América Latina es la región más violenta del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el subcontinente, donde vive el 13% de la población mundial, se registraron el 37% de todos los homicidios del planeta.
inicia sesión o regístrate.
América Latina es la región más violenta del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el subcontinente, donde vive el 13% de la población mundial, se registraron el 37% de todos los homicidios del planeta.
El último informe estima que en 2017 hubo 464.000 muertes violentas en el mundo, de las cuales, el 19% fueron víctimas del crimen organizado. Las bandas delictivas causaron cerca de 90 mil muertes, una cifra similar a la de fallecidos en todas las guerras activas durante ese mismo año.
En 2017, cerca de 200 mil personas murieron asesinadas en nuestra región, donde se encuentran 42 de las ciudades más violentas del mundo, en su mayoría ubicadas en México, Venezuela y Brasil.
Cada 100 mil habitantes, en América Latina se registran 17.2 homicidios anuales, casi el triple del promedio mundial, de 6.1.
Cuando la tasa supera los diez homicidios, para la ONU es "epidemia".
Venezuela y Colombia muestran dos procesos inversos. En el primero, cuya capital, Caracas, es la ciudad con mayor criminalidad en el planeta, la tasa de homicidios pasó 13 a 57 por 100 mil habitantes entre 2012 y 2017. Colombia, en proceso de pacificación y desarticulación de la guerrilla y el narcotráfico, mejoró de 80 a 25 homicidios cada 100.000 habitantes.
Estadísticamente, Argentina, Uruguay y Chile aparecen por debajo del promedio mundial de 6.1 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y muy cercanos a las tasas europeas.
Los datos son alentadores, desde el momento que, a pesar de las apariencias, el nuestro es un país mucho más pacífico y seguro, aunque también es claro que no existen garantías a largo plazo de que esta situación se mantenga.
En primer lugar, es imprescindible despojar de ideología a la reflexión sobre este tema. Tampoco es conveniente suponer que nuestro país estará siempre mejor que otros en cuanto a la violencia criminal.
La ONU no explica en forma definitiva la amplitud del fenómeno en nuestro continente.
Sin embargo, dos factores aparecen como constantes.
Uno, la acción de organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y, eventualmente, el terrorismo. La Argentina dejó de ser país de tránsito para la droga. La producción de paco se ha convertido en una industria local, un pinge negocio destinado a lucrar con los sectores de menores ingresos. Además, los grupos delictivos extienden su influencia en las fuerzas policiales y en grupos vulnerables de la vida política. Estos son fenómenos en pleno ascenso.
Por otra parte, la duplicación de la pobreza entre 1989 y 2019, de la mano de un deterioro significativo del empleo genuino, ha generado núcleos de marginalidad social que exceden al 15% de la población, que según la Universidad Católica Argentina, vive en hogares con tres generaciones de desocupados.
Se trata de más de seis millones de personas excluidas y sin esperanza, alojadas en la marginalidad de los grandes asentamientos, en las periferias urbanas.
En Rosario de Santa Fe y en el conurbano bonaerense, existen focos de violencia criminal cuya proyección a futuro es difícil de calcular en un escenario donde ni la economía ni las instituciones generan confiabilidad.
De todas maneras, es importante destacar que no se está "criminalizando" a la pobreza. Más bien, los expertos de la ONU apuntan a la inequidad y señalan los desequilibrios en los ingresos que generan los procesos de desarrollo, la ausencia de expectativas personales, educativas o laborales, y la sensación de impunidad: solo el 43 % de los homicidios son resueltos por la policía y la Justicia en América Latina, la tasa más baja del mundo y casi la mitad de Europa.
Es evidente, entonces, que el continente, y nuestro país dentro de América Latina, deben asumir problemas sociales nuevos, engendrados a lo largo de varias décadas y que no serán resueltos sino por gobiernos capaces de mirar sin vendajes mezquinos la realidad social y laboral, y de colocar la equidad en el trabajo, la educación y el ingreso como principios innegociables de cualquier decisión política.