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En momentos de crisis los hechos y las noticias van más rápido que la capacidad para analizarlos.
El reperfilamiento unilateral de vencimientos de la deuda pública a corto plazo anunciado por el ministro Hernán Lacunza es una forma de default o cesación de pagos.
Su efecto inmediato es el diferimiento o "pateo para delante" de una parte de estos vencimientos constituidos por Letras del Tesoro Nacional - a 3 y 6 meses, lo que en la práctica significa un traspaso de la carga de dichas obligaciones al nuevo gobierno electo apenas comience su gestión. Se estima que las medidas adoptadas por el gobierno Macri servirían para diferir el pago de obligaciones por unos US$ 8.000-9.000 millones, sobre una masa de deuda local a corto plazo de US$ 55 a 60.000 millones.
El presidente Macri vino a gobernar con deuda, tomando sistemáticamente compromisos sin capacidad de repago. En dos años fracasó abiertamente en su gestión económico-financiera, llevó al país a un estado de cesación de pagos por sobre-endeudamiento público y por ello ha tenido que blanquear forzosamente una parte de ese default.
* Entre diciembre de 2015 y junio de 2019 el stock de la deuda pública bruta en cabeza del Estado Central aumentó en unos US$ 170.000 millones, que por efecto de sucesivas devaluaciones derivó en licuaciones parciales de la deuda en pesos expresada en dólares por el equivalente a unos US$ 70.000 millones, de modo que el aumento final de la deuda hasta el presente quedó así relativamente reducido a unos US$ 100.000 millones.
* Los intereses aumentaron más que proporcionalmente al aumento del stock de la deuda, siendo así que hoy se paga el doble que en el 2015: aproximadamente US$ 20.000 millones contra US$ 9.800 millones.
* Como agravante, a la vez que se aumentó el stock de la deuda y sus intereses el gobierno empeoró la composición y el perfil de vencimientos tomando obligaciones con acreedores privados a cada vez menor plazo y mayor tasa de interés, lo que fue estrangulando progresivamente la capacidad de pago de los servicios financieros para atenderla.
Como consecuencia del descontrol, Macri debió blanquear el default de una parte de sus obligaciones a corto plazo, constituidas por diversas Letras de Tesorería: Letes (Letras del Tesoro) en pesos y dólares, Lecap (Letras capitalizables en pesos), Lecer (Letras ajustadas por coeficiente de inflación CER) y Lelink (Letras ajustables por tipo de cambio-dólar).
Esta medida que constituye un default técnico porque incumple las condiciones de cancelación de las obligaciones pactadas y como tal quedaría sujeta a eventuales acciones judiciales en contra del Estado argentino afecta a personas jurídicas o tenedores institucionales de letras (bancos, compañías de seguro, fondos comunes de inversión y otros) pero no a personas humanas o físicas, que no estarían alcanzadas por el cambio.
El riesgo de no devolución del capital por parte del Estado a las nuevas fechas unilateralmente prorrogadas abre un nuevo capítulo de incertidumbre sobre el pago.
En el contexto de esta agravada y creciente vulnerabilidad de la capacidad de repago del gobierno, se plantea una nueva crisis de deuda, acelerada por un golpe financiero de mercado, liderado por pocos y grandes operadores nacionales e internacionales con negocios en nuestro país. El mercado esa entelequia que enmascara el accionar de pocos grandes operadores financiero-cambiarios no es una entidad abstracta sino que, por el contrario, es el conjunto de pesados actores que determinan e inducen los movimientos de la plaza a modo de profecía autocumplida. El gobierno debiera dar a conocer: a) quiénes son los grandes grupos que estuvieron y siguen comprando dólares que provocan la caída de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), b) quiénes son los principales Bancos tenedores de Leliq y Pases Pasivos, y c) quiénes son los principales suscriptores de contratos de dólar a futuro y por qué valores.
