La demanda de tierras atenta contra  derechos de pueblos originarios

Momentos de tensión vivieron ayer vecinos de la zona oeste de Salta, ya que desde hace una semana hay intentos de tomas de terrenos que pertenecen a la comunidad indígena Lules de finca Las Costas.

Según pudo saber El Tribuno, hubo una intimación del Juzgado de Garantías 5, por pedido de la fiscal Gabriela Buabse. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que quienes piden terrenos en la zona se trasladaron al Centro Cívico Grand Bourg, a unos pocos kilómetros, para seguir el reclamo.

Durante la mañana de ayer más de un centenar de personas se concentraron en la rotonda que está frente a la Gobernación, con el fin de exigir "soluciones" para cientos de familias que no tienen viviendas. Algunos de ellos viven en el barrio Palermo 2, ubicado frente a las tierras de los Lules. Otros llegaron desde otras zonas para unirse a la demanda.

En la comunidad aborigen, desde hace una semana que no están tranquilos. Muchos dejaron sus casas para instalarse en las inmediaciones de la avenida Las Costas para "resistir" los intentos de toma de terreno y apoyar a la Policía, que evita que los vecinos ocupen su territorio. En el marco de este conflicto, la semana pasada hubo incidentes y tres trabajadoras de la fuerza resultaron heridas.

David Torres, presidente de la comunidad Lules, sospecha que hay agrupaciones políticas detrás de la movida, que juegan con la necesidad de la gente. Lamentó que ningún funcionario provincial -ni del Ejecutivo ni del Legislativo- se hubiera acercado a ellos.

"Tenemos rumores de que hay organizaciones que estarían detrás de esto. Observamos que toman lista cada tres horas y, al parecer, hay como sanciones para aquel que no esté presente", comentó a El Tribuno. Advirtió también que a los vecinos les piden dinero para "asesoramientos legales".

"Es lamentable una utilización política de las necesidades que tiene esta gente", expresó. "Sabemos que es real que no tienen casa, pero la comunidad no es responsable de esa situación. Son políticas que se deberían haber aplicado desde el Estado. La comunidad no tiene por qué soportar esa carga".

La reforma de la Constitución de 1994, mediante el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantiza el respeto a su identidad, educación bilinge e intercultural, personería jurídica de sus comunidades y posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan.

El artículo segundo de la Resolución 1.020 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, del año 2014, reconoce "la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad indígena Lules de finca Las Costas". El pueblo cuenta con personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, desde 2006.

La Ley 26.160, del mismo año, declara "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país".

Una posesión diferente

Torres mencionó que la gente que pide terrenos argumenta que el territorio de ellos está "vacío". Explicó que los pueblos originarios se relacionan con sus territorios de diferentes formas, a través de sitios arqueológicos, ceremoniales, uso del pastoreo y de la recolección, que también implican posesión, en la cosmovisión indígena.

"Esto capaz que no lo puede entender la cosmovisión occidental o la sociedad no indígena, pero para nosotros la tierra es sagrada, porque nos sentimos parte de ella. Acá enterramos nuestros viejos, nuestros animales. Después ellos se hacen pasto, ese pasto alimenta a las vacas y otra vez las vacas alimentan a nosotros", señaló.

"No podemos estar peleando entre pobres por algunos descuidos que ha habido. Nosotros también somos argentinos, salteños, pobres, y encima indígenas empobrecidos históricamente. Aquí hay una doble vulneración", pronunció.

María Saravia, vicepresidenta de la comunidad, lamentó que, a raíz del conflicto sufrieron agresiones, hostigamiento y amenazas.

 “Queremos solución para la gente”

“La gente está pidiendo terrenos”, expresó Liliana Zurita al hablar con El Tribuno, tras arengar a sus compañeros a aplaudir cada vez más fuerte frente al Centro Cívico.
“Dicen que son de los Lules. Nosotros tenemos la cédula parcelaria que nos dieron el IPV. Ahí dice que es de la Provincia. Queremos una solución para la gente”, manifestó.
Contó que vive en Palermo 2 desde hace 25 años: “Estamos peleando por esa tierra que está llena de monte y hay gente que necesita”. Ylda Rodríguez agregó: “Nunca he visto que hayan sembrado”. Ambas comentaron que se enteraron de que se vendían terrenos de la comunidad Lules: “Cuando fue gente a querer comprar, no le quisieron vender. Entonces empezamos a reclamar”.
Desde el IPV dijeron que no tienen competencia y que no es correcto lo que transmitieron las vecinas. Desde la comunidad Lules aseguraron que ellos no pueden vender las tierras.
 

 

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