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Caso "carbón blanco": solicitan penas de 5 a 18 años

Se investiga el lavado de activos millonarios que una presunta asociación ilícita realizó en 2015 con el traslado de 1 tonelada de cocaína a Europa.
Jueves, 14 de febrero de 2019 03:08

Un fiscal federal de Resistencia pidió penas de entre 5 y 18 años de prisión para la hija, la viuda, el suegro y un socio del abogado Carlos Salvatore -fallecido-, condenado en 2015 por el caso de narcotráfico "carbón blanco", en el juicio por el lavado de activos provenientes de ese contrabando de más de una tonelada de cocaína a Europa, informaron ayer fuentes judiciales.

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Un fiscal federal de Resistencia pidió penas de entre 5 y 18 años de prisión para la hija, la viuda, el suegro y un socio del abogado Carlos Salvatore -fallecido-, condenado en 2015 por el caso de narcotráfico "carbón blanco", en el juicio por el lavado de activos provenientes de ese contrabando de más de una tonelada de cocaína a Europa, informaron ayer fuentes judiciales.

La pena más alta solicitada en su alegato por el fiscal chaqueño Federico Carniel fue para el socio de los Salvatore, Ricardo Gassan Saba, a quien acusó de haber participado en 23 hechos de lavado de activos.

Según informó Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de su página web (www.fis cales.gov.ar), Carniel solicitó 15 años de prisión para la viuda del abogado fallecido, Silvana Susana Vallés, y para el padre de esta, Santiago Vallés Ferrer.

Mientras que para la hija de Salvatore, Carla Yanina Salvatore D' Ursi, pidió la pena más baja por siete hechos de lavado de activos.

El juicio comenzó en marzo de 2018 ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia y también tuvo como acusado al propio Salvatore (60), pero este murió en prisión por problemas de salud a poco de haber comenzado el debate, en mayo pasado.

En septiembre de 2015, este abogado había sido condenado a 21 años de prisión por haber sido el organizador de la asociación ilícita que envió más de una tonelada de cocaína a Portugal y España escondida en contenedores de carbón vegetal producido en Quitilipi, Chaco. Por el mismo caso, otros cuatro imputados recibieron penas de entre 12 y 19 años.

Como desprendimiento de ese expediente, el fiscal federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Sanserri, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), investigó el destino de los activos provenientes de ese contrabando y determinaron que fueron "lavados" en el mercado de bienes y servicios, más precisamente empresario e inmobiliario.

De acuerdo a la acusación, el mecanismo consistió en la constitución de un complejo entramado de sociedades comerciales sin actividad real, creadas al solo efecto de inyectar el constante flujo de dinero proveniente del narcotráfico, disimulando así su origen delictivo. El propio Salvatore ocupaba un rol central en las sociedades pantallas o designaba a personas de su círculo íntimo.

De ese modo, las actividades económicas se diversificaron e incluyeron desde la construcción de edificios en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, pasando por la producción de películas cinematográficas entre otros gastos de enorme importancia.

 

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