Ayer por la mañana el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, realizó una inspección ocular en el vertedero San Javier. La visita se realizó en el marco de la acción de amparo que vecinos del basural promovieron en contra de la Municipalidad y Agrotécnica Fueguina por contaminación.
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Ayer por la mañana el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, realizó una inspección ocular en el vertedero San Javier. La visita se realizó en el marco de la acción de amparo que vecinos del basural promovieron en contra de la Municipalidad y Agrotécnica Fueguina por contaminación.
Domínguez aclaró durante el recorrido que la prioridad "es la salud de los vecinos" y se detuvo a consultar sobre la capacidad del vertedero para seguir recibiendo basura mientras la trinchera cuatro aún está inhabilitada.
"¿Cuándo se determina que una trinchera está colapsada?", consultó el juez vestido con traje y botas de goma desde la entrada al vertedero. La respuesta vino de quien fue el encargado, de parte de Agrotécnica Fueguina, de guiar el recorrido y hacer frente a todas las preguntas: Julio Cabral, coordinador de servicios de la compañía. Sin dar respuestas certeras, Cabral resaltó que la trinchera que se usa actualmente, la uno, tiene más espacio que la que se utilizaba anteriormente e indicó que pueden continuar depositando la basura "hacia el sector noroeste".
A principios de 2018 Cabral le dijo a El Tribuno que la trinchera que se usa actualmente tenía un año más de vida, ya que en ese plazo los residuos llegarían a la misma altura que tenían en el anterior depósito cuando se clausuró.
"El 2018 ha sido un año difícil para todos", dijo el juez, parado sobre una montaña de basura y mirando hacia la fosa que aún no puede ser trinchera. Luego interpeló a los funcionarios: "¿Asumimos que está atrasada la trinchera cuatro?". "Tiene aún vida útil", se defendió Gastón Galíndez, secretario de Ambiente Municipal, luego de que el juez sutilmente resaltara la demora para habilitar el nuevo sector para depositar la basura, que deja al vertedero en situación de colapso.
La polémica trinchera cuatro no puede comenzar a funcionar porque falta una geomembrana para impermeabilizar el suelo que cuesta 24 millones de pesos. En un primer momento la compraría la Municipalidad, pero luego el Tribunal de Faltas cuestionó que se pague con fondos estatales y adujo que Agrotécnica Fueguina debe afrontar ese gasto.
Hace casi un año, el intendente Sáenz aseguró que la pagaría Nación y a fines de 2018 Galíndez aseguró que "técnicos de Nación" habrían sugerido que el material impermeable "no hacía falta". El año comenzó sin definiciones sobre el tema y la trinchera cuatro continúa sin poder usarse.
"En base a lo que explica, usted es bastante optimista de que la membrana viene o viene", ironizó Domínguez luego de que Normando Zuñiga, director general de Servicios Públicos municipal, le indicara que un montículo de gomas se usará para cuando "llegue la membrana".
Galíndez le informó al magistrado sobre la adquisición de la membrana, habló de mayo como un plazo estimativo y aseguró que firmaron un acta acuerdo "donde la empresa (Agrotécnica) aceptó las obligaciones impuestas por la Municipalidad. Estamos en el proceso de licitación de la geomembrana textil, una vez que esté la colocará la empresa. El tramite administrativo del proceso de licitación será de 60 días”, precisó el funcionario municipal. “Los fondos son de Nación,¿no son solo municipales?”, le consultó el juez. “Sí, Nación se había comprometido en un principio, y se haría cargo del 50 por ciento”, contestó Galíndez.
Domínguez, que ya en una audiencia le llamó la atención a Zuñiga por responder en nombre de Agrotécnica, ahora puso el foco en quién había cavado la fosa de la nueva trinchera. “¿Agrotécnica o la municipalidad?”, preguntó. El representante de Agrotécnica, Cabral, aseguró que había sido la empresa, porque habían cavado de “a poco” para proveerse de tierra para tapar la basura del módulo tres.
El magistrado a cargo de la causa contra los administradores del vertedero por contaminación, pidió además tiempos estimativos de vida útil de la próxima trinchera a utilizarse. El cálculo de parte del referente de la empresa fue de “cinco o cinco años y medio”. “¿Después a dónde nos vamos?”, consultó el magistrado sobre el futuro del vertedero. El representante de Agrotécnica dijo que, si bien es “algo que deben conversarlo con la Municipalidad, sería en este sector”, y señaló un espacio de tierra ubicado entre la trinchera cuatro y uno. Además, aseguró que habilitando ese espacio el vertedero tendría una “proyección de 11 o 12 años de vida más”. “¿Tan cerca del río?”, cuestionó una militante del Partido Obrero que participó de la inspección. “El río está jugando a las escondidas aquí”, bromeó Domínguez mientras intentaba visibilizar el Arenales desde el montículo de basura. El afluente no es visible desde el predio ya que hay árboles que lo tapan.
Estudios
Además de la inalcanzable geomembrana, los estudios preliminares también son necesarios para habilitar la nueva trinchera. La semana pasada, Alberto Soria, director de Inspección y Certificación de la Municipalidad indicó a este medio que se necesitarían entre cuatro y cinco meses para realizar dichos estudios y “mucha plata”. Además, indicó que hasta que no le otorgaran la habilitación de la nueva trinchera a Agrotécnica, no podían realizarlos. Durante la inspección de ayer, Galíndez aseguró que ya se firmó un acta con la empresa para que pueda realizar los estudios geológicos, de suelo, de línea de rivera y de impacto ambiental. “Eso todavía no se hizo?”, resaltó el juez.
En conversación con los medios de comunicación, Domínguez indicó que no podía emitir opiniones sobre el estado del vertedero porque sería adelantar una sentencia, pero admitió que la inspección era un requerimiento que hace tiempo venían haciendo los vecinos denunciantes y que decidieron acceder la semana pasada.
La acción de amparo colectivo está en proceso de recolección de pruebas. En este sentido, el juez se refirió a la dificultad para obtener algunas por falta de recursos humanos: “Hay pruebas que aún no se han producido porque no son fáciles de conseguir, porque no hay especialistas en el medio”, reconoció.
“Lo que se busca es la salvaguardar la salud de los vecinos”, aseveró. El recorrido terminó con la visita al barrio que está a 500 metros del vertedero, que el Gobierno ubicó en esas tierras y que, paradójicamente, se llama “Justicia”. Vecinos de Solidaridad también son parte denunciante.