El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, inauguró el año judicial con un discurso sorprendente, en el que formuló una profunda autocrítica acerca del funcionamiento del poder que él mismo encabeza y de la imagen que la ciudadanía en general tiene de la Justicia. El magistrado sostuvo que "un Poder Judicial sin legitimidad pierde su razón de ser". "Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de la democracia republicana". "Se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho".
inicia sesión o regístrate.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, inauguró el año judicial con un discurso sorprendente, en el que formuló una profunda autocrítica acerca del funcionamiento del poder que él mismo encabeza y de la imagen que la ciudadanía en general tiene de la Justicia. El magistrado sostuvo que "un Poder Judicial sin legitimidad pierde su razón de ser". "Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de la democracia republicana". "Se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho".
En la misma semana, el Gobierno nacional pidió el juicio político del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por haber llevado a la Cámara de Diputados informaciones sobre la causa abierta contra el falso abogado Marcelo D'Alessio. Pero ese mismo juez, miembro de la organización kirchnerista Justicia Legítima, investiga eventuales contactos del fiscal Carlos Stornelli con una red de espionaje cuyos tentáculos llegan a los organismos de inteligencia y a todo el espectro político.
El discurso de Rosenkrantz coincide con las quejas más frecuentes de los argentinos ante incomprensibles libertades de que gozan muchos delincuentes y los privilegios de que parecen gozar los miembros del mundillo político.
Las palabras de la máxima autoridad judicial evocan los párrafos del Martín Fierro, escritos hace un siglo y medio: "La ley es tela de araña... pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos". Y, más adelante, en boca del viejo Vizcacha, lo que se ha convertido en una certeza popular: "Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse...".
La poesía y la música popular expresan sentimientos, y a esos sentimientos pareció referirse Rosenkrantz en una época del país en la que la política se judicializa y la Justicia parece politizarse e ideologizarse. Es, sin duda, una de las numerosas deudas institucionales de esta democracia restaurada hace casi 36 años.
La Justicia debe ser espacio de contención para el ciudadano, sin discriminaciones. La ley debe ser la regla de juego aceptada por todos, y la conducta de todos los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público debería transmitir apego al orden jurídico y respeto al ciudadano. No es esa la imagen que percibe la sociedad.
La sensación, por el contrario, es que prevalece la discrecionalidad, que en muchas ocasiones se transforma en favoritismo y arbitrariedad. Esta distorsión debería ser corregida, y eso requiere un esfuerzo conjunto de los tres poderes del Estado, a nivel Nacional, provincial y municipal.
En los albores de la democracia, el abogado y filósofo Carlos Nino, autor del libro Un país al margen de la ley, formuló la teoría de la "anomia boba", sobre "la cultura de la inobservancia de las normas como una práctica autodestructiva". Nino trabajaba por construir "una justicia para la democracia", luego de una década de violencia política, represión ilegal y violación flagrante de los derechos humanos. Propugnaba un modelo de juez comprometido con valores democráticos, la dignidad humana y las reformas institucionales, pero desapegado del compromiso ideológico y de la sensualidad del poder. Un juez que respete la ley y las instituciones, y se abstenga de forzarlas o vulnerarlas, por ambición propia o por veleidades intelectuales.
La realidad muestra, cada día, que el ciudadano se siente desamparado.
En una entrevista, el ministro bonaerense de Justicia, Gustavo Ferraris, al referirse a la facilidad con que los motochorros detenidos "in fraganti" recuperan la libertad, reconoció que la ley y la Justicia no están cumpliendo su rol disuasivo. Y sobre todo admitió que hoy se desconoce el derecho de la víctima, mientras que el delincuente goza de siete instancias de apelación en libertad, por lo que la sentencia firme se demora entre 14 o 15 años. Esa definición, categórica, ratifica que la Justicia argentina, en todos sus estamentos, se encuentra en crisis. El pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema no debería quedar en mera retórica. La ciudadanía, ciertamente, espera una justicia eficaz, creíble y contenedora.