La joven salteña que logró huir y contarle a un médico de Chubut que era víctima de trata con fines de explotación sexual pone en evidencia la importancia que tiene el sistema de salud en el rescate de estas personas.
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La joven salteña que logró huir y contarle a un médico de Chubut que era víctima de trata con fines de explotación sexual pone en evidencia la importancia que tiene el sistema de salud en el rescate de estas personas.
En Estados Unidos algunos distritos ya empezaron a aplicar políticas para que médicos y enfermeros estén más atentos ante pacientes que pueden presentar signos de violencia o algún tipo de coerción.
En la Universidad de Vermont, muy cerca de la frontera con Canadá, un centro de capacitación perteneciente al Laboratorio de Simulación Clínica desarrolló una aplicación para que los agentes de la salud utilicen ante sospechas de trata de personas.
Cate Nicholas, directora de del centro, admitió a El Tribuno que en un principio los profesionales se niegan a completar los formularios porque consideran que se les suma trabajo, pero que al entender la problemática de la trata empiezan a hacerlo.
Desde esa institución remarcaron que el 87% de las víctimas tuvo contacto con un efector de la salud mientras era sometida por tratantes. "Esta realidad coloca a los profesionales de la salud en una posición única para identificar a las víctimas", destacaron. "Nos enfrentamos a un fenómeno social más que a un delito, por eso se requieren múltiples enfoques", remarcó este medio la abogada y docente Roza Pati, de la Escuela de Derecho de la Universidad St. Thomas de Miami.
Desde esa institución empezaron a capacitar a enfermeros sobre la trata de personas. Destacan que los trabajadores de la salud son fundamentales para la detección de casos. Esa institución, además, comenzó a abordar distintos aspectos de este flagelo en las carreras que allí se dictan. Pati entiende que se requiere un tratamiento integral, por el grado de vulnerabilidad que cargan las víctimas y sobrevivientes de la trata.
En Argentina, por cierto, la Ley 26.842, sancionada en 2012, establece que se debe capacitar y especializar a los funcionarios públicos de todas las instituciones vinculadas a la protección y asistencia a las víctimas.
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