El 28 de febrero de este año ingresaron al Banco Macro, la entidad financiera con la que opera el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), 36 cheques para ser liquidados. Cada uno era por $50.000 y eran dos cuentas las señaladas.
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El 28 de febrero de este año ingresaron al Banco Macro, la entidad financiera con la que opera el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), 36 cheques para ser liquidados. Cada uno era por $50.000 y eran dos cuentas las señaladas.
Treinta cheques debían cobrarse de una la caja con un número terminado en 245-6 y otros seis en la terminada en 782-3, según las presentaciones a la que accedió este medio.
"Es necesario aclarar que dichos instrumentos de pago no cuentan con respaldo documental en la institución intervenida, como así también se carece de toda información respecto de la finalidad de los fondos que representan", se plasmó en el documento.
La denuncia expone que "resulta sospechoso", que el mismo día que asumieron los interventores se haya querido cobrar esa significativa cantidad de dinero con esos cheques.
Es como si trataran "de adelantarse a una percepción que se podría tornar ilusoria, por la carencia de fundamentos de pago o cobro", sostiene la denuncia.
A partir de la fecha de intervención, la comisión interventora comenzó a tomar conocimiento de una gran cantidad de cheques emitidos, como así también a quienes estaban destinados.
"Se repiten varias veces los mismos beneficiarios, y en muchas oportunidades son los mismos vocales de la institución. Además de ello muchas veces los beneficiarios no son los que cobraban efectivamente los cheques, sino que son personas que se repiten en el listado con gran sospecha", expone la denuncia.
El camino
El 1 de marzo, mediante el decreto provincial 271/19, se dispuso la intervención administrativa del Ippis. La Sindicatura General de la Provincia, en un informe especial había detectado la "deficiente e informal registración de ingresos y egresos de fondos sin ningún tipo de desarrollo que garantizara la integridad y confiabilidad de los libros contables, manuales ni de un sistema de registración financiero-
presupuestaria". Ese fue el motivo de la decisión de intervención.
El 25 de enero de 2019, Alejo Gallardo dejó de ser tesorero y pasó a ocupar el cargo de presidente del Ippis. Se trata del representante de la etnia chulupí.
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Viviendas que no fueron pagadas
Otra denuncia que realizaron los interventores es por incumplimientos contractuales en el desarrollo de viviendas. El Ippis maneja dos tipos de fondos: uno corresponde a regalías y otro a obras que se realizan dentro del organismo.
“Los vocales debían contratar a empresas o a particulares varias de las obras que estaban a cargo el Ippis. Hay muchos casos de esos, pero en particular está el del señor Guanuco, de Amblayo, que es una persona que terminó las casas por completo y le quedaron adeudando redeterminaciones. Es decir, el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) depositó 700 mil pesos en el IPPIS, y el Instituto solamente le dio 200 mil pesos al señor Guanuco que es el constructor de dichas casas. Hay 500 mil pesos que no están”, explicó Ramiro Chávez, uno de los tres interventores.
Desde que asumió la comisión interventora, se propusieron la regularización del organismo y poner en marcha una investigación que se tornó “muy difícil”.
Chávez sostuvo que el Ippis debe seguir funcionando, y las autoridades investigadas son las que están vigentes.
“Entre lo que investigamos, más lo que hay que hacer de la vida diaria del Ippis, se torna realmente dificultoso. La situación es realmente difícil porque estamos investigando cosas que hicieron ellos y a los cuales le pedimos colaboración, ya que ellos son los que nos pueden brindar datos para tratar de que esas cuentas se rindan correctamente y hasta la fecha no la estamos recibiendo. Es decir, no estamos recibiendo ni colaboración ni rendiciones de cuenta”, finalizó uno de los interventores de Ippis.