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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha puesto su mejor esfuerzo para celebrar los cien años de su existencia. En ese marco se desarrolló la 108 Conferencia Internacional del Trabajo, en su sede de la ciudad de Ginebra. Participaron más de 6.000 delegados de 187 países (una rediviva Torre de Babel), se ocuparon de examinar nada menos que el futuro del trabajo. Ese futuro se encuentra jaqueado por las innovaciones tecnológicas, los cambios demográficos, el cambio medioambiental y climático y la globalización, así como la persistencia de desigualdades económicas, que tienen profundas repercusiones en la naturaleza y el futuro del trabajo y en el lugar y la dignidad de las personas que se encuentran en dicho contexto.
Luego de ocho años en que la OIT no alcanzó a plasmar un nuevo convenio (lleva 189 convenios desde su nacimiento) en esta reunión se logró acordar un nuevo tratado internacional sobre la violencia y el acoso en el trabajo. También se concertó una Declaración General que se agregará a las cinco que emitió en toda su trayectoria.
El convenio sobre violencia y acoso (N°190, 2019), y la Recomendación sobre violencia y acoso, fueron adoptados por los delegados en el último día de esta Conferencia Internacional del Trabajo del Centenario. Se emitieron 439 votos a favor de la aprobación del convenio y 7 en contra, y se produjeron 30 abstenciones. La recomendación se aprobó con 397 votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones. En definitiva, fue votada por abrumadora mayoría por los representantes de los Estados, los sindicatos y las empresas de todo el mundo. Llama la atención que entre las pocas abstenciones registradas figuran las del sector empresario argentino, a contrapelo de la historia y de su propia conveniencia. Es tan primitivo el gremialismo empresario argentino que no advierten que la inexistencia de normas que regulen esta situación los coloca en una zona de inseguridad. En realidad, tanto el Estado argentino, como los sindicatos o las empresas tratan de suprimir el problema del acoso y la violencia, simplemente ignorándolo. No solo no existen leyes, tampoco los convenios colectivos contemplan esta situación y las empresas no han adoptado protocolos que en definitiva- son medios de autodefensa.
En el convenio se reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo “pueden constituir un incumplimiento o una inobservancia de los derechos humanos... y poner en riesgo la igualdad de oportunidades, y que son inaceptables para lograr un trabajo decente, e incompatibles con este”. La “violencia y el acoso” se definen como comportamientos, acciones o amenazas “que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico”.
Uno de los debates más polémicos giró en torno de la necesidad, o no, de enunciar a los grupos vulnerables, más susceptibles de ser víctimas. Y dentro de estos el más discutido fue el colectivo conformado por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y no conformes con el género. Prevaleció la idea de una enunciación genérica.
En la Carta Constitutiva de OIT aprobada en 1919, en el Palacio de Versalles, cuando renacieron ilusiones y esperanzas por un mundo mejor, al emerger de la sangrienta Primera Guerra Mundial, se denunció: “Existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales”. Cien años después, si bien estas condiciones siguen siendo asignaciones pendientes, algo se ha progresado. Y gran parte de ese progreso, sin duda, cabe atribuirlo al persistente accionar de la Organización Internacional del Trabajo.