Alivio, es lo que se asegura que trajo a la Iglesia salteña la nueva disposición del papa Francisco de eliminar el secreto pontificio en los casos de sacerdotes acusados de abuso sexual. Disposición que les habría ahorrado a las autoridades eclesiásticas locales quedar en faltas judiciales y sentar precedentes a nivel nacional. Las causas que actualmente cursan un proceso penal en la Justicia podrían acceder a nuevas pruebas. "Ahora podemos y debemos colaborar con la Justicia. No podíamos ni abrir la boca", aseguró un allegado a la Iglesia sobre la manera en que se administraban y se manejaban las causas por abuso sexual.
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Alivio, es lo que se asegura que trajo a la Iglesia salteña la nueva disposición del papa Francisco de eliminar el secreto pontificio en los casos de sacerdotes acusados de abuso sexual. Disposición que les habría ahorrado a las autoridades eclesiásticas locales quedar en faltas judiciales y sentar precedentes a nivel nacional. Las causas que actualmente cursan un proceso penal en la Justicia podrían acceder a nuevas pruebas. "Ahora podemos y debemos colaborar con la Justicia. No podíamos ni abrir la boca", aseguró un allegado a la Iglesia sobre la manera en que se administraban y se manejaban las causas por abuso sexual.
Sin embargo, indicaron que esta apertura no significa que se darán a conocer públicamente todas las causas, sino que entregarán las actas de los procesos canónicos que la Justicia requiera. Además, los participantes del proceso de la Justicia eclesial ya no tendrán limitaciones para hablar sobre ello. También se pondrán a disposición los argumentos de la sentencia.
"Ya no habrá allanamientos. Si el Estado investiga a un sacerdote ahora hay que colaborar", indicó el trabajador de la Iglesia que pidió preservar su nombre. El hombre se refirió así al inédito allanamiento al Arzobispado que se libró luego de un año de insistencias del fiscal penal Federico Obeid que investigó las denuncias contra el cura Emilio Lamas. El caso sentó un precedente en el país, ya que no se registraba ningún allanamiento por causa de abuso sexual a un arzobispado.
En la causa del sacerdote Aguilera, el fiscal también pidió las actas que le fueron negadas. El caso está en la Corte de Justicia que debe decidir si da lugar a la prescripción. Si la Corte niega el pedido, la causa podría continuar su curso, y la fiscal Simesen de Bielke (quien quedó al frente de la misma) podría insistir con el pedido de las actas que ahora sí le deberían ser entregadas. Esto complicaría la situación de Aguilera, ya que los denunciantes del fuero eclesiástico llegarían a ser cinco, más que los dos del fuero penal. Las actas además darían el acceso a nuevos testimonios.
Cómo se usaba
Desde la Iglesia se sostiene que el secreto pontificio fue pensado para resguardar la identidad de los denunciantes y "preservar la buena fama del acusado". Se hacía jurar sobre una Biblia (en caso de ser creyente) y la persona se comprometía a no revelar ningún tipo de información sobre el proceso eclesiástico hasta que se emitiera la sentencia. Sin embargo, la sentencia muchas veces también quedaba casi sin ser conocida, ya que su difusión era decisión del Tribunal que la emitió.
Desde el Tribunal eclesiástico local se sostuvo que se darán a conocer las nuevas sentencias de los casos en los que actúe, independientemente de si éste tiene proceso penal. Al registrarse nuevas denuncias en el fuero eclesiástico pero no en la Justicia, se podría conocer nuevos casos de sacerdotes acusados de abuso.
En la Justicia salteña las causas por abuso sexual que se cursan son las de Agustín Rosa Torino, Emilio Lamas, José Carlos Aguilera, Fernando Páez, Eduardo Balbi y la del obispo Gustavo Zanchetta. En el fuero eclesiástico el caso de Rosa Torino está a cargo de un tribunal ad hoc, mientras que la de Gustavo Zanchetta, por tratarse de un obispo, se tramita en la Congregación de la Doctrina para la Fe, en el Vaticano. Los demás, el de Lamas, Aguilera y Balbi se tramitan en el Tribunal Metropolitano Eclesiástico local. La de Páez debe ser cursada por el obispado de Orán.
La decisión de quitarle el estado clerical a Emilio Lamas, emitida el año pasado, fue la primera (y hasta ahora la única) sentencia por un caso de abuso del Tribunal Metropolitano que comenzó a funcionar en el 2017. Mientras que la del cura José Carlos Aguilera está cerca de definirse. Por ser las primeras denuncias que recibió el Tribunal, incluso desde antes de ser fundado, son las más avanzadas dentro del fuero canónico. Los fiscales penales a cargo de ambos casos le solicitaron a la Iglesia las actas de dicho proceso canónico, lo que fue negado por la Iglesia amparándose en el secreto pontificio contemplado en el derecho canónico. Al mismo tiempo, la Iglesia defendió que podían autorregularse de esta manera por el concordato firmado entre la Santa Sede y el presidente de facto Juan C. Onganía en 1966.
Jorge Vanossi, quien diseñó las bases constitucionales del acuerdo, desmintió que se pueda usar el secreto pontificio para los abusos sexuales: "Si hay delito no hay secreto", aseguró.