Guatemala, el segundo muro de Trump

El agravamiento de las tensiones derivadas de la política antimigratoria de Donald Trump es el invisible hilo conductor que une a episodios aparentemente tan aislados y disímiles como la masacre en la ciudad texana de El Paso, perpetrada por Patrick Crusius, un joven de 21 años, militante del "supremacismo blanco", con la política del presidente mexicano Andrés López Obrador y con los resultados de segunda vuelta de las recientes elecciones presidenciales guatemaltecas, donde candidato centroderechista, Alejandro Giammattei, derrotó a su rival socialdemócrata, Sandra Torres.

El Paso es un símbolo muy especial dentro de la extensa frontera mexicano-estadounidense. Separada por el río Grande de la ciudad azteca de Ciudad Juárez, es virtualmente una comunidad binacional y también biétnica. El manifiesto difundido por Crusius, quien justificó su acción como una respuesta a "la invasión hispana a Texas", refleja la creciente actividad de grupos de ultraderecha empeñados en la acción directa para detener la oleada migratoria.

The New York Times, abanderado del "antitrumpismo", en un editorial titulado "Los tiroteos también son terrorismo", llegó a calificar lo ocurrido como un atentado equiparable por su metodología a aquéllos perpetrados en países europeos por los llamados "lobos solitarios" del terrorismo islámico y exigió a los organismos de seguridad que establecieran sobre esos grupos un sistema de vigilancia similar al instaurado para prevenir las actividades de organizaciones como Al-

Qaeda o ISIS. Al igual que lo que sucede en Europa con la creciente hostilidad contra la migración islámica, esas pequeñas organizaciones ultraderechistas, que utilizan también Internet como medio de comunicación y de coordinación entre sus miembros, explotan el temor instalado en una amplia franja de la población WASP (blanca, anglosajona, protestante), acerca de que la masiva migración hispana puede generar un cambio demográfico en la población norteamericana capaz de atentar contra la identidad nacional estadounidense.

El gobierno de López Obrador, presionado por Trump, sostiene con cifras que la migración mexicana a Estados Unidos ha descendido sensiblemente en los últimos años. La inmensa mayoría de los migrantes que cruzan desde México la frontera estadounidense son centroamericanos provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, los países del llamado "Triángulo del Norte".

Frente a esta situación, el canciller azteca, Marcelo Ebrard, informó que su gobierno enviaría a 6.000 efectivos, para aumentar la vigilancia en la frontera sur, que separa a México de Guatemala y constituye el lugar de paso obligado de esas caravanas. Tras algunos incidentes violentos registrados en la zona fronteriza entre las fuerzas de seguridad y grupos de inmigrantes que intentaban ingresar en territorio mexicano, Human Rights Watch, una de las organizaciones de derechos humanos más influyentes, denunció que "el México de AMLO se está convirtiendo en el muro con el que sueña Trump". Paralelamente, Giammenetti, el flamante mandatario electo de Guatemala, alertaba sobre la necesidad de estudiar en detalle un polémico convenio suscripto entre la Casa Blanca y el actual presidente en ejercicio, Jimmy Morales. El acuerdo determina que los migrantes hondureños y salvadoreños que ingresan a Guatemala tienen que solicitar desde allí su asilo en Estados Unidos antes de continuar su viaje hacia el norte. En cierto sentido, supone construir en Guatemala un "segundo muro", no físico sino legal, para proteger la frontera estadounidense. La justificación esgrimida para la firma de ese tratado se funda en la calificación de Guatemala como "tercer país seguro", un status que, de acuerdo con las normas internacionales en materia de refugiados, le permite a un país acoger a personas que solicitaron asilo en otro. En este caso, los centroamericanos que no reciban la autorización correspondiente para asilarse en Estados Unidos podrían hacerlo en Guatemala.

Plan Marshall o guatepeor

Los críticos del acuerdo afirman que la caracterización de Guatemala como "tercer país seguro" roza el ridículo. El país centroamericano se aproxima peligrosamente a la caracterización de "estado fallido" y, por lo tanto, absolutamente impotente para controlar sus flujos fronterizos y, mucho menos, para albergar a las decenas de miles de inmigrantes hondureños y salvadoreños que ingresan a su territorio como parte de su peregrinaje hacia EEUU.

James Milford, un exfuncionario de la DEA estadounidense, estima que Guatemala está en camino de convertirse en un “narcoestado”. Las estructuras del crimen organizado penetraron las instituciones públicas, entre ellas las Fuerzas Armadas, la Policía, el Poder Judicial y una significativa cantidad de dirigentes políticos. Días pasados, fuerzas de seguridad, apoyadas por efectivos de la DEA, allanaron las oficinas de la Dirección de Aeronáutica Civil, cuyos jerarcas están acusados de permitir el ingreso de drogas al país. Los técnicos del Banco Mundial repiten a menudo que, en relación a su población y a su producto bruto interno, Guatemala tiene, tomando en cuenta su nivel de gasto púbico, el estado más pequeño del mundo. En los hechos el aparato estatal no controla buena parte del territorio nacional, en gran parte gobernado por grupos paraestatales que hasta cobran impuestos. En la relación entre gasto público y producto bruto interno, Guatemala ocupa el último lugar del mundo y entre los 192 países examinados ocupa el lugar 189 en cuanto al tamaño del Estado, sólo delante de Somalia, Nigeria y Bangladesh. Una parte significativa de la elite empresaria guatemalteca denuncia este estado de cosas. Dionisio Gutiérrez, uno de sus exponentes representativos, asegura que “el 75% de la campañas presidenciales han sido financiadas por corrupción y narcotráfico durante los últimos doce años, por lo que es importante impulsar una agenda con el apoyo de instituciones públicas, sociedad civil y sector privado para asegurar que el narcotráfico y la política no sigan haciendo equipo”. En la primera vuelta, en un escenario de enorme dispersión, el nuevo mandatario salió segundo, con apenas el 12% de los votos, contra el 22% de Torres, mientras que en el balotaje se impuso con el 59% de los votos contra el 41% de su rival. La participación electoral, que fue en la primera vuelta del 62%, bajó al 42% en el balotaje. En ese contexto, cabe situar la iniciativa de López Obrador, quien en conjunto con la Comisión Económica para América Latina (Cepal) le propuso a Trump impulsar una suerte de “Plan Marshall” binacional para Centroamérica,     implementado a través de un conjunto de inversiones públicas y     privadas, auditadas internacionalmente, a fin de ayudar a crear las     condiciones necesarias para desalentar la migración a EEUU.
 
 

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