El 2 de diciembre próximo se cumplirán nueve años desde la promulgación de la ley nacional 26.657, de salud mental, que fue considerada de vanguardia a nivel mundial y propuso un nuevo paradigma, al reconocer a las personas con padecimientos mentales como sujetos de derecho. Esta normativa propuso llevar adelante un proceso de “desmanicomialización” con reinserción paulatina en la sociedad. Sin embargo, en la provincia de Salta los avances para garantizar su cumplimiento no fueron suficientes.
inicia sesión o regístrate.
El 2 de diciembre próximo se cumplirán nueve años desde la promulgación de la ley nacional 26.657, de salud mental, que fue considerada de vanguardia a nivel mundial y propuso un nuevo paradigma, al reconocer a las personas con padecimientos mentales como sujetos de derecho. Esta normativa propuso llevar adelante un proceso de “desmanicomialización” con reinserción paulatina en la sociedad. Sin embargo, en la provincia de Salta los avances para garantizar su cumplimiento no fueron suficientes.
Recién el martes último se empezó a tratar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para crear el órgano de revisión, previsto en el capítulo décimo de la ley. Esta institución debe proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental y Salta es una de las pocas provincias que aún no la tienen.
De acuerdo con lo previsto por el artículo 32 de la ley, y con una recomendación de la Auditoría General de la Provincia, en un informe que data de 2015, el dinero destinado al área de Salud Mental debería representar, como mínimo, el 10 por ciento del presupuesto total de la cartera de Salud Pública. Sin embargo, la coordinadora general de Salud Mental de Salta, Claudia Román Ru, aseguró que no reciben este porcentaje, aunque no especificó cuánto.
Es tan poco relevante este tema para el Gobierno, que, a fines de 2017, la Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones fue degradada a Agencia de Salud Mental y Adicciones.
Según la ley nacional, el hospital Miguel Ragone debía adaptarse al paradigma nuevo, hasta que, en 2020, fuera sustituido por dispositivos alternativos. Esta fecha fue dispuesta en el artículo 27 del decreto reglamentario 603/2013, siguiendo el Consenso de Panamá. Adoptado por la Conferencia Regional de Salud Mental, convocada por la Organización Paramericana de la Salud (OPS)-Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2010, este instrumento propuso: “La década del salto hacia la comunidad: por un continente sin manicomios en el 2020”.
Lejos de cerrar y de descentralizar los servicios de salud mental, en el ámbito del Ragone se inauguró hace tres meses una sala de desintoxicación de sustancias psicoactivas.
Pocas alternativas
Unos meses antes de que se sancionara esta ley, una sentencia judicial ordenó al Estado provincial crear cinco residencias asistidas para personas con sufrimiento mental. Esto, en el marco de una acción de amparo para lograr el cierre de la colonia psiquiátrica Nicolás Lozano, que funcionaba en Potrero de Linares. Este fallo se cumplió de manera parcial, ya que solo hay dos residencias asistidas en la provincia -una, para varones, y otra, para mujeres-; ambas, en la ciudad de Salta.
Hace un año, desde la Curaduría Oficial de la Asesoría General de Incapaces, dependiente del Ministerio Público Fiscal, advirtieron que no había ningún dispositivo de residencia asistida para personas con discapacidad mental y, a través de una acción de amparo, lograron que se creara este espacio. La Provincia apeló la sentencia y la Corte deberá resolverla.
“Estos dispositivos son muy beneficiosos para el paciente. Hemos visto una mejoría increíble. Ahí aprenden a tomar su medicación, a organizar su vida, a lavar su ropa, a colaborar en la higiene...”, destacó la curadora oficial María José Miranda, al hablar con El Tribuno.
La funcionaria destacó otros aspectos de la ley de salud mental que aún no se cumplen en Salta. Se refirió a que no existe la figura del abogado que debería asistir a las personas que son internadas de forma involuntaria, según lo establece el artículo 22.
