Desde hace un tiempo los ciudadanos no dejamos de asombrarnos ante las noticias que nos llegan vinculadas a los hechos de corrupción que involucran a funcionarios y organismos del Estado. Buena parte de los salteños han visto esos hechos como lejanos, al no haber tomado conocimiento de acciones desde la Justicia vinculadas a la investigación de casos de corrupción en las administraciones locales ya sea provincial o municipal.
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Desde hace un tiempo los ciudadanos no dejamos de asombrarnos ante las noticias que nos llegan vinculadas a los hechos de corrupción que involucran a funcionarios y organismos del Estado. Buena parte de los salteños han visto esos hechos como lejanos, al no haber tomado conocimiento de acciones desde la Justicia vinculadas a la investigación de casos de corrupción en las administraciones locales ya sea provincial o municipal.
Tal percepción no tiene que ver con la realidad. La corrupción existe y ha sido objeto de denuncias en un gran número de casos, pero la justicia salteña no ha actuado, demostrando así una clara actitud de compromiso en la investigación, juzgamiento y condena de los corruptos. Ha tenido que intervenir la Justicia Federal para que se empiece a conocer que la corrupción nos ha llegado.
Durante el año 2017, la AFIP determinó una deuda de alrededor de 10 millones de pesos en cabeza de la Municipalidad de la Ciudad e Salta, en concepto de Impuesto a las Salidas no Documentadas por hechos ocurridos en el año 2011.
Tal determinación se realizó como consecuencia de las tareas de verificación desarrolladas por el Organismo Fiscal en el marco de una denuncia que presenté en febrero de 2012. En aquel momento solicité al organismo recaudador se investigue el pago de sobresueldos sin aportes al sistema previsional, lo que en lenguaje común se denominan "sueldos en negro".
Mucho tiempo pasó, pero finalmente la denuncia fue investigada y, durante las tareas de fiscalización, se detectó que prácticamente, todo lo gastado por el Ejecutivo Municipal, en concepto de "subsidios subvenciones y becas", carecía de documentación respaldatoria, y dentro de la poca que había se detectó la existencia de facturas apócrifas.
En aquella época se acostumbraba a incluir en la Ordenanza de presupuesto un artículo, totalmente irracional, por el cual quienes administraban los fondos públicos se liberaban de la obligación de rendir cuentas sobre lo destinado a "subsidios, subvenciones y becas", dinero destinado a atender necesidades de ayuda en los sectores más desprotegidos.
Esa ilegal auto liberación no comprendía la exclusión del control o la eximición de dar respaldo documental a los gastos y el obligatorio cumplimento de las normas de facturación y registración de la AFIP.
La inacción de la mayoría de las fuerzas políticas, ante este atropello a las instituciones, llevó a que los que detentaban el poder se considerasen impunes.
La labor de fiscalización de la AFIP, efectivamente, detectó la ausencia de documentación, seguramente sustraída, pues no creo que los funcionarios hayan pagado con dinero público sin pedir un recibo, por lo menos.
El accionar del organismo fiscal fue más allá de la determinación de la deuda por impuestos, pues pudo verificar la existencia de conductas encuadradas en el delito de evasión fiscal, por lo que formuló la denuncia ante la Fiscalía Penal N§ 2 de la Justicia Federal, la que aún está en trámite.
Es decir, el accionar ilegal de los funcionarios dispuso con destino desconocido los fondos públicos involucrados y, además, no dejó el adecuado respaldo documental, lo que derivó en un gasto adicional que está siendo pagado con dinero de los contribuyentes. Como si esto fuera poco, es posible que el municipio esté pagando los honorarios del abogado que, en definitiva, defiende a los responsables de la evasión.
Pero lo que es más llamativo es el hecho de que la actual administración municipal no ha dado noticia de ninguna acción para reclamar, de los funcionarios responsables de la administración anterior, la devolución de los importes pagados a la AFIP como consecuencia del accionar ilegal en ocasión de administrar los dineros municipales.
Esta inacción nada bien le hace al sistema político, pues erosiona más todavía la credibilidad del ciudadano, y este es el mayor perjuicio que los hechos de corrupción no investigados, ya sea por deficiencias en el control o complicidad de los responsables de llevarlos adelante, le ocasionan a la democracia y las instituciones de la república.
En ese año el tribunal de cuentas municipal recomendó la aprobación de la cuenta general del ejercicio y ahora un organismo público como la AFIP denuncia la existencia de un delito. Los organismos de control han perdido prestigio por el pobre desempeño de quienes los integran.
En enero se conoció un procedimiento, ordenado por la Justicia Federal, relacionado con lavado de activos y facturación apócrifa que involucra a la administración municipal. No se conocen aun quiénes son los imputados, pero seguramente habrá algún funcionario municipal que será considerado responsable de una conducta violatoria del código penal. Seguramente quien lee esta columna coincidirá conmigo en que los hechos de corrupción existen y se multiplican en un ámbito donde los controles se han abandonado, relativizado o encomendados a cómplices e incapaces.
La cultura del control debe resurgir, con ello los administradores estarán tranquilos y los contribuyentes podrán volver a creer en el sistema.