Vivimos una época en que, gracias a lucha de las mujeres, la sociedad ha tomado conciencia de la gravedad y de la verdadera dimensión ética y jurídica del femicidio. En algunos aspectos, la cultura machista y patriarcal está en retirada, pero aún quedan, en el subsuelo de la sociedad contemporánea, muchos prejuicios. Hay mucho trabajo por hacer. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres cumplió cuatro años, con protagonismo en este escenario de transformaciones. A pesar de todo, hay una agenda de género pendiente y en la que están en mora los poderes del Estado, en particular en todo lo que se refiere al acceso a la Justicia por parte de las víctimas de violencia.
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Vivimos una época en que, gracias a lucha de las mujeres, la sociedad ha tomado conciencia de la gravedad y de la verdadera dimensión ética y jurídica del femicidio. En algunos aspectos, la cultura machista y patriarcal está en retirada, pero aún quedan, en el subsuelo de la sociedad contemporánea, muchos prejuicios. Hay mucho trabajo por hacer. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres cumplió cuatro años, con protagonismo en este escenario de transformaciones. A pesar de todo, hay una agenda de género pendiente y en la que están en mora los poderes del Estado, en particular en todo lo que se refiere al acceso a la Justicia por parte de las víctimas de violencia.
Inequidad. A pesar de los esfuerzos institucionales y los importantes cambios culturales producidos, y que son el resultado de las demandas de las organizaciones de mujeres que interpelan al Estado y trabajan para erradicar las desigualdades de género, aún persisten inequidades basadas en un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas, que desde los roles estereotipados asignados a varones y mujeres sostiene y reproduce concepciones y características desiguales.
Violencia institucional. Una "vida libre de violencia" no es un eslogan, sino un derecho que debe ser garantizado por el Estado a fin de proteger los derechos de las mujeres en su diversidad. Por lo tanto, obstaculizar estos derechos por parte de cualquier agente del Estado, se denomina "Violencia Institucional"; se trata de actos u omisiones que discriminen o tengan como fin dilatar, obstruir o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
Contención estatal. El Estado provincial tiene la responsabilidad de asistir, proteger y hacer efectivos los derechos de las mujeres, como así también de brindar herramientas y recursos preventivos, judiciales, sociales, educativos y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia que impiden la igualdad entre varones y mujeres. La ley 26.485l en el Art. 9 indica "promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para las mujeres que padecen violencia". De los informes del OVCM se desprende que el acceso a la Justicia no está plenamente garantizado, los obstáculos subsisten por parte del Estado, y naturalizar estas conductas significa tolerar la vulneración de derechos y genera la revictimización de las mujeres, mujeres trans y travestis. Las damnificadas generalmente acuden a la comisaría más próxima a su domicilio para realizar la denuncia; en esas comisarías todavía persisten prácticas anacrónicas e ilegales por parte de algunos agentes del estado, que no reciben esas denuncias y que a la vez no brindan un trato digno a las víctimas, que terminan siendo estigmatizadas por su identidad o auto percepción.
Insuficiencia de recursos. También, por parte del Estado, son insuficientes los recursos que se disponen para dar respuestas a las víctimas, y existen solo dos Defensorías Oficiales de Violencia Familiar y de Género en Salta capital, y apenas una en Metán, Tartagal y Orán. Si bien el área jurídica del programa dependiente de la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos realiza un abordaje integral para atender a víctimas y familiares de delitos graves, pudiendo incluso constituirse como querellante y ofrece patrocinio legal gratuito, el personal es exiguo, por lo que se derivan casos a fundaciones de la sociedad civil, a pesar de que la asistencia a las víctimas de estos tipos de violencia es un deber insoslayable del Estado y no es delegable en particulares.
Un caso aberrante
Un caso de suma gravedad por violencia institucional fue denunciado en abril del presente año por parte de la madre de una menor en el barrio Democracia, quien perdió su embarazo como consecuencia del accionar violento de los agentes durante un procedimiento llevado a cabo por la Policía de Salta. Es necesario reconocer y erradicar los apremios ilegales que la comunidad trans soporta a manos de personal policial, sin que se registre al respecto la debida investigación del cada caso por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos. En este punto, cabe poner de relieve que resulta muy dificultoso el seguimiento de estas vulneraciones de derechos por falta de asesoramiento y acompañamiento legal.
Cifras alarmantes
En 2018 se recibieron en los Juzgados de Violencia Familiar y Género 14.584 denuncias, con un incremento del 26,7% respecto al año anterior.
Estas cifras alarmantes dan cuenta de la falta de prevención y programas (folletería, concientización en medios radiales, televisivos y en redes, además de comunicación institucional), por parte del Estado para erradicar la desigualdad de género en nuestra sociedad, lo que da cuenta de que todavía falta una agenda de género en esta problemática que requiere respuestas de todos los poderes del Estado.
La Subsecretaría de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos del Ministerio de Gobierno, Justicia y DDHH ofrece el servicio por presentación espontánea - en 2018 se realizaron 14.180 presentaciones - y cuenta con un equipo integral especializado insuficiente para el numero de víctimas que deben atender.
La división de Coordinación y Contención para Operadores en Violencia Intrafamiliar de la Policía cuenta con tan solo 157 operadores VIFG en todo el territorio provincial, y no están afectados exclusivamente para la problemática de violencia.
Existen cuatro oficinas de Violencia Familiar y de Género localizadas en Salta Capital, Metán, Tartagal y Orán; de este modo, no está garantizado en todo el territorio de la provincia el acceso en igualdad de derechos a las mujeres, mujeres trans y travesti, porque no se está brindando cobertura en la totalidad de las localidades, pueblos y parajes.
Esta es una falencia muy grave, teniendo en cuenta que los últimos femicidios se cometieron las jurisdicciones de Aguaray, Embarcación, Misión Coronel Sola, Misión Mora y El Quebrachal y se registró un transfemicidio en General Güemes.
El Estado es responsable por acciones como las descriptas cometidas por sus agentes, pero también lo es cuando por omisión al no garantiza la debida protección y atención y acceso a los servicios esenciales, violando así los derechos humanos de las mujeres en su diversidad. (Este texto forma parte de la presentación de la autora en el informe del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, del que formó parte desde su creación en 2015)