Miranda aseguró que las internaciones por sufrimiento mental no se hacen en hospitales generales, como prevé el artículo 28 de la ley, y no ve esto como algo cercano: “Hay una resistencia a la atención del enfermo mental. Para que un enfermo mental, que tiene un cuadro clínico, sea atendido en el hospital San Bernardo, hay que hacer un derrotero interminable. Cuesta y no lo quieren atender”. Según el mismo artículo, esto constituye un acto discriminatorio.
“El enfermo mental sigue siendo un tabú para la sociedad, un ciudadano de segunda, pese a que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene rango constitucional”, planteó.
Otras vulneraciones
Así como hay muchas personas internadas en el hospital Ragone, sin posibilidad de salir, porque no hay dispositivos alternativos, hay muchos ancianos que viven allí en condiciones de alta, solo por una cuestión social, cuando la ley, en el artículo 15, advierte que esto no debe suceder más.
Cuando una persona es trasladada a un centro terapéutico en un lugar distinto de donde reside, debe acompañarla alguien de su entorno, según el artículo 30 de la ley. Miranda planteó que esto no se cumple y que, así, se produce la desvinculación de la persona de su grupo familiar, con una probabilidad muy alta de quedar en situación de abandono.
La curadora mencionó que hay una sobrejudicialización de casos, a pesar de que la Convención propone que este sea el último recurso.
Según datos con que cuenta la Curaduría, a marzo de 2019, en el Ragone había 67 personas en sala de varones; 35, en sala de mujeres; 16, en agudos; 5, en la residencia asistida de varones, y 4, en la de mujeres. Hay dos personas sin DNI, que están en trámite para obtenerlo. Según informaron autoridades del hospital, hay quienes llevan hasta 50 años de internación.
La voz oficial
La coordinadora de Salud Mental, Román Ru, aseguró a El Tribuno, que hace varios años ha ido disminuyendo la internación de personas con sufrimiento mental.
Manifestó que, además de las dos residencias asistidas, hay un centro sociosanitario y casas asociadas, donde los usuarios alquilan un lugar con recursos propios y del Estado. Allí, cuentan con apoyo de salud a nivel alimentario, farmacológico, entre otros. “Antes, una hablaba de salud mental y lo remitía a un hospital. Hoy, no”, planteó.
Sobre el órgano de revisión, que aún no se creó, dijo que desde hace dos años trabajan en este proyecto con participación de diversas instituciones y que se presentó hace tres meses en Diputados: “Se demoró porque se trabajó con muchos sectores. Para nosotros, la participación era importante”.
En relación con la falta del abogado que pide la ley para las internaciones involuntarias, expresó que “se trabaja desde el Ministerio Público con asesores”.
Faltan profesionales
“Se viene trabajando, pero falta seguir avanzando”, reconoció Román Ru acerca de las internaciones, que deben hacerse en hospitales generales -son 14 los centros de mayor complejidad en la provincia-. Se refirió a experiencias que hubo en hospitales del interior, donde no hay profesionales de salud mental, donde “han hecho la contención, hacen el acompañamiento y el apoyo”.
“No es un trabajo acabado, todo lo contrario. Sigue siendo un desafío que todos los equipos de la provincia sean interdisciplinarios y tengan también profesionales (de salud mental). Hay que seguir trabajando mucho”, remarcó.
A principios de julio, los exresidentes de psicología comunitaria, dependiente de la Dirección de Primer Nivel de Atención, dieron a conocer que, al terminar su formación, se quedaron sin trabajo: pidieron la incorporación urgente a los servicios de salud.
Sobre el Ragone
La secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental a nivel nacional, María Graciela Iglesias, dijo a El Tribuno que el Ragone no podría cerrar antes de fin de año: “La ley plantea que se creen espacios de internación en los hospitales generales y esto aún no sucede en Salta, por lo cual el cierre del Ragone no sería posible, porque no están dadas las condiciones”.
