Se duplicaron los abortos no punibles en la provincia

Las intervenciones por aborto no punibles en la provincia se duplicaron entre 2018 y 2019. Los datos se conocieron tras la polémica por el intento frustrado de actualizar el protocolo para el acceso al aborto no punible en los últimos días de gestión de Mauricio Macri, lo que finalmente ocurrió la semana pasada.
Según las cifras del Ministerio de Salud de la Provincia que fueron reflejadas en el anuario que presentó el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVCM), entre mayo y diciembre de 2018 se realizaron 77 interrupciones legales del embarazo; es decir, 9,62 por mes. Mientras que durante el primer semestre del 2019 se practicaron 132, lo que representa 22 intervenciones mensuales. 
Las inéditas estadísticas se dieron a conocer en la presentación del anuario de gestión de los primeros cuatro años del OVCM. 
La mayor cantidad de prácticas se registra en la franja etaria de entre los 15 y 29 años. Casi el 60 por ciento de las 77 intervenciones del 2018 se concentran en esa edad, mientras que en el 2019 fue del 70 por ciento.
Las intervenciones se concentran en la capital provincial, el 70 por ciento del total de intervenciones del año pasado se realizaron allí, y en todo este año fue del 81 por ciento. 
En cuanto a los municipios del interior, Güemes y Cachi secundaron a la capital respectivamente durante el 2018 y el primer semestre del 2019. En Güemes se realizaron 15 prácticas durante el año pasado y este año 12, mientras que Cachi se ubica en tercer lugar con cinco interrupciones en ambos períodos. 

Protocolo

A raíz del embarazo de una niña de diez años producto de la violación de su padrastro, en mayo del año pasado se generó una polémica que llegó a medios nacionales. El decreto provincial 1170/12 vigente hasta aquel momento imponía como límite para practicar la interrupción del embarazo 12 semanas de gestación. La niña excedía ese tiempo, cursaba un embarazo de 19 semanas. 
El caso se hizo público y referentes de diferentes sectores y actrices como Guillermina Valdés repudiaron la norma provincial y pidieron una urgente modificación. Se denunció además que la norma dificultaba el acceso por solicitar una denuncia policial o declaración jurada “con asistencia del defensor oficial o del asesor de menores e incapaces, según corresponda”. La presión fue tal, que el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey dejó sin efecto el decreto y emitió una nueva normativa.
El nuevo protocolo no solicita límites y solo exige una declaración jurada en los casos que prevé la ley, producto de violación o riesgo de vida. 
La nueva norma es interpretada por las referentes del OVCM como favorable porque además permite llevar estadísticas. “Antes teníamos un protocolo más restrictivo, tampoco había tanta información como la que hay ahora que podemos medirlo. Lo que se facilita es el acceso de no pedir la denuncia policial y con solo la declaración de la persona que manifiesta una cuestión de salud o una violación pueda acceder al aborto no punible”, indicó la socióloga y directora del OVCM, Ana Pérez Declerq. 
“Es un acceso a derechos a personas que atraviesan una situación dificultosa y que está previsto por el Estado. Es una solución rápida y libre de violencia”, agregó la especialista.
Recientemente se renovaron tres representantes de las siete que componen el directorio del OVCM, por parte del Poder Ejecutivo, de las organizaciones de mujeres y por parte del Senado. 
Las inéditas estadísticas que dio a conocer el Observatorio salieron a la luz en momentos en que a nivel nacional se dio una fuerte polémica por el protocolo de abortos no punibles que había instrumentado el exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein, que luego tuvo que renunciar, en los últimos días del gobierno de Mauricio Macri, quien rápidamente derogó lo dispuesto por Rubinstein. Luego de su salida, el funcionario explicó que intentó crear una guía de actuación para los profesionales de la salud. 
“Lo que se les da (con el protocolo de ILE) es certezas de cómo tienen que proceder frente a los casos que están exceptuados en el Código Penal, donde se puede interrumpir legalmente el embarazo”, dijo.
Atrás parece haber quedado la polémica, luego de que la semana pasada, el nuevo ministro de Salud, Ginés González García, pusiera en marcha una actualización del protocolo.
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