Republicano en Buenos Aires

Cualquier persona que observe las noticias locales de los últimos meses podrá advertir que el gobernador Juan Manuel Urtubey ha propuesto la creación de una Cámara Contencioso Administrativa, a lo que añadió posteriormente la creación de varias Fiscalías penales, la reforma del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y hasta la instauración del juicio criminal por jurados.

¿Por qué no lo hizo en los once años y nueve meses durante los que gobernó y lo plantea a escasos tres meses de concluir su mandato?

Las razones parecen ser similares a las que lo hicieron asumir como presidente del Partido Justicialista de Salta hasta 2023 (partido al que enfrentó y enfrenta en la próxima contienda electoral).

Es decir, hacer cuanto esté a su alcance para que sus decisiones tengan ultraactividad y que las consecuencias institucionales y económicas se produzcan más allá de su periodo gubernativo, comprometiendo la administración democrática que le siga e incluso alguna posterior. Palos en la rueda le dicen...

Mientras se comporta de tal forma en Salta, se autocalifica en los medios porteños (que son incapaces de repreguntar porque ignoran todo lo relacionada con Salta) como un político republicano.

Todo parece indicar que, sin perjuicio de haber sido el gobernador constitucional que más jueces ha designado -batiendo todo récord conocido-, habrá de seguir ese derrotero ante el silencio de instituciones como el Colegio de Abogados e incluso de colegas y de políticos que temen al poder.

Algunos de los proyectos que ha enviado o enviará el Gobernador son de una gran trascendencia, como la instauración del juicio por jurados, pendiente desde 1853/60, y no han sido tratados, consensuados ni discutidos con ninguna fuerza política, con los candidatos de los partidos ni por entidades especializadas.

Además de los múltiples aspectos negativos que han postergado la implementación del juicio por jurados -por espacio de más de 150 años-, nadie ignora que se trata de un sistema sumamente oneroso para ser sostenido por una provincia con ingresos decrecientes y en un país quebrado en sus finanzas.

O acaso la explicación sea más prosaica y sólo se trate de iniciativas destinadas a seguir designando magistrados vitalicios de su gabinete o de su entorno social como lo ha hecho -fiel a su ADN- desde que asumió la gobernación.

La adhesión popular a su candidatura en la provincia de Salta luego de casi 12 años de gobernarla, cuantificada oficialmente en un 19,08%, quizás explique estas osadas iniciativas propias de quienes se ven invadidos por el síndrome de fin de régimen.

Resta esperar que los muchos silencios imperantes se transformen pronto en voces críticas de las ambiciones desmedidas mencionadas, y que las Cámaras legislativas salteñas actúen a la altura de las circunstancias. Sólo así se evitarán los inconmensurables daños institucionales que se avecinan para la sociedad toda y para la altamente desprestigiada judicatura salteña.

Por supuesto que mucho apreciaríamos que nuestro Gobernador evitara imponer las hipotecas institucionales que viene anunciando y se comportara en estos meses que restan de su mandato como el republicano que dice ser en Buenos Aires.

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