Por la devaluación del año pasado y los ajustes por índices de inflación, el gas será este invierno entre 90% y 94% más caro que en igual época de 2018 para el 70% de los hogares de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y se puede estimar que la situación es similar en el resto del país.
Apremiado por el mal humor de los consumidores en el período preelectoral, el Gobierno limitó el último aumento que se aplica desde el 1 de abril y para los residenciales el alza quedó en torno al 25%, desdoblado en tres meses (abril, mayo y junio). Además, un 22% de las facturas de junio a diciembre se diferirá obligatoriamente para pagar entre diciembre y marzo, quedando el costo del financiamiento a cargo del Estado.
Pero la cautela en la última suba y el diferimiento no alcanzan para ocultar el persistente encarecimiento de las tarifas de gas en todo el país. Frente a esto la Secretaría de Energía, liderada por Gustavo Lopetegui, apuesta a un aumento de la oferta de gas que minimice la importación y que derive en precios más bajos para el producto local. Del lado empresarial, en cambio, un escenario de menores precios no entusiasma para nuevas inversiones, y varias petroleras, incluyendo a YPF, decidieron desembolsar más fondos para el petróleo que para el gas de Vaca Muerta a partir de este año.
Esta contradicción entre los objetivos oficiales y los intereses de las empresas tendrá que resolverse ahora en el próximo Gobierno. De hecho, si se mantienen los criterios actuales en diciembre, apenas termine el proceso electoral deberá haber otro ajuste que se pagará junto con las cuotas del diferimiento.
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Por la devaluación del año pasado y los ajustes por índices de inflación, el gas será este invierno entre 90% y 94% más caro que en igual época de 2018 para el 70% de los hogares de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y se puede estimar que la situación es similar en el resto del país.
Apremiado por el mal humor de los consumidores en el período preelectoral, el Gobierno limitó el último aumento que se aplica desde el 1 de abril y para los residenciales el alza quedó en torno al 25%, desdoblado en tres meses (abril, mayo y junio). Además, un 22% de las facturas de junio a diciembre se diferirá obligatoriamente para pagar entre diciembre y marzo, quedando el costo del financiamiento a cargo del Estado.
Pero la cautela en la última suba y el diferimiento no alcanzan para ocultar el persistente encarecimiento de las tarifas de gas en todo el país. Frente a esto la Secretaría de Energía, liderada por Gustavo Lopetegui, apuesta a un aumento de la oferta de gas que minimice la importación y que derive en precios más bajos para el producto local. Del lado empresarial, en cambio, un escenario de menores precios no entusiasma para nuevas inversiones, y varias petroleras, incluyendo a YPF, decidieron desembolsar más fondos para el petróleo que para el gas de Vaca Muerta a partir de este año.
Esta contradicción entre los objetivos oficiales y los intereses de las empresas tendrá que resolverse ahora en el próximo Gobierno. De hecho, si se mantienen los criterios actuales en diciembre, apenas termine el proceso electoral deberá haber otro ajuste que se pagará junto con las cuotas del diferimiento.
Fuente: Ambito Financiero