Razonar sobre la independencia del Poder Judicial o de los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional constituye una tarea relevante y de absoluta actualidad. Puede resultar imprecisa y confusa, por lo que quizás convenga refrescar algunas ideas o sacarlas de la nebulosa. La Corte Suprema aludió a esta excelsa labor al decir que "hacer justicia, misión específica de los magistrados, no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo en concreto". Y agregó que "no cabe prescindir de la preocupación por la justicia... (porque el juzgador) ha de atenerse a la vigencia de los principios que ampara la Constitución Nacional y que surgen de la necesidad de proveer el bien común".
inicia sesión o regístrate.
Razonar sobre la independencia del Poder Judicial o de los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional constituye una tarea relevante y de absoluta actualidad. Puede resultar imprecisa y confusa, por lo que quizás convenga refrescar algunas ideas o sacarlas de la nebulosa. La Corte Suprema aludió a esta excelsa labor al decir que "hacer justicia, misión específica de los magistrados, no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo en concreto". Y agregó que "no cabe prescindir de la preocupación por la justicia... (porque el juzgador) ha de atenerse a la vigencia de los principios que ampara la Constitución Nacional y que surgen de la necesidad de proveer el bien común".
Derechos y libertades
¿Por qué tanto interés en la independencia judicial? Legados del constitucionalismo clásico y del surgimiento de las democracias republicanas, la separación y equilibrio de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) fueron establecidos como garantía para controlar al gobernante, posibilitar la libertad, y garantizar los derechos de las personas. Con mayor propiedad, como el poder estatal es único e indivisible, lo que se fragmenta son sus "funciones" en distintos compartimentos, para evitar la concentración de potestades y atribuciones en pocas manos, con el riesgo de abuso y autoritarismo, en detrimento de la libertad.
Se cree que el gobernante tiene tendencia a avanzar tanto cuanto lo dejen, hasta que encuentre un límite. Entonces se busca que "el poder contenga al poder", mediante la vigilancia y control recíproco de órganos distintos, separados e independientes entre sí, de modo que cada uno pueda detener los excesos de los otros, impidiendo el predominio de alguno. Si bien cada uno de los poderes tiene atribuciones propias y exclusivas, entre las cuales están las de control, igualmente deben asistirse y complementarse, en una relación de equilibrio y armonía propia del sistema constitucional.
Las dificultades aparecen cuando estas enunciaciones teóricas, sencillas y loables quieren ser llevadas a la realidad, porque los que tienen que ponerlas en práctica somos seres humanos naturalmente falibles. No admito que "el ejercicio del poder reclama cada vez más poder", porque la ambición desmedida de acaparar atribuciones, a menudo con artimañas o subterfugios, no es una característica innata de la persona humana ni forma parte de su esencia.
El gobernante democrático
El gobernante democrático y republicano no puede desconocer que sus atribuciones son limitadas por la Constitución y la ley, a las que juró someterse.
La independencia judicial se impone así como una necesidad inexorable, para comenzar, porque, al igual que sin separación de poderes, sin justicia independiente no hay república. Enseña Hamilton en El Federalista X que el Poder Judicial es, sin lugar a dudas, el más débil de los tres departamentos del poder, porque no tiene ni la bolsa ni la espada, sino solo el juicio.
Sin dejar de ser el más vulnerable, en alguna medida esa flaqueza se atenúa con el control de constitucionalidad, que permite a los magistrados judiciales declarar la invalidez para un caso concreto de una norma que se juzga contraria a la ley fundamental. La Constitución es lo que los jueces dicen que es.
Esta atribución a veces desagrada a los poderes políticos y genera tensiones, pero sin ella el Poder Judicial quedaría descompensado y dejaría de constituir el último resguardo para la defensa de los derechos individuales.
Recordemos que la función esencial de la Justicia es resolver las controversias llevadas a juzgamiento, entre particulares, entre estos y los Estados, nacional y provinciales, sus organismos, o demás grupos intermedios o factores de poder. En esos conflictos están involucrados derechos y valores tan trascendentales como la vida, la salud, la honra, la libertad, la privacidad, la propiedad, la familia, el trabajo, la información pública, la transparencia y la prensa libre, entre muchísimos otros.
Para cumplir tan sustancial tarea, entonces, debe tener asegurada una absoluta independencia de los demás poderes y de la sociedad misma, por lo que la propia Constitución Nacional contiene una serie de institutos tendientes a garantizar esa libertad. Pero no caigamos en equívocos: la garantía de la independencia de los jueces no constituye un privilegio ni una prerrogativa establecida en su beneficio, sino consagrada en favor de los ciudadanos. Solo así estos podrán confiar en que la persona que debe resolver su cuestión litigiosa no está sometida ni presionada por el poder o los poderosos, los más fuertes, adinerados o influyentes.
Dicho esto, podemos concluir que la independencia de los jueces es la garantía instituida en defensa de los ciudadanos, para que quienes tengan a su cargo la tarea de impartir justicia lo hagan de manera imparcial, objetiva, razonable, conforme a su leal saber y entender y, sobre todo, seguros y libres de influjos externos y de intromisiones indebidas de poderes estatales o fácticos que puedan afectar su decisión por cualquier medio. Solo subordinados a la ley.
Existen estándares internacionales que procuran asegurar y fortalecer la independencia de la judicatura en todos los países, así como instituciones encargadas de examinar y fiscalizar su observancia.
El deber del juez
Como contrapartida, los magistrados tienen a su cargo ineludibles obligaciones, como ser permanentes “conocedores de la ley”, asegurar un pronunciamiento (no pueden abstenerse de decidir), y que este sea justo, con arreglo a derecho, adecuadamente fundado, y dictado en un tiempo razonable. El fallo debe ser una derivación razonada del derecho vigente a la luz de las constancias de la causa, y no producto de la voluntad caprichosa del juez.
En nuestro país, desde hace mucho tiempo, la independencia judicial viene sufriendo numerosos embates, amenazas o ataques más o menos duros. Desde marchas al Palacio de Tribunales, provocaciones o declaraciones impropias de funcionarios importantes, hasta el trato desconsiderado a un juez de la Corte por su edad. Más recientemente se habló de reemplazar el Poder Judicial por un servicio de justicia dependiente del Ejecutivo, de constituir un nuevo modelo de Estado, de que los jueces no pueden ser apartidarios ni imparciales, o de revisar resoluciones judiciales, lo que solo puede darse dentro del Poder Judicial. Ello, con o sin reforma constitucional.
Las desmentidas o aclaraciones posteriores no satisfacen. Los jueces de la Corte Suprema e inferiores, individualmente o a través de la asociación que los representa, se han manifestado en contra de tales acometidas. Estamos sin dudas ante un Poder Judicial debilitado, al punto que en algunas ocasiones tuvo que resignarse a que sus órdenes fueran incumplidas por factores de poder que las resistieron.
Solo cabe esperar que tales presagios no se cumplan y que prevalezca la moderación sobre la imprudencia o el fanatismo. Si la ciudadanía actúa en defensa propia debería reaccionar exigiendo la independencia de los jueces puesta en crisis, evitando la destrucción de la república y la concentración del poder total. Un juez que carece de independencia se transforma en una marioneta complaciente o un impostor dócil, servil y obsecuente. Finalmente, me viene a la memoria un ingenioso titular de un diario cordobés, que vinculando un nombre de calle con el nombramiento de un juez amigo, expresó que “Independencia no pasa cerca de Tribunales”.
.
.
.