lugar a detenciones discrecionales.
No pueden existir discrecionalidades en las detenciones. Toda detención tiene que ser dispuesta por un juez, no administrativo, sino un juez de garantías.
Hay más de 2.700 empleados judiciales. ¿Cree que hacen falta más?
El Poder Judicial tiene sus presupuestos. La cantidad operativa depende de la Corte de Justicia. Sería imprudente opinar. Pero creo que, en cantidad de personal, es la adecuada. Hay que trabajar en temas urgentes en el funcionamiento del servicio de Justicia. Hay un proyecto que quedó a medias respecto de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, que es una deuda pendiente, que está prevista por ley y nunca se creó. Es necesario garantizarle al ciudadano una doble instancia que hoy esta restringida, porque el órgano de apelaciones ahora es la Corte de Justicia.
Una de las críticas a la Justicia es por los procesos de selección de magistrados.
Hay que revisar todo el proceso de selección de magistrados y funcionarios también. Son, desde el punto de vista de mi ejercicio profesional, cuestiones que hay que analizar y ver todos los recursos posibles para mejorar.
Se apunta a la cantidad de puntos que suma la entrevista personal, sujeta a cuestiones más subjetivas que concretas, como la experiencia y los conocimientos, que suman menos puntaje.
Ese es uno de los aspectos que hay que revisar. Fui convencional constituyente en el año 98, cuando establecimos en la Constitución de la provincia el Consejo de la Magistratura. Lo fundamental es preservar la sana finalidad que tuvo en su origen el Consejo de la Magistratura, que sirva para que prime la excelencia, que se elija al mejor para determinado cargo, que sea un organismo que garantice y asegure la imparcialidad, independencia y plena objetividad en la selección de los magistrados. Yo creo que no se ha llegado. Y no es una opinión mía solamente, sino también de lo que es el foro y los sectores de la sociedad vinculados a la cuestión. Se cuestionaron varios concursos. Porque esa es un área clave de todo el sistema judicial. No es un slogan, la base del funcionamiento de toda democracia es una Justicia con jueces independientes, excelentes y que tengan y se sientan con la independencia suficiente para impartir justicia. Sobre eso hay que trabajar con apertura, escuchando, aceptando propuestas y sugerencias. Hay que ver qué se puede mejorar, trabajar en cuanto a la credibilidad del proceso de selección de magistrados.
¿Hay descreimiento en la Justicia?
Es un dato de la realidad, surge de los propios índices. Es algo con lo que tenemos que comprometernos y trabajar todos. No es solo un fenómeno en Salta sino en la Argentina. Hay poca credibilidad del sistema judicial. Hay un esfuerzo de los magistrados, jueces y funcionarios judiciales de dar lo mejor que pueden. Pero en términos generales y estructurales hay mucho que aportar, mejorar y en algunos casos corregir.
Alberto Fernández también hizo foco en el proceso de selección de magistrados. Además, habló de una reforma judicial, por sobre todo en el fuero federal, pidiendo que el sistema acusatorio que solo se utiliza en Salta y Jujuy sea nacional. ¿Cual es su opinión?
Es necesaria su implementación a nivel nacional, porque es un sistema superador. Hay que descontaminar de visiones estrictamente políticas o de sectores de poder, lo que sean las opiniones y determinaciones en lo que es el proceso de selección de magistrados. Interpreto que el discurso nacional está contextualizado, al menos en el anuncio, en cuestiones de agonalidad política, que es o que no le hace bien a la Justicia. No es una novedad lo que dice Fernández de que hay muchas cosas profundas que pasan tanto en Salta como a nivel nacional, en cuanto a la selección de magistrados e independencia de magistrados del fuero federal.
La nueva gestión cuestiona cómo fue utilizada la figura del arrepentido y las escuchas telefónicas
Cuando la política se mete en la Justicia, la Justicia sale por la ventana. Hay que despolitizar en el buen sentido, el servicio de administración de justicia en todos los niveles. A nivel nacional, las vinculaciones que son públicas y notorias, entre la AFI, la Justicia y determinados sectores del periodismo son totalmente nocivas y generan naturalmente descreimiento en el sistema.
Desde la Corte se intenta instaurar el juicio por jurado.
Suena a nivel nacional y también provincial. Hay que tratarlo con muchísimo cuidado, se invoca que si no lo tuviéramos estaríamos faltando a la constitución nacional. Pero son temas muy delicados que hay que analizar muy a fondo.
Si no se lo toma con cuidado, ¿en qué errores se podría incurrir? Se decía por ejemplo que el ciudadano que actuaría de juez no iba a tener ninguna preparación anterior.
Eso no puede ser así de ninguna manera. Uno de los ejes del juicio por jurado es el fuerte asesoramiento en todo lo que es el sistema de determinación de la responsabilidad, los ciudadanos no tienen conocimiento. Pero hay aspectos más profundos y graves del juicio por jurado, la base de ese sistema es el secreto en la deliberación, así funciona en países como Estados Unidos. La deliberación de los jurados es secreta, eso hay que ver como se compatibiliza con el derecho de los acusados a tener acceso a la apelación. El acceso a la doble instancia es una garantía que está asegurada por los instrumentos internacionales que desde el año 94 forman parte de nuestra Constitución. Un aspecto fundamental de la posibilidad de apelar o recurrir es conocer la motivación de la determinación del jurado y esa motivación tiene que ser secreta y no pública. Hay muchos aspectos para analizar cuando se hable de implementar por los juicios por jurado. Esa fue una decisión tomada en 1853, en la Constitución Nacional, copiada de la constitución de Estados Unidos, cuando allí funciona un sistema judicial diferente al nuestro. Para compatibilizarlo, hay que trabajarlo con mucho cuidado. No hay que precipitarse.
La modificación del Código Procesal Penal provincial para darle el derecho a las víctimas o sus familares de constituirse más rápidamente en querella tiene media sanción.
Ese cambio es fundamental y necesario. Es urgente modificarlo. Es inadmisible que la víctima no pueda tener una intervención formal, como querella, que eso dependa hasta cuando se encuentra un responsable. Porque la mayoría de los delitos, como el delito contra la propiedad o la vida, desde el primer momento no tienen identificado un responsable y depende del favor o la gracia del fiscal que le permita acceder a las actuaciones. Es un contrasentido. El más interesado en la averiguación de la verdad es la víctima, y el Estado tiene la obligación de brindarle el derecho de la víctima de saber la verdad. Esto solo funciona así en Salta. En este sentido, en el 2013 o 2014, impusimos junto al diputado Del Plá y el doctor Pastor Torres, un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte que fue un hito. Porque no es habitual que la Corte haga lugar a planteos de inconstitucionalidad de normas generales y aquí era nada menos que el Código Procesal. Parte de ese planteo era el impedimento a la víctima de ese proceso que no fue acogido por la Corte. Si hizo lugar a la potestad que le estaban dando a los fiscales para detener personas en casos de juicio a prueba que también los ponían en cabeza del fiscal y es un resorte del juez. Eran los puntos más significativos.