El mutuo alivio que sienten el Gobierno nacional y los provinciales a partir de la firma de una modificación al pacto fiscal de 2017 es un verdadero dolor de cabeza para el sector privado.
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El mutuo alivio que sienten el Gobierno nacional y los provinciales a partir de la firma de una modificación al pacto fiscal de 2017 es un verdadero dolor de cabeza para el sector privado.
El entendimiento entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores implica la suspensión de la reducción gradual de la presión impositiva que tenían que implementar las provincias y, a cambio, estas renuncian por un año a los juicios entablados a la Administración central por la baja de los impuestos a las ganancias y al IVA aplicada a la canasta básica de alimentos.
La suspensión de la reducción de impuestos provinciales como ingresos brutos y sellos, entre otros, que se debía aplicar el año que viene generó pesar en el sector productivo privado de la provincia.
El presidente de la Cámara de la Construcción de Salta, Juan Carlos Segura (h), manifestó que esta medida “perjudica” a su sector.
En diálogo con El Tribuno, recalcó que “el pacto fiscal es necesario para promover el empleo, la inversión y el crecimiento” y que “si no hay inversión, no hay crecimiento, ni empleo”.
“Necesitamos urgente inversión en obras que generen crecimiento y empleo”, reclamó.
El empresario advirtió que “es muy difícil la situación del sector de la construcción”, por lo que la medida de suspender la reducción de la presión impositiva les genera preocupación. “Teníamos todas las expectativas puestas en el nuevo Gobierno, vamos a ver si no nos defrauda”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Daniel Betzel, explicó que la medida adoptada “va a afectar la eliminación de ingresos brutos que estaba prevista para la industria”.
El referente del comercio local se reunió ayer con el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, para avanzar en una agenda de actividades conjuntas destinadas a darle impulso al sector. Betzel reveló a este diario: “Uno de los puntos que planteamos es que la salida del pacto fiscal afectará a la industria, y nosotros consideramos que las pymes salteñas industriales necesitan de un pacto económico social”.
“Esa interrupción en la baja de los ingresos brutos necesita ser equiparada con subsidios para el sector a través de la ley de promoción industrial”, indicó Betzel, y detalló: “Los funcionarios se comprometieron a evaluar esta posibilidad porque les planteamos que para incentivar la industria hay que bajar la presión fiscal”.
Suspensión de las causas
Consultado por El Tribuno, el abogado Pablo Atea, excoordinador del Área de Asuntos Tributarios de la Provincia, recordó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra de la forma en la que el expresidente Mauricio Macri decretó la rebaja en el impuesto a las ganancias y en el IVA de ciertos productos de la canasta básica, afectando fondos coparticipables de Salta”.
“En dicha ocasión, el máximo tribunal dispuso que los ‘costos fiscales’ de la aplicación de los decretos nacionales impugnados por la provincia de Salta y de las resoluciones generales de la AFIP sean asumidos con ‘recursos propios’ del Estado nacional”, indicó.
Respecto de los alcances del nuevo acuerdo fiscal que suscribieron ayer los gobernadores y el presidente de la Nación, Atea afirmó: “El Estado nacional y las provincias firmantes del convenio, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acordaron la suspensión, por el plazo de un año, de las causas judiciales, cualquiera sea su radicación y estado de trámite, originadas en reclamos relacionados con el régimen de coparticipación federal establecido por la ley 25.548”.
“En esta línea, la adenda fiscal prevé la creación de una comisión de evaluación del impacto de la reducción del impuesto a las ganancias y del IVA sobre la canasta básica de alimentos, que tendrá la función de proponer medidas y cursos de acción que posibiliten una solución integral, de carácter no judicial, para las cuestiones que constituyen el objeto de la causa judicial recientemente nombrada”, agregó el abogado.
Finalmente, el letrado advirtió a El Tribuno que “hasta tanto el acuerdo fiscal sea aprobado por el Poder Legislativo provincial, el mismo no producirá efectos”.
Agencias en alerta
La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo emitió ayer un comunicado en el que se expresó contra el impuesto del 30% a la compra de divisas extranjeras; a la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país, entre otros.
“Entendemos la crisis que está atravesando el país pero las agencias de viajes somos parte de la solución, no del problema. Somos el principal canal de comercialización del turismo y un dinamizador fundamental de la economía que brinda trabajo a miles de argentinos. Incluir a los servicios que prestamos en el impuesto significa, ni más ni menos, que poner en riesgo esas fuentes de trabajo”, advirtió el ente.