La usurpación de tierras es una señal de anarquía

La ocupación planificada de tierras por parte de grupos alentados por funcionarios y dirigentes políticos representa un ataque explícito al derecho de propiedad, consagrado por la Constitución Nacional. Una situación incompatible con el Estado de Derecho.

En tanto, el Congreso y la Justicia muestran una pasividad exasperante frente a acciones que no solo vulneran el espíritu y la letra de la ley, sino que relativizan los conceptos de nacionalidad, territorio y soberanía.

En Salta el presidente de la comunidad wichi El Algarrobal, Nelso Campo, fue denunciado por usurpación de terrenos privados colindantes a las tierras fiscales donde los trasladó hace unos años el ex intendente Julio Jalit. "El territorio se defiende", respondió en su cuenta de Facebook el activista, que no es wichi sino de la Agrupación Evita, Jocha Castro Videla, al rechazar el desalojo. Ni el INAI - que se desentendió de este caso -, ni ninguna ley del Congreso pueden decidir la cesión de "territorio nacional" a ninguna comunidad particular. Tampoco pueden modificar el derecho a la propiedad privada.

Este año, en Salta, se produjeron cerca de 200 ocupaciones irregulares. En la ampliación del Parque La Vega, miles de personas se han instalado hace cinco meses, liderados por Renzo José Alderete, detenido e imputado por amenazas, lesiones, coacción, y otros delitos que sufren los vecinos. Lo alientan el MTR, el partido Obrero, el Partido Social de los Trabajadores y organizaciones de Derechos Humanos, lo consideran un "preso político". Todo, al amparo de la inercia oficial.

En los Valles Calchaquíes, el conflicto por usurpaciones sistemáticas amparadas por el INAI se ha convertido en un problema endémico.

Los signos de anarquía se extienden a nivel nacional.

En Palpalá, Jujuy, durante el desalojo de una usurpación, fue detenida una funcionaria nacional, Anastasia García, secretaria nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, quien resistió el desalojo dispuesto por un juez.

Hace unas semanas, la ministra de Seguridad Sabina Frederic, el vicepresidente del INAI, Luis Pilquiman, y otros funcionarios apoyaron a violentos encapuchados que incendiaron cabañas y usurparon varias hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi. Además, los funcionarios denunciaron a los vecinos que se manifestaron contra los usurpadores.

En estos días, un juez entrerriano interpretó como "conflicto familiar" la ocupación de una finca de esa provincia, propiedad de la familia Etchevehere, protagonizada por una hermana disconforme con la distribución de una herencia, pero que llegó acompañada de decenas de intrusos liderados por el abogado y activista de los movimientos de desocupados, Juan Grabois, y la directora nacional de Acceso a la Justicia Gabriela Carpineti. Aunque parezca mentira, ambos invocaron la autoridad del Papa Francisco y cuentan con el respaldo de Victoria Donda, presidente del Inadi.

En la localidad de Guernica, en el conurbano sur, se produjo una ocupación crítica de cien hectáreas. El Estado no tiene respuestas. Grabois había amenazado en febrero al gobierno diciendo que "se nos está acabando la paciencia"; ahora, con motivo de esta usurpación, advirtió que "hay una oleada de tomas de tierras que se va a profundizar".

La decadencia social del país no explica ni justifica la violencia de la usurpación de tierras, que vulnera los derechos fundamentales a la seguridad y a la propiedad privada.

El Estado debe garantizar el derecho a la vivienda, pero no puede ceder a la extorsión del activismo. Sin embargo, casi todos se encolumnan con la negligente estrategia nacional y miran para el costado, o aplauden demagógicamente la violencia, porque nos incapaces de planificar la construcción de vivienda con créditos accesibles. En tanto, los pueblos originarios genuinos y los otros sectores excluidos están cada vez peor.

La usurpación, la visión clasista y el odio social son enemigos de la democracia. Responden a prácticas políticas oportunistas, que se alimentan de la necesidad de millones de personas y cuentan con funcionarios de un Estado que financia sus actividades. Todo esto es ilegal, y de la destrucción del orden legal, solo cabe esperar el crecimiento de la anarquía, que es el preludio necesario del autoritarismo.

 

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