La medida fue dispuesta como resultado de una tarea procesal que se inició el 10 de julio del año pasado, a partir de denuncias cruzadas entre las partes que mantienen un litigio de superposición de límites entre las fincas Las Botijas y Las Colmenas II y que se dirime en el Juzgado Civil y Comercial de Orán. La zona del conflicto se ubica sobre ruta 13, en el límite entre los departamentos de Orán y Rivadavia Banda Sur.
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La medida fue dispuesta como resultado de una tarea procesal que se inició el 10 de julio del año pasado, a partir de denuncias cruzadas entre las partes que mantienen un litigio de superposición de límites entre las fincas Las Botijas y Las Colmenas II y que se dirime en el Juzgado Civil y Comercial de Orán. La zona del conflicto se ubica sobre ruta 13, en el límite entre los departamentos de Orán y Rivadavia Banda Sur.
Todo se inició con una denuncia radicada por el intendente Leopoldo Cuenca, quien adujo ser el propietario del terreno en disputa. El jefe comunal de Rivadavia Banda Sur denunció en el destacamento policial de esa comuna la intromisión ilegal en su finca, Las Botijas, por parte de empleados de la firma Tierra Vasca, propietaria de Las Colmenas.
El terreno, ubicado a 30 kilómetros de La Unión, se convirtió luego en el eje de otras denuncias de Cuenca y de su esposa, Paola Torres. En tanto, el apoderado legal de la firma Tierra Vasca, Diego Mazzucheli, también cruzó denuncias en contra del intendente.
Las partes en conflicto adujeron haber sido víctimas de distintos delitos, entre ellos, usurpación, robo calificado, hurto y amenazas con armas de fuego, entre otros. Las acusaciones surgieron, según lo denunciado, de supuestos incidentes que mantuvieron al disputarse la posesión del terreno.
Lorenzo Elías Porcel, empleado de Cuenca, había denunciado que trabajaba en la finca del intendente y que residía en una vivienda, ubicada a unos 4 kilómetros del portón de acceso, pero que al regresar de visitar a familiares, el candado del portón había sido cambiado.
Agregó que igualmente ingresó y llegó a su casa, donde se despertó al día siguiente, oportunidad en la que tuvo un encuentro con tres sujetos, quienes lo intimaron a que se marche de la propiedad, ya que si no lo hacía "no sabían qué podía pasar con él".
Indicó además que sólo pudo llevarse su caballo, ya que el resto de sus pertenencias habían desaparecido.
Contradenuncia
Por su parte, Alejandro Bauid, empleado, y Mazzucheli, en calidad de apoderado legal de Tierra Vasca SA, denunciaron que personas desconocidas irrumpieron en el terreno en disputa, el cual aseguran, les pertenece.
Dijeron que cambiaron el candado, sacaron a la ruta dos tractores, una rastra y una heladera de la empresa, tras lo cual se apropiaron del lugar.
A partir de las denuncias, tanto de una parte como de otra, la fiscalía penal de Pichanal llevó adelante varias diligencias e incluso imputó distintos delitos a los acusados, entre ellos, Mazzucheli y Paola Torres, esta última encargada de la finca Las Botijas.
En vista de que, entre abril y mayo de este año, las denuncias recrudecieron, la Procuración dispuso la conformación de un equipo de fiscales que desde entonces llevaron adelante una serie de medidas probatorias a fin de establecer las conductas penales de los protagonistas y, en su defecto, determinar los delitos cometidos.
Usurpación y hurto
Las fiscales del caso entendieron que corresponde llevar a juicio a Mazzucheli, apoderado de Tierra Vasca SA, por los delitos de “usurpación” y “hurto campestre”.
Destacaron las testimoniales de vecinos que prueban que la propiedad del lugar, al momento de la irrupción del apoderado y otros empleados, era detentada por Cuenca. “Mazzuchelli no puede alegar desconocimiento de quién era el poseedor de las tierras al momento de su ingreso”, dijeron.
Respecto al accionar de Torres, señalaron que “se infiere que el predio en cuestión estaba siendo poseído por Mazzucchelli en representación de Tierra Vasca SA”, y que “surge palmario el conocimiento que debió tener Torres respecto que la posesión del predio estaba siendo detentada por otras personas”.
Se determinó que Torres contrató servicios de terceros para repeler posibles ingresos no autorizados de personas en la finca. Se considera que Torres invadió y permaneció en el inmueble en cuestión, no dejando ingresar a quienes detentaban su posesión, por lo cual también pidieron juicio por usurpación.