“Es un proceso, lógicamente, y, en ese proceso, el Ragone irá cobrando el carácter de un hospital más general, de una intervención mucho más polivalente. Por supuesto que las personas no pueden quedar en la calle. A partir del cumplimiento de lo que la ley establece, estarán en un proceso de transformación, con todos los dispositivos que deben de tener. Ya lo vienen haciendo y se intensificará, a partir del cumplimiento estricto de la ley”, expresó.
“No es fácil”
Ignacio Crespo, supervisor de salud mental de este hospital, expresó, a título personal y sin representar la postura del Ministerio de Salud Pública, que es imposible que cierre el Ragone, si no se desarrollan antes espacios alternativos.
“No es fácil desarmar algo así. Tiene que haber toda una serie de dispositivos a nivel comunitario dispuestos para plantear procesos de externación de esta gente, que la reciba, que la aloje; no solo un lugar donde vivir, sino un sistema de atención que la aloje: que haya psiquiatras trabajando en un centro de salud, que la pueda atender, controlar, chequear; que el agente sanitario pase por su casa, que vea como está; que haya acompañantes terapéuticos, enfermeros...”.
Crespo manifestó que el Ragone “tiene que ir transformándose en otra cosa”. Planteó que deben destinarse recursos económicos y humanos a nivel comunitario, generar protocolos de tratamiento, de derivación y de funcionamiento de los servicios, para que los trabajadores del primer nivel de atención sepan cómo organizarse y responder a las demandas. “Esto es un proceso complejo y va a demandar un tiempo cumplir con determinadas instancias y etapas”, concluyó.
Desacuerdos sobre la ley
A mediados de julio último, la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de esta jurisdicción firmaron un acta acuerdo para impedir el cierre de los hospitales de salud mental, según manda la ley nacional 26.657.
Lo que propone el acta acuerdo es que los manicomios se “refuncionalicen” de manera progresiva hasta convertirse en “hospitales polivalentes especializados en salud mental, psiquiatría y neurociencias”.
La Asociación de Psiquiatría de Salta aplaudió la iniciativa. “Nosotros adherimos a esa resolución y esperamos que se organice lo mismo acá”, expresó el presidente de la entidad, Gustavo Vacaflores, al hablar con El Tribuno. Consideró que no deben cerrarse los hospitales psiquiátricos: “Es el único lugar donde podemos manejar los pacientes con estas características”.
Desde la Asociación por los Derechos en Salud Mental (Adesam) criticaron el acta acuerdo: “La ley nacional de salud mental está siendo fuertemente cuestionada. Uno de los argumentos más difundidos es la imposibilidad de la aplicación. Desde Adesam conocemos y formamos parte de dispositivos y experiencias que cumplen con la ley y demuestran que es posible atender los problemas de salud mental sin prolongar innecesariamente las internaciones y en la comunidad. Sabemos que el manicomio no cura”.
Violaciones de DDHH
En febrero último, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reconoció violaciones de derechos humanos en hospitales psiquiátricos, se comprometió a garantizar su cierre y a crear alternativas en la comunidad. Esto sucedió ante las denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en hospitales de salud mental, que acercaron nueve organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones sostuvieron que “el manicomio degrada, cosifica, humilla y desvaloriza a las personas mediante el control de todos los actos de su vida cotidiana”. Manifestaron que, en ellos, “el encierro, las celdas de aislamiento, la sujeción mecánica y, principalmente, los psicofármacos, son los mecanismos de control”. Plantearon que miles de personas son “víctimas de un sistema que opta por la privación de la libertad, la sobremedicación y la perpetuación de tortura y malos tratos, que arrasan con sus vidas”.
El Estado argentino reconoció que “el proceso de transformación no es homogéneo y que la lógica manicomial aún perdura”, ya que la concentración de trabajadores y presupuesto siguen en los hospitales psiquiátricos y no existen los dispositivos intermedios necesarios.