Que la Justicia anule el aumento de precios del boleto aplicado este año por Saeta con autorización de la AMT es el objetivo de un amparo colectivo que presentó la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos de Salta (UCU).
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Que la Justicia anule el aumento de precios del boleto aplicado este año por Saeta con autorización de la AMT es el objetivo de un amparo colectivo que presentó la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos de Salta (UCU).
La entidad, por intermedio de su apoderada, Emilia Calmejane, inició el 15 de marzo pasado un amparo colectivo contra la Autoridad Metropolitana de Transporte de la Provincia de Salta (AMT) y la Sociedad Anónima de Transporte Automotor S.A. (Saeta), en el que solicita la nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones N§ 411/18 y 412/18 que convocaron un procedimiento de documento de consulta.
Para Calmejane esta medida "atenta contra el principio de regresividad, ya que debió realizarse una audiencia pública, con una publicidad y plazo de participación ciudadana que fueron insuficientes", y que, de esa manera, "autorizaron una readecuación tarifaria (aumento del 100% hasta diciembre, cuando llegará a $26) en el servicio público de transporte automotor de pasajeros de la región metropolitana de Salta".
"Esta situación afecta los derechos constitucionales a obtener una información adecuada y la protección de los intereses económicos de los usuarios en base a un presupuesto sin datos reales", por lo que solicitó "la suspensión y restitución de las sumas cobradas a los usuarios afectados por las diferencias que pagaron con el ilegítimo aumento".
La causa tramita ante el Juzgado de Minas de la Provincia de Salta, a cargo de la jueza María Victoria Mosmann.
En diálogo con El Tribuno, Calmejane destacó que "la Procuración General admitió la legitimación extraordinaria invocada por la Asociación de Consumidores en representación de la clase conformada por todos los usuarios pasados, actuales y futuros del sistema masivo de transporte de pasajeros de la Región Metropolitana de la Provincia de Salta que hayan sido o puedan ser afectados por el aumento tarifario impugnado en el amparo".
"Es la primera vez que en la provincia de Salta se admite y tramita una acción de este tipo, en este caso impulsada por nuestra organización, en defensa de todos los usuarios salteños", destacó.
Calmejane destacó la "legitimación extraordinaria" del procurador, ya que "era muy difícil plantearla porque no hay una legislación específica y hay que resolver qué procedimiento se adecua".
Por otra parte, Leonardo Juárez indicó que "se pidió la nulidad del aumento y, si la jueza nos da la razón, Saeta deberá retrotraer las tarifas al 31 de diciembre del 2018".
"No había informe técnico contable que justifique el aumento, solo un presupuesto de dos hojas", cuestionó Juárez.
Consultado al respecto, el titular de la AMT, Federico Hanne, informó a este diario que "al amparo lo está siguiendo el área de Jurídicos", y que "la ley establece que hay que efectuar una consulta pública mediante dos mecanismos: la audiencia pública, y el documento de consulta público".
Aclaró que "el Estado tiene la obligación de informar por qué aumenta el servicio", y que "la audiencia no es vinculante", por lo que "la obligación es que la empresa justifique en base a qué es que necesita aplicar un aumento".
"Entonces, el derecho del consumidor de saber los motivos del aumento estuvo resguardado, no creo que prospere el amparo", concluyó el titular de la AMT.