En Nueva York, la fiscal de Estado de Salta, Pamela Calletti, habrá recibido ayer la noticia del rechazo al último recurso de impugnación que impulsó por la causa de los brigadistas. La funcionaria se encuentra por estos días, con el auspicio de las arcas provinciales (que están a su resguardo), en un taller sobre "innovaciones en la Justicia" que se realiza en la cosmopolita ciudad norteamericana.
inicia sesión o regístrate.
En Nueva York, la fiscal de Estado de Salta, Pamela Calletti, habrá recibido ayer la noticia del rechazo al último recurso de impugnación que impulsó por la causa de los brigadistas. La funcionaria se encuentra por estos días, con el auspicio de las arcas provinciales (que están a su resguardo), en un taller sobre "innovaciones en la Justicia" que se realiza en la cosmopolita ciudad norteamericana.
Con el fallo que se dio a conocer ayer del juez Adolfo Figueroa, vocal de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, se superó otro escollo en el empantanado camino hacia el juicio por el caso de los cuatro agentes de Defensa Civil, quienes murieron calcinados el 28 de octubre de 2014 tratando de sofocar un incendio forestal en un lugar inhóspito de Guachipas.
Figueroa resolvió no hacer lugar a la apelación, presentada en noviembre del año pasado, sobre otro fallo que tampoco aceptó el pedido de deslindar la posible responsabilidad de la Provincia en el fallecimiento de los brigadistas.
Hasta hacer una crónica de los distintos intentos de Calletti por apartar al Gobierno provincial de este proceso judicial resulta engorroso. La abogada podrá decir que es su obligación en la función que ocupa intentarlo, pero la búsqueda de la verdad y Justicia en tiempo y forma debería ser una necesidad superior para cualquiera que represente al Estado.
La elevación a juicio por la tragedia de Guachipas fue ordenada en septiembre de 2017 y desde allí se interpusieron numerosas trabas administrativas para impedir que el juez Diego Rodríguez Pipino, titular de Juzgado de Garantías 4, ponga fecha para la audiencia de debate. El propio magistrado tuvo que aclarar en su momento, para no quedar manchado por las infinitas chicanas judiciales, "que la actuación en la Justicia nunca se demoró, sino que la falta de fecha de juicio se debe a las numerosas presentaciones de las partes".
Desde la Fiscalía de Estado les queda ahora recurrir a la Corte de Justicia de Salta para seguir prolongando el inicio de juicio. Caso contrario el proceso podría comenzar dentro de tres o cuatro meses, según explicó a El Tribuno Omar Valdez, padre de Mauricio, una de las víctimas de la tragedia, quien ya había consultado sobre ese punto a su abogado Marcelo Arancibia.
"Todas estas maniobras dilatorias son manejadas por el Gobierno para salvar a los acusados", afirmó el padre.
Imputados
El juicio que todavía no tiene fecha es en contra de tres exfuncionarios de la Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia, acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Son Víctor Jesús Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagum, quienes estaban a cargo del operativo que se había dispuesto para extinguir un incendio forestal en las serranías de El Acheral. En ese sector, ubicado 35 kilómetros al este de Guachipas, Mauricio Valdez (de 27 años), Martín Albarracín (27), Víctor Ferreyra (37) y Matías Daniel Vilte (22) perdieron la vida incinerados.
A los exfuncionarios se los imputa por la situación de precariedad en las que estaban contratados Valdez y Vilte, quienes tenían como función tareas "de desmalezamiento", mientras que Ferreyra y Albarracín sí se encontraban en planta permanente con verdaderas funciones y capacitación de brigadistas.
El último fallo
El juez Adolfo Figueroa, de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, sentenció que la parte civilmente demandada, en este caso el Estado provincial, solo deberá responder por el daño que los imputados habrían provocado con el hecho por el que se encuentran imputados, lo que será declarado por el tribunal penal.
En ese sentido, actuando en este caso como tercero civilmente demandado, la Provincia no puede ser excluida para actuar dentro del proceso penal debido a su carácter de sujeto de derecho público.