Cinco concejales de la ciudad de Salta dialogaron con El Tribuno tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la semana pasada declaró inconstitucional una ordenanza del municipio General Güemes, que disponía el traslado de dos antenas de telefonía celular fuera del ejido urbano.
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Cinco concejales de la ciudad de Salta dialogaron con El Tribuno tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la semana pasada declaró inconstitucional una ordenanza del municipio General Güemes, que disponía el traslado de dos antenas de telefonía celular fuera del ejido urbano.
Los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti consideraron que la normativa municipal interfería en la competencia regulatoria, que, en este caso, es federal. En disidencia, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti manifestaron que los municipios, de acuerdo con la Constitución Nacional, pueden regular cuestiones referidas al planeamiento urbano, mientras no sea un "obstáculo real y efectivo" para la prestación del servicio de comunicaciones.
Para conocer sus posturas sobre la sentencia del máximo tribunal y sobre cómo este podría impactar en la ciudad de Salta, El Tribuno consultó a concejales capitalinos, que el año pasado participaron en los debates que hubo en torno a un proyecto de ordenanza, propuesto por el oficialismo, para actualizar la regulación de la instalación de antenas para telecomunicaciones y telefonía celular. Si bien la iniciativa fue aprobada en general, no se trataron todos los artículos en particular por el rechazo de la mayoría de los ediles y por la oposición de vecinos.
"Contra los ciudadanos"
Cristina Foffani (Partido Obrero) criticó el fallo de la Corte y consideró que "es un golpe a toda la lucha" que venían dando los vecinos. "Esto significa que (los concejales) no tenemos incumbencias en los mecanismos de cuidado del medioambiente y de la salud de las personas", expresó. Observó que el máximo tribunal dio más importancia al interés de las empresas que al interés y al bienestar de la gente: "Más allá de lo que diga la Corte, es permitirles avanzar sobre los barrios y sobre la población".
"Ahora, el sector del oficialismo, que está tratando de instalar más antenas con la máxima potencia en medio de los barrios, se fortalece. Por eso, la lucha de los vecinos de retomar aquel reclamo va a ser fundamental", aseguró.
Martín del Frari (Frente Ciudadano para la Victoria) opinó que se trata de una sentencia "en contra de los ciudadanos". "Estoy en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que demuestra que tiene algún tipo de parcialidad, o que favorece a las empresas de los medios de comunicación".
Planteó que "seguramente los vecinos seguirán esta lucha en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" y mencionó que en Güemes se comprobaron muchos casos de cáncer alrededor de las antenas que hay en la ciudad.
"Nosotros tenemos que seguir trabajando en sacar una ordenanza en la ciudad de Salta, que permita colocar antenas de telefonía celular: que haya conectividad, pero que se bajen las potencias en las que trabajan; que no se coloquen en medio de barrios humildes, donde tendrían que ir entre las casas", graficó.
Foffani y Del Frari contaron que hay 11 pedidos aprobados para que se desmantelen y se trasladen a otros lugares de la ciudad antenas, que incumplen la normativa, pero que la Municipalidad no resolvió ninguno de ellos.
Uno de los casos más notorios es un equipo ubicado en la calle Alsina al 1800, entre República de Siria y Junín. Según señalaron, está en un predio de manera irregular, rodeada de casas y edificios de departamentos, a menos de 12 metros de los vecinos.
"Mayor y mejor inversión"
Jacqueline Cobo (Memoria y Movilización Social) consideró que, a partir de este fallo, quienes impulsaron el proyecto de antenas en Salta lo retomarán para volver a instalarlo en la agenda en el Concejo y tratarlo. Contó que su bloque acompañó esta iniciativa, sugiriendo muchas modificaciones, que tenían que ver con los reclamos de los vecinos, para regular aspectos relacionados con la contaminación ambiental y el impacto a la salud.
"Pasar de lleno de una normativa restrictiva, como es la ordenanza actual, a una, que no prohiba o no controle, no nos parece lo mejor. Lo que queremos es avanzar hacia la conectividad, pero teniendo en cuenta todos estos recaudos, que nos permitan el contralor por parte del Estado y la mayor y mejor inversión por parte de las empresas", manifestó.
“Vino a dar claridad”
Alberto Castillo (PRO), quien presentó el proyecto sobre antenas en Salta, consideró que con el fallo de la Corte “todos los obstáculos que había por parte de algunos concejales están desbaratados. La competencia en materia de comunicación es federal. El municipio no puede regular normas que hacen a potencia, frecuencia... Ahora el panorama nos queda muchísimo más claro. Si quieren alguna modificación, se tiene que dar en el Congreso de la Nación”, indicó
Socorro Villamayor (Un Cambio para Salta) opinó que la sentencia “vino a dar claridad” al debate sobre las competencias nacionales y municipales y sobre los derechos a la salud y a la comunicación. “El Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) y la Organización Mundial de la Salud establecen parámetros que, si los volcamos en normativas, garantizamos que no se afecta el derecho a la salud”, remarcó.