Roberto Cirilo Perdía, primero durante el gobierno constitucional de Juan Perón e Isabel Martínez y luego durante el gobierno militar, ensangrentó la Argentina asesinando policías, militares, empresarios, sindicalistas, niños, políticos y ciudadanos comunes. Es responsable también de la muerte de miles de los suyos, a quienes abandonó escapando a Europa con los 60 millones de dólares del secuestro de los hermanos Born. Fue un terrorista.
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Roberto Cirilo Perdía, primero durante el gobierno constitucional de Juan Perón e Isabel Martínez y luego durante el gobierno militar, ensangrentó la Argentina asesinando policías, militares, empresarios, sindicalistas, niños, políticos y ciudadanos comunes. Es responsable también de la muerte de miles de los suyos, a quienes abandonó escapando a Europa con los 60 millones de dólares del secuestro de los hermanos Born. Fue un terrorista.
Sólo en el atentado con bomba vietnamita al comedor de la Superintendencia de la Policía Federal de Buenos Aires segó la vida de 23 personas e hirió gravemente a otras sesenta. En libros y en notas de la que es autor, Perdía suele desplegar su pasado de homicida justificándolo sin el menor sentimiento de culpa. En la Argentina asesinar en nombre de la izquierda no está mal visto y hasta se puede reivindicar sin caer en apología del delito.
Sin embargo, si bien la apología del delito en libros y notas es grave, peor aún resulta que alguien haga apología de su propio delito frente a un tribunal impávido. Perdía declaró en la primera audiencia testimonial del juicio de lesa humanidad "Contraofensiva Montonera" ante el Tribunal Federal Número 4 de San Martín que tiene a nueve acusados imputados por privación ilegítima de la libertad, tormentos y asesinatos. Bajo juramento, declaró: "Nuestro plan era atacar al grupo económico de Martínez de Hoz" con las TEI (Tropas Especiales de Infantería) montoneras, también, que en la "Contraofensiva" participaron más de 450 combatientes. No precisó detalles de cómo, cumpliendo el objetivo trazado, las TEI asesinaron a Francisco Soldatti y al cabo primero Ricardo Durán (Policía Federal Argentina), su chofer, en pleno centro de Buenos Aires, ni tampoco cómo volaron la casa de la familia Klein asesinando a los policías José Cardaci y Julio Moreno. Por cierto, los homicidios de Soldatti y Durán no les salieron gratis. En el lugar, cinco terroristas perdieron la vida. Pues bien, para la Justicia argentina estos cinco y el resto de los abatidos lo fueron, no porque andaban asesinando según un plan terrorista preconcebido, sino porque al gobierno militar se le dio por matar civiles. Hay que decir que Perdía se retiró aplaudido por el público.
En relación al "Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil", conviene hacer algunas precisiones: 1) Que si el plan en verdad existió, es obvio que no era contra la población civil al voleo sino, en todo caso, específicamente contra aquellos que, además de civiles, eran asesinos; 2) Que de las propias palabras de Perdía, se desprende que la "Contraofensiva" constituía un deliberado plan sistemático de exterminio contra el "Grupo Martínez de Hoz"; 3) Que policías que abatieron a los asesinos de Soldatti no lo hicieron en virtud de ejecutar un Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil (que ni siquiera conocían) sino reacción espontánea en cumplimiento del deber de defender la vida de Soldatti y Durán; 4) Que sostener semejante disparate implica, por un lado, negar el ataque terrorista que sufrió la sociedad argentina y, por el otro, criminalizar en sí misma a la represión contra el terrorismo con la patraña ridícula de confundirlo con "población civil".
¿Se puede llamar seriamente "país" a una sociedad que tolera impasible que un criminal repugnante se erija en campeón de la moral y los derechos humanos? ¿Y que, además, se tomen sus dichos para condenar a los que evitaron que el sujeto siga asesinando? Que ni la Corte Suprema, el Concejo de la Magistratura, los colegios de abogados o los cate dráticos de las facultades de Dere cho hayan acusado recibo de semejante disparate lleva a inferir forzo samente que el sistema judicial argentino está intoxicado.