Los jueces salteños apoyan el sistema acusatorio pero advierten sobre falencias de infraestructura, personal e informatización. La aplicación en Salta y Jujuy forma parte del ambicioso proyecto nacional de "fortalecimiento de la Justicia Federal con asiento en las provincias".

Magistrados de nuestra región comparten la iniciativa, el espíritu del proyecto de combatir el narcotráfico y el nuevo rol que se asigna al Ministerio Público. Reconocen los esfuerzos de los últimos años por mejorar el servicio judicial en la región.

Sin embargo, consideran que en los días que faltan para instrumentar el sistema acusatorio no será posible responder a falencias en materia de infraestructura, sistema informático y personal para que funcione adecuadamente.

Entre las principales medidas que incluye el plan de fortalecimiento se cuentan la creación de 94 cargos de jueces en el país y 85 nuevas fiscalías dedicadas exclusivamente a las investigaciones de delitos de narcotráfico; "un amplio refuerzo de los uniformados de fuerzas de seguridad en las fronteras calientes; nuevas metodologías de procesamiento penal y el aporte crucial de la Corte Suprema para avanzar con las causas que involucran a traficantes de droga".

De esta manera, prometían hace un año que en la zona del NOA "habrá 17 nuevos cargos de jueces federales, lo que implicará un aumento del 121%, y 21 fiscales para atender causas solo relacionadas con el narcotráfico". Sin embargo, el sistema acusatorio comenzará a funcionar precariamente, ya que se esperaba contar con seis jueces de primera instancia en Salta (hoy son dos), tres en Orán (hoy hay uno), dos en Tartagal (hoy hay uno) y cuatro en Jujuy (hoy son dos). Además, se esperaba un aumento significativo del número de fiscales federales en todo el ámbito regional.

Por otra parte, no existe en la sede salteña ni en las tres subsedes espacio físico para las oficinas judiciales que son imprescindibles para el sistema acusatorio.

El lunes 27, la Cámara Federal de Salta, con las firmas de Mariana Catalano, Alejandro Castellanos, Guillermo Elías, Ernesto Solá y Renato Rabbi Baldi expresaron en una resolución su "plena disposición para dar inicio al sistema acusatorio". El texto, dirigido a la Suprema Corte, al Consejo de la Magistratura y a la Comisión Bicameral de Seguimiento de esta reforma advierte que "no están dadas las condiciones para que sean operativas las oficinas judiciales -base del sistema-", ni en la sede ni en las tres subsedes. El documento puntualiza que las tres oficinas prestadas por Parques Nacionales no han sido acondicionadas y que no están habilitadas las disponibilidades de espacio en Orán y Jujuy. Y no se cuenta con el lugar para el personal que se debería designar en Tartagal.

Los jueces acompañan sus observaciones con un informe del intendente de la Cámara Federal donde se añade que las salas de audiencia de Salta y Jujuy están siendo acondicionadas para estas funciones, mientras que ni en Orán ni en Tartagal están asignados los espacios.

La Cámara hace referencia al trabajo que realiza el Consejo de la Magistratura para incorporar a las cuatro sedes al sistema interconectado Lex 100, pero advierte que este no ha sido probado, y que el personal aún no está capacitado. Recuerda además comunicaciones anteriores, en igual sentido.

La reforma se propone dar respuesta a la necesidad de avanzar hacia un sistema acusatorio en el que "la oralidad, la inmediatez, la contradicción y la publicidad sean la guía de los procesos judiciales".

Algo parece haber fallado: en junio de 2018, la Nación anunciaba que "las instituciones han iniciado los procesos de adecuaciones edilicias en las provincias de Jujuy y Salta". También, que había iniciado la entrega de equipos informáticos nuevos para Salta, a la vez que se avanzó "en el diseño de los protocolos de actuación de las unidades administrativas u oficinas judiciales".

Sin embargo, todo esta a medias, o menos.

 

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