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Desde que, a mediados de 1994, comenzó a utilizarse la “probation”, en materia penal, los jueces de otros fueros comenzaron a pensar formas alternativas (o adicionales) para las condenas establecidas en sus sentencias. La probation sustituye condenas por delitos leves (menos de tres años de prisión) por la obligación de cumplir tareas comunitarias hasta un máximo de 200 horas en un periodo de tres años.
Los jueces civiles sustituyen las penas pecuniarias (más bien le agregan) por el cumplimiento de obligaciones generalmente dirigidas a hacer reflexionar a los condenados sobre algunas conductas impropias.
En ese orden, un juez laboral de Tucumán, el mes pasado, luego del despido discriminatorio sufrido por una mujer, condenó a autoridades de una empresa a asistir a un taller sobre “sensibilización y capacitación en perspectiva de género”. Cita el juez a uno de los juristas más importantes de Europa, Piero Calamandrei, quien sostenía: “No basta que los magistrados conozcan a la perfección las leyes escritas; sería necesario que conocieran perfectamente también la sociedad en que esas leyes tienen que vivir”.
El fallo vale la pena comentarlo en otra oportunidad, pero la cita de Calamandrei nos orienta hacia otra reflexión dirigiéndonos a pensar si la imaginación y creatividad de estos jueces no podría también estar dirigida a emular el original experimento que se está realizando en la Justicia laboral brasileña.
Justicia do Brasil
El primer viernes del mes pasado, 23 jueces trabajaron como conserjes, barrenderos, operadores telefónicos, cobradores de cuentas, ayudantes generales, etc. ¿Hubo una huelga general y tuvieron que darse maña para atender sus juzgados con tareas de limpieza, atención al público o telefónica? No. La Escuela Judicial del Tribunal Regional del Trabajo (TRT) organizó un proyecto para mejorar la empatía de los magistrados laboralistas, al advertir que la función judicial muchas veces generaba una distancia insalvable, que distorsionaba la óptica de los magistrados.
Por ejemplo, la jueza Adriana Leandro trabajó como operadora telefónica en una sucursal bancaria. Sus nuevos colegas no imaginaron que tenían una magistrada al lado. Ahí, ella dio cuenta de la presión que sienten los trabajadores de este sector. Vio cómo los operarios no se despegan de sus asientos por temor a perder el empleo. Incluso, una de sus compañeras pasó seis horas sin tomar agua. No porque alguien la detuviera, sino porque tenía mucho miedo de perder su trabajo. Si se levantaba no había nadie que la cubriera. Otra jueza que trabajó limpiando baños en un colegio encontró la solidaridad de sus colegas de mantenimiento, pero también las burlas y el desprecio con las que el alumnado las trataba.
Este programa se implementó en 2017. Al inició este no fue bien visto por la comunidad jurídica. Lo que busca esta iniciativa es respetar a las personas que cumplen estos roles. “El juez que pierde la capacidad de mirar con empatía al otro, pierde la capacidad de ser juez”, aseveró el director de la Escuela Judicial, Marcelo Augusto Souto de Oliveira. Marcelo Augusto cree que un día de trabajo es una experiencia muy limitada: “Después de eso, los jueces regresan a sus apartamentos, sus buenos salarios, su seguridad laboral y sus privilegios”.
Además, teme que este proyecto se convierta en un espectáculo: “Esta no puede ser una representación superficial de una categoría profesional o una especie de ‘turismo’”.
Si bien la esencia del Derecho del Trabajo es la idea de protección al trabajador, me parece que la experiencia se enriquecería si estos magistrados también se colocaran (aunque sea por un día) en el papel de empleadores, básicamente los del sector pyme que muchas veces también trabajan y sufren a la par de sus empleados.