Si se dieran a publicidad estas informaciones y estos datos no habría necesidad de suponer nada porque la realidad quedaría desnuda ante nuestros ojos. Estos acreedores financieros del Estado, aliados y sostenedores de la administración Macri hasta la fecha, son los que le han provisto la mayoría de los cuadros del funcionariado superior de gobierno en asuntos financieros (Ministerio de Hacienda y Banco Central); funcionarios éstos que están actuando en conflicto de intereses y en contra de los intereses financieros fiscales y cuasi-fiscales de la Argentina - son los que están obteniendo ganancias históricas récord de carácter especulativo merced a un despilfarro increíble e imparable de los fondos públicos y son los mismos que ahora, frente al agravamiento de la crisis de deuda que conjuntamente con el gobierno han generado, están liderando la corrida cambiaria bajo fuego amigo con la cobertura de un gobierno que les protege con la torpeza de sus medidas y el anonimato de sus operaciones de saqueo financiero.
El default del BCRA
Siguiendo la regla clásica de presentar la renuncia de un ministro de Economía como fusible del fracaso de la política seguida por el Gobierno nacional, en el intento de entretener a la opinión pública con un nuevo funcionario superior y de vender nuevas expectativas para un próximo mandato después de haber fracasado en los cuatro años del actual, el presidente Macri aceptó la renuncia de Nicolás Dujovne, designó nuevo ministro a Hernán Lacunza (que viene de pilotear un fuerte proceso de endeudamiento en moneda extranjera de la Provincia de Buenos Aires, bajo María Eugenia Vidal). Pero estrictamente hablando quien desde este punto de vista debiera haber renunciado es el titular del BCRA, Guido Sandleris, dado que la crisis de deuda más gravosa le ha explotado al gobierno por el lado del banco.Y ello es así porque la crisis constituye un problema financiero antes que un problema económico y fiscal. Empero, el gobierno blanquea el Default de las Letras del Tesoro y sigue sosteniendo la hemorragia financiera del BCRA.
Una hemorragia que está derivando en la salida masiva de capitales especulativos de las Leliq que se pasan a dólares mermando las reservas del BCRA y que el Banco no puede detener frente a la trampa extorsiva de los acreedores financieros que exigen cada vez tasas más altas a cambio de no irse a la compra de dólares. En este contexto no está claro para qué el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley al Congreso sobre reperfilamiento de deuda dado que:
a) Por la Ley de Administración Financiera del Estado el Poder Ejecutivo está facultado para contraer deuda pública sin Ley del Congreso con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte, como es el caso del FMI.
b) Además, está facultado para proceder prácticamente con total discrecionalidad en materia de reestructuraciones de deuda pública, igualmente sin intervención del Congreso.
c) Por el Decreto 596/2019 se invoca expresamente “Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1, 2 y 3, de la Constitución Nacional”. Una disposición que también le permite al Poder Ejecutivo hacer cualquier cosa y que ha utilizado siempre en forma discrecional, incluso en medidas impositivas que son abiertamente inconstitucionales, como las adoptadas recientemente sobre el IVA y el impuesto a las ganancias.
Conclusiones provisorias
El problema de los incumplimientos puede dar lugar a reclamos de aceleraciones de pagos por parte de los acreedores exigencias de pago anticipado por violación unilateral de las condiciones contractuales, con el peligro de nuevos juicios por parte de tenedores de títulos que no estén de acuerdo con los cambios impuestos (nuevos Holdouts).
Este tipo de problemas deriva comúnmente en refinanciaciones de pasivos del Estado que son procesos desafortunadamente conocidos por la Argentina a lo largo de las últimas décadas: Acuerdos de Nueva York 1985-1987 del gobierno Alfonsín, Plan Brady 1992-1993 del gobierno Menem, Megacanje De La Rúa-Cavallo del 2001 y Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010.
Y la principal advertencia está vigente: como lo venimos diciendo con insistencia, no es cierto que la incertidumbre política derive en inestabilidad financiera sino que la cosa es al revés: es la incertidumbre financiera la que genera inestabilidad y crisis política.
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