Ayer terminó la intervención administración financiera del Ippis. Sin embargo, el Gobierno provincial decidió prorrogarla por tres meses. Argumentaron que "todavía existen razones" para seguir con la medida.
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Ayer terminó la intervención administración financiera del Ippis. Sin embargo, el Gobierno provincial decidió prorrogarla por tres meses. Argumentaron que "todavía existen razones" para seguir con la medida.
El artículo 24, de la ley de procedimientos administrativos 5.348 establece: "La intervención podrá tener un plazo de hasta seis meses, prorrogable por otros tres. Si en el acto que declara la intervención no se ha fijado el plazo, se tendrá que ha sido establecido el de seis meses".
El decreto, que lleva la firma del gobernador Juan Manuel Urtubey, ratifica a los interventores que asumieron hace tres meses y decide mantenerlos en sus cargos. Tal es así, que Ramiro Chávez, José Campos y Adriana Cantarero continuarán al frente de la comisión interventora y normalizadora del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (Ippis).
La misión
Desde que asumieron, tienen la función de adoptar las medidas necesarias para la regularización de este ente autárquico. Con esta prórroga, los interventores cumplirán su período el 28 de agosto.
El procedimiento
En 1 de marzo se oficializó la intervención administrativa por tres meses del Ippis. En el Boletín Oficial se publicó el decreto que confirmó la decisión del Gobierno provincial luego de que se conocieran las duras auditorías de la Sindicatura General.
Se detectaron numerosas irregularidades en la administración económico-financiera, consistentes en una deficiente e informal registración de los ingresos y egresos de fondos, según manifiesta el decreto.
Gravedad
El 3 de mayo, El Tribuno publicó un informe donde Ramiro Chávez, uno de los tres interventores del Ippis, apuntó que las denuncias pueden tener implicancias de carácter penal, y advertía que la malversación de fondos que se realizó podría ser "muy grande".
El funcionario provincial contó que la situación es compleja porque no hay ningún registro en el Ippis que indique los motivos de la liberación de cheques antes de la intervención. No constan los servicios que prestaron estas personas para la institución. Todos esos cheques, por cierto, estaban destinados a personas particulares.
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