Distintos sectores de la comunidad fustigaron el fallo de la jueza salteña María Edith Rodríguez, quien de manera implícita prohíbe la publicación de información vinculada con la investigación que involucra a Marcos Lautaro Teruel, acusado por supuesto abuso sexual en perjuicio de dos personas, una de ellas menor. Lo que la magistrada exige a los medios de comunicación es que no se vincule este caso con Los Nocheros, lo que a la luz de los hechos resulta poco menos que imposible debido a que el joven imputado es hijo de Mario Teruel, líder del consagrado grupo folclórico.
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Distintos sectores de la comunidad fustigaron el fallo de la jueza salteña María Edith Rodríguez, quien de manera implícita prohíbe la publicación de información vinculada con la investigación que involucra a Marcos Lautaro Teruel, acusado por supuesto abuso sexual en perjuicio de dos personas, una de ellas menor. Lo que la magistrada exige a los medios de comunicación es que no se vincule este caso con Los Nocheros, lo que a la luz de los hechos resulta poco menos que imposible debido a que el joven imputado es hijo de Mario Teruel, líder del consagrado grupo folclórico.
Si bien los medios en ningún momento involucran con el hecho a Teruel padre ni a los otros integrantes del conjunto, lo que la jueza interpreta es que de igual manera se los relaciona cuando se publican imágenes o la identidad de los mismos. En términos del derecho a la información, de raigambre constitucional en todo el mundo, el fallo de Rodríguez carece de toda lógica por la particularidad de la causa, más allá de la censura misma.
Ocurre que el acusado de los presuntos abusos sexuales es hijo, hermano y sobrino de tres de los integrantes del grupo musical. A esta situación se agrega el hecho de que (y he aquí la particularidad) Mario Teruel apareció involucrado, de causalidad, en una causa por drogas en el marco de una inspección ocular realizada por el fiscal Federico Obeid en el domicilio del músico, donde habrían ocurrido los supuestos abusos sexuales que le imputan a su hijo Lautaro. En la propiedad se encontraron plantaciones de marihuana y por esta situación se le abrió en la Justicia Federal de Salta.
La jueza Rodríguez notificó del fallo al Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) para que tome cartas en el asunto ante los medios locales y nacionales. También ordenó la eliminación de todos "los registros informáticos de imágenes, videos, datos, comentarios, links, historiales, sitios, vínculos o motores de búsqueda" vinculados a la causa y que contengan imágenes o el nombre de cualquiera de los integrantes de Los Nocheros.
Va de suyo, que la "mordaza legal" también se extiende a las oficinas de prensa del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal que hasta ahora fueron las principales usinas generadora de información del caso de marras.
Comunicado de Adepa
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió ayer un comunicado en relación con el polémico fallo de la magistrada salteña. "Se trata de una resolución mordaza que configura claramente un intento de censura prohibido de manera expresa por nuestra Constitución", expresa la institución más representativa del periodismo nacional. Agrupa a 180 empresas de medios de todo el país, entre editoras de diarios, periódicos, revistas y sitios web.
Adepa señala que "esta interdicción constitucional no implica ausencia de responsabilidad ulterior ante eventuales perjuicios ocasionados por los medios". Y agrega: "Pero la eventual defensa del derecho al honor, la intimidad o la imagen no pueden, dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en el de la mayoría de las democracias modernas, cercenar la libertad de prensa y de expresión con una restricción que impide la difusión de información e ideas".
La entidad sostiene que "prácticas habituales en casos vinculados al mundo del espectáculo como la notificación de la imposición de bozales legales están en línea con la resolución de la jueza Rodríguez". Precisa que el país cuenta con una frondosa jurisprudencia que reafirma la prohibición de la censura previa, nutrida por casos que tuvieron amplia difusión, tales como Lacroze de Fortabat c/Barone, Chamatrópulos c/La Gaceta, "Pérez Arriaga c/Arte Gráfico Editorial Argentino SA o Servini de Cubría, María Romilda s/amparo.
Adepa concluye el comunicado en estos términos: "Admitir la potestad de los jueces de decidir qué puede o no publicarse implicaría que estos dejaran de ser tales para transformarse en censores".