El descubrimiento casi casual del robo de caños del gasoducto del NEA se produjo exactamente el 26 de enero pasado a las 0.48 cuando Adrián Zigarán, secretario de Participación Ciudadana de Salta, se dirigía al Chaco salteño en el marco de la emergencia sociosanitaria declarada en el norte.
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El descubrimiento casi casual del robo de caños del gasoducto del NEA se produjo exactamente el 26 de enero pasado a las 0.48 cuando Adrián Zigarán, secretario de Participación Ciudadana de Salta, se dirigía al Chaco salteño en el marco de la emergencia sociosanitaria declarada en el norte.
Los caños de 12 metros de largo valuados en más de 5 mil dólares cada uno sobre superficie (enterrados se cotizan al doble por la logística para instalarlos) estaban siendo sustraídos de 35 kilómetros de la red y transportados en camiones.
A Zigarán no le pareció casual cruzarse en rutas del norte (la nacional 34 y la provincial 54) con esos camiones cargados de caños y como lo recordó en la primera nota de El Tribuno sobre el tema el 5 de marzo pasado, "apenas sospeché que se estaban robando los caños del gasoducto que había dejado a medio construir Vertúa en el norte, hablé con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, para ponerlo al tanto y me comuniqué con el presidente de la empresa".
Agregó: "Me di cuenta que los caños habían estado enterrados cuando vi que estaban cubiertos de tierra colorada y en el único lugar de la zona que hay tierra de ese color es Campo Durán".
Muchas pruebas
Al poner en marcha la investigación, el mismo Zigarán trabajó con dos colaboradores de Tartagal cuyos nombres nunca fueron mencionados en las crónicas periodísticas y en ese trajín se encontró con mucha y valiosa documentación. La misma que a la Justicia Federal le sirvió para avanzar en la investigación e imputar a una decena de involucrados.
Pero, sobre todo, se encontraron con la prueba irrefutable, la que el intendente Prado no pudo ni podrá explicar: la resolución municipal que lleva su firma y la del entonces secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, mediante la cual autorizaba a la empresa OSIP SA y cuyo titular es Diego Andrés Alos (imputado como Prado y como Céspedes) a retirar los caños del GNEA de la jurisdicción de su municipio con la excusa de que eran "materiales contaminantes y pasivos ambientales".