Ayer por la mañana se presentó en el Poder Judicial de Salta una medida cautelar para solicitar multas semanales sobre los patrimonios personales de dos funcionarios municipales, en el marco de un amparo colectivo por contaminación del vertedero San Javier. La causa contra la Municipalidad de Salta, la empresa Agrotécnica Fueguina y las secretarías de Ambiente y Recursos Hídricos de la Provincia de Salta está a cargo del juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
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Ayer por la mañana se presentó en el Poder Judicial de Salta una medida cautelar para solicitar multas semanales sobre los patrimonios personales de dos funcionarios municipales, en el marco de un amparo colectivo por contaminación del vertedero San Javier. La causa contra la Municipalidad de Salta, la empresa Agrotécnica Fueguina y las secretarías de Ambiente y Recursos Hídricos de la Provincia de Salta está a cargo del juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
El abogado Luis Segovia, quien representa a los vecinos denunciantes, pidió que las sanciones se apliquen al secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Gastón Galíndez, y al director general de Servicios Públicos, Normado Zuñiga, hasta que acrediten el fin de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) "sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo San Javier N´ 4", ya sea que se otorgara o se denegara el certificado de aptitud ambiental municipal (CAAM).
El sábado próximo se cumplirá el plazo estimado por Galíndez para el proceso de licitación de la geomembrana para impermeabilizar el suelo donde se dispondrán los residuos en la nueva trinchera. El funcionario municipal, durante la inspección ocular que hubo en el vertedero dos meses atrás, habló de mayo como un plazo máximo para cumplir este procedimiento.
El 22 de marzo, la Municipalidad de Salta le informó al juez que realizó la imputación presupuestaria de 25 millones de pesos para la adquisición de la geomembrana, aunque sin definir fecha para la licitación. El municipio había recibido un ultimátum de 10 días hábiles a partir del miércoles 6 de marzo para informar sobre el proceso licitatorio para la compra y colocación de la malla geotextil y sobre los estudios preliminares necesarios para habilitar el módulo IV del San Javier.
En su respuesta al juez, la comuna dijo que "encargó un estudio de prefactibilidad de sitio donde se apliquen criterios geológicos, principalmente hidrogeológicos, geomorfológicos, edáficos y climáticos", para conocer la factibilidad del terreno que se utilizará como relleno sanitario.
Luis Segovia consideró que si bien el 12 de febrero último se hizo una Nota de Pedido para la adquisición de la geomembrana y que así puede darse por iniciado un procedimiento administrativo, "no existe todavía ningún acto administrativo, ni dictamen, que lo califique como un proceso de licitación pública".
Explicó que en este trámite legal intervienen distintas reparticiones municipales y que el expediente al que se refieren los funcionarios no salió de la órbita de su secretaría.
"Por lo cual, cuando el secretario Galíndez declaró que en 60 días estaría lista la licitación (esto es, el próximo 13 de abril), cometió un acto impropio a sus deberes de funcionario público, especialmente por faltar a los deberes de colaborar con la Justicia y proveer información pública de calidad", declaró el abogado.
En relación con el Seguro Ambiental Obligatorio, Segovia pidió al juez que diera vista al fiscal de Cámara, para que analizara pedir un informe al Cuerpo de Investigadores Fiscales, ya que según los demandados este no les es exigible debido a su complejidad técnica.
En el escrito que presentó ayer, Segovia mencionó que el 28 de febrero del año pasado el juez rechazó una medida cautelar similar a la que se está demandando en este momento, pero consideró que ahora hay motivos suficientes para hacerle lugar.
“Proceso de elaboración”
El abogado especificó que pasó más de un año desde aquel rechazo y apuntó que en ese tiempo el juez requirió dos veces a la Municipalidad de Salta que informara sobre el estado de trámite de la EIA y de la contratación del Seguro Ambiental Obligatorio.
Recordó que en ambas ocasiones la respuesta del municipio fue similar: que los estudios preliminares estaban en proceso de elaboración y que “el seguro ambiental no es exigible, porque no es una actividad riesgosa para el ambiente”.
El abogado expresó que está “suficientemente acreditada la verosimilitud del derecho”, porque los demandados actúan de manera “arbitraria” y está “suficientemente probado que hay peligro en la demora”, porque admiten que no hicieron estudios preliminares y pronto se cumplirán las fechas que ellos mismos dieron para mostrar avances. Como contracautela, el letrado ofreció su fianza personal.
Desde 2016 y hasta ahora, los residuos de Salta capital y del área metropolitana se depositan en el módulo 1 del vertedero, que había sido clausurado en 2004 por estar colapsado y luego se reabrió.
Los módulos 2 y 3 están cerrados desde 2011 y 2016, respectivamente. Ahora se espera la habilitación del módulo 4, porque el espacio donde actualmente se están depositando los residuos se encuentra colapsado. El módulo 1 está en su tercer nivel y no está previsto que haya un cuarto.