El jueves próximo se presentará un amparo colectivo ante la Justicia provincial para pedir que el valor del boleto del colectivo vuelva al de diciembre, cuando el pase urbano costaba 12,95 pesos -ahora vale 16 pesos-, y que Saeta convoque a una audiencia pública antes de tomar una decisión sobre el cuadro tarifario del transporte. Las subas previstas para este año son mayores al 100 por ciento y se deben, según adujo la empresa, a la quita de subsidios al transporte dispuesta por el Gobierno nacional.
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El jueves próximo se presentará un amparo colectivo ante la Justicia provincial para pedir que el valor del boleto del colectivo vuelva al de diciembre, cuando el pase urbano costaba 12,95 pesos -ahora vale 16 pesos-, y que Saeta convoque a una audiencia pública antes de tomar una decisión sobre el cuadro tarifario del transporte. Las subas previstas para este año son mayores al 100 por ciento y se deben, según adujo la empresa, a la quita de subsidios al transporte dispuesta por el Gobierno nacional.
El amparo judicial estará respaldado por las firmas de miles de personas que adhieren al reclamo, que encabezan la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta y la asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), con apoyo de la Multisectorial de Trabajadores.
Quienes quieran firmar, pueden hacerlo en la Defensoría (25 de Mayo 703), de 9 a 13, o a la sede de UCU (Caseros 646, segundo piso, oficina 18; galería Via Nuova), de 9.30 a 13. La semana pasada hubo una campaña de recolección de firmas en la plazoleta Cuatro Siglos y hay planillas distribuidas en distintas organizaciones sociales y barrios de Salta.
Si el cuadro tarifario previsto por Saeta y aprobado por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) siguiera vigente, el boleto de diciembre próximo duplicaría al de diciembre último, que era de casi 13 pesos, al llegar a 26 pesos. El año pasado, el boleto de colectivo había subido ya un 86 por ciento.
"Este aumento, aparte de ser lesivo, es arbitrario y no está justificado a través de la presentación de los balances. Ese es el cuestionamiento más grave que le hacemos a Saeta: que nunca presentó los balances", planteó Frida Fonseca, la defensora del Pueblo. "Me parece que es totalmente ilegítimo el aumento de la manera en que se ha hecho. El cuestionamiento va ser al método, sobre todo, más allá de que nos parece ilegítimo el incremento en los montos".
Fonseca explicó que "la normativa nacional, provincial y constitucional exige la audiencia pública como forma de participación de usuarios y consumidores en la conformación de las tarifas", y señaló que en los servicios de energía eléctrica y de gas se cumple con este paso. La última audiencia pública que hizo Saeta fue el 19 de junio de 2017.
Emilia Calmejane, representante de UCU, consideró que la AMT y Saeta cambiaron el procedimiento de manera unilateral y que, al dejar de hacer audiencias públicas, "se violentó el derecho de participación de los ciudadanos", que está entre los principios constitucionales.
En diciembre de 2017, tras la firma del pacto fiscal con el Gobierno nacional se puso en marcha el documento de consulta para definir el aumento de tarifas. Calmejane opinó que con este método, que es escrito, no hay un intercambio real de opiniones: "Esto no genera la garantía constitucional de la participación. Desapareció todo el proceso de oralidad, de discusión, de debate y de contradicción que tiene que haber en las audiencias públicas".
La última vez solo la Defensoría del Pueblo participó en el documento de consulta, tras enterarse de esto por el Boletín Oficial. "Vemos que hay una limitación de la información que la empresa tiene que brindar a los usuarios", analizó Calmejane. "Este procedimiento no es equiparable con la efectividad de la audiencia pública".
"Consideramos que es importante volver a pelear por este derecho adquirido, que está garantizado por la Constitución, por todos los principios y por fallos a nivel nacional que establecen que sí o sí tiene que estar la audiencia pública y la garantía de la participación ciudadana porque hace al principio de la democracia de la república", cerró la referente de UCU.
Boleto papel
La defensora del Pueblo propuso que funcione en Salta el mismo sistema que en Córdoba, donde la máquina del colectivo entrega un boleto de papel la segunda vez -o las sucesivas- que se pasa la tarjeta. Esto permite que quien no viaja con su tarjeta tenga un comprobante del pago del boleto.
Esta solución surgió tras la resolución de la AMT que se conoció unas semanas atrás, que establece que no se podrá viajar en colectivo sin tarjeta, aunque otro pasajero hubiera abonado el boleto. Las críticas a esta medida llovieron, ya que las máquinas de Saeta no entregan comprobante físico del pago del viaje.
Fonseca consideró que el régimen de fiscalización debería haber sido tratado en una audiencia pública.