El proyecto de ley presentado con el objeto de garantizar el principio de laicidad del Estado por un grupo de diputados de la provincia de Salta, lejos de lograr un estado neutro, vulnera los derechos de otros, toda vez que se pretenda retirar los crucifijos de los recintos públicos. La presencia de la cruz con o sin Cristo, representa una parte fundamental de la memoria histórica de nuestra identidad como Patria.
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El proyecto de ley presentado con el objeto de garantizar el principio de laicidad del Estado por un grupo de diputados de la provincia de Salta, lejos de lograr un estado neutro, vulnera los derechos de otros, toda vez que se pretenda retirar los crucifijos de los recintos públicos. La presencia de la cruz con o sin Cristo, representa una parte fundamental de la memoria histórica de nuestra identidad como Patria.
Los fundamentos que presenta el proyecto están viciados de parcialidad en la narrativa de la historia y ponen de manifiesto el desconocimiento de la idiosincrasia de nuestra población, con un fuerte compromiso en la fe hecha cultura en la religiosidad popular y en su espíritu solidario.
Es verdad que el Estado argentino es un estado laico, como lo es también, nuestra provincia, y que los lugares donde se imparte justicia, donde se dictan las leyes y donde se gestionan las políticas públicas en beneficio de la comunidad no son lugares de culto religioso de ninguna confesión, pero, es cierto también, que los crucifijos colocados en los edificios públicos, forman parte de los símbolos culturales e históricos; hablan de la gestación de nuestra Patria, donde la labor de la iglesia católica fue contundente para la concreción de la Independencia Argentina en 1816.
La labor evangelizadora en el Virreinato del Alto Perú comenzó el mismo día en que los españoles llegaron a nuestras tierras y emprendieron la gesta conquistadora. Las órdenes religiosas iban llegando paulatinamente, y luego fueron creados los obispados de Lima (1547), de la Plata (hoy Sucre, año 1551), de Córdoba del Tucumán (1570), y fueron organizando la estructura de una iglesia ligada al poder civil y militar de ese tiempo. Un pueblo que se fue forjando en un clima de cristiandad, con el espíritu de la contrarreforma que se respiraba en Europa, especialmente en el reino de España, "un pueblo de sangre y de fiesta, de cruz y de espada".
A pesar del ambiente de cristiandad, que llega hasta nuestros días, las órdenes religiosas usaron su poder para garantizar justicia y bienestar a las comunidades de los pueblos originarios, los criollos, mestizos y afro descendientes, con todas sus luces y sombras; pensemos en la labor realizada por los franciscanos y los jesuitas, que no dudaron a la hora de enfrentar al poder civil para defender a sus fieles y todos los hombres aunque no estuvieran bautizados.
Cuando se inició el período de la independencia fueron los clérigos católicos quienes apoyaron esta epopeya, junto a notables juristas, periodistas, comerciantes y militares formados en las universidades y escuelas fundadas por la Iglesia. Ella aportó las ideas de libertad y justicia, y con las tesis del revolucionario jesuita Francisco Suárez, se forjó la conciencia democrática en estas tierras, manifestando las primeras rebeliones en Sucre en el año 1809, sede la Universidad San Francisco Javier, fundada y dirigida por los hijos de Ignacio de Loyola.
En nuestro país, la Iglesia Católica fue perseguida por quienes intentaron ensayar posturas totalitarias en nombre de la igualdad y el populismo, y antes, a fines del siglo XIX, en nombre de la modernidad se fueron diluyendo aspectos de poder que detentaba la milenaria institución, cediendo paso a la construcción de un país más laico. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia fue cambiando su modo de estar en el mundo y asumió un compromiso más fuerte con los problemas terrenales, lo que le valió un cisma y serios conflictos internos aún no resueltos. Ella lucha contra el clericalismo como un cáncer que la carcome por dentro. Si la cruz en los edificios públicos refleja la memoria histórica, debe quedar en su lugar, pero nunca debe reflejar el poder temporal de la Iglesia sobre la justa laicidad del estado.
Una iglesia sin poder temporal es más testimonial y fiel al mensaje de Cristo, le da independencia para poder ser la garante de la justicia frente a los poderes del mundo.
En el último proceso militar, entre el período de 1966 a 1983, con algunas alternancias de gobiernos democráticos débiles, y más allá de ciertas complicidades clericales, hubo una iglesia comprometida con la causa de los pobres, fiel al espíritu del Concilio Vaticano II. Hubo verdaderos mártires de la fe, pastores y laicos que se jugaron por los perseguidos, que, sin importarles la ideología o religiosidad que profesaban, se empeñaron por defender a los hombres y las mujeres, por la sola condición de ser humanos y hermanos en la Patria. Algunos entregaron sus vidas para salvarlos, como los mártires riojanos, priorizando el diálogo y el consenso para restaurar la democracia y la libertad.
No se pretende hacer una defensa de la Iglesia Católica, que tiene su claro-oscuro en debates internos, pero sí, debemos dejar sentado que no se puede negar en nombre de la neutralidad laicista la presencia del cristianismo en la lucha por la igualdad, la libertad, la justicia y la paz en nuestra patria.
La evangelización, como proceso integral del cuidado de los pueblos en su salud, alimentación, educación y respeto por los derechos humanos, llevada a cabo por la Iglesia ha dejado innumerables testimonios en lugares de culto, como las catedrales, templos, universidades, hospitales, hogares de ancianos, que son patrimonio histórico de la ciudad y claro ejemplo de compromiso solidario.
Así la presencia del Cristo Crucificado se fue haciendo cultura en la vida cotidiana de la gente.
La presencia del crucifijo en los recintos públicos es parte esencial de nuestra memoria histórica, social y cultural, más allá de lo meramente cultural.
La discriminación adquiere nuevas formas cuando se ataca las raíces de una sociedad y cuando se pretende borrar de la memoria colectiva la labor de instituciones milenarias que acompañaron el nacimiento de esta nueva nación.
Aquí la palabra clave de la democracia es “respeto”, que cada ciudadano pueda vivir con pleno derecho sus opciones personales de cualquier índole, sin discriminaciones de ningún sector.
Respeto que comprende a todos los sectores como deber y como derecho, sean sectores masivos o minoritarios.
En una provincia con grandes deudas sociales es necesario el trabajo conjunto de las instituciones religiosas, barriales, políticas, movimientos sociales, ONG, en una mesa de diálogo y consenso, ya que ningún estado por muy fuerte y rico que sea, puede salvar a un pueblo por sí solo.
No es tiempo de mesianismos o de pensamientos mágicos, no es tiempo de fanatismos ni de generar nuevas grietas, es tiempo de comunión y participación.
El progreso y la modernidad del estado no se consiguen con la simple supresión de los Cristos colgados en las oficinas públicas.
Es el compromiso generoso y despojado de intereses personales con los pobres y descartados de la patria, el que sacará este país adelante.