El doctor Pedro Arancibia, defensor de Nicolás Cajal, trató de ser también el querellante de la familia pero el Juzgado de Garantías 5 le negó esa solicitud, también rechazaron el pedido de nulidad que el letrado había formulado acerca de una de las medidas efectuadas por los fiscales y el sobreseimiento requerido para su defendido. Desde un primer momento en la causa Arancibia apuntó contra una mala investigación y sostiene que tanto Cajal como Sergio Vargas "son inocentes".
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El doctor Pedro Arancibia, defensor de Nicolás Cajal, trató de ser también el querellante de la familia pero el Juzgado de Garantías 5 le negó esa solicitud, también rechazaron el pedido de nulidad que el letrado había formulado acerca de una de las medidas efectuadas por los fiscales y el sobreseimiento requerido para su defendido. Desde un primer momento en la causa Arancibia apuntó contra una mala investigación y sostiene que tanto Cajal como Sergio Vargas "son inocentes".
¿Cómo recibieron la elevación a juicio de la causa?
Con mucha tranquilidad, sabiendo que el Juzgado de Garantías realiza un control de legalidad sobre la regularidad de la investigación penal y de la acusación que realiza la fiscalía. Es un trámite meramente formal que no implica ningún tipo de valoración sobre el mérito de la prueba o sobre la responsabilidad penal de los imputados.
¿Sigue sosteniendo que están a la espera del juicio para demostrar la inocencia del señor Cajal?
Sí, totalmente. Creo que va a ser una oportunidad para que la sociedad y también los medios de comunicación puedan cubrir en el juicio oral y público todos los pormenores de un caso tan mediático y lamentable. Donde quede en evidencia la tremenda imprudencia y negligencia del Ministerio Público Fiscal por llevar a juicio a dos personas inocentes.
¿No considera que es arriesgado por parte del MPF llevar a juicio a dos personas sin los elementos de prueba suficientes?
La verdad que sí, uno espera que el Ministerio Público Fiscal cuide el interés general y la legalidad, que nos cuide a todos y que realmente lleve a juicio de manera responsable a quienes tengan que ver con algún delito. Lamentablemente en este caso se ha utilizado una acusación sin fundamentos, llena de falacias para acallar el clamor de la opinión pública. Pero esta maniobra lo único que consigue es postergar una situación que va a ser mucho más vergonzosa para la imagen del MPF porque cuando se produzca el debate en el juicio y quede en evidencia que no existe ningún tipo de pruebas, y que la acusación fue totalmente arbitraria, de eso no se vuelve más y generará sin dudas consecuencias legales contra quienes actuaron excediéndose en sus facultades.
¿Por qué los asesinos que ingresaron a la casa de Jimena Salas no se llevaron elementos de valor que de alguna manera tenían a mano?
La verdad que es una de las preguntas más difíciles de responder porque el crimen, con su tremendo ensañamiento y violencia desplegada por los autores del homicidio, no responde en sus características a lo común o en la generalidad de este tipo de conductas delictivas. El hecho tiene ribetes y particularidades que no permiten encajar fácilmente con algún otro antecedente similar. Por eso la circunstancia de que solo se haya llevado el celular de Jimena en todo caso nos puede generar una sensación de que los criminales quisieron huir rápidamente, llevarse la evidencia donde podría surgir la identidad de estos individuos que habían sacado la foto del perrito que estaban ofreciendo como perdido, que habría sido el argumento para poder entrar en contacto y ganarse la confianza de la víctima. Y me parece que tiene que ver con que se frustró el propósito de poder tomar objetos de valor dentro de la vivienda, tal vez objetos como joyas o dinero, elementos que son a primera vista imperceptibles y fácilmente trasladables.
Independientemente de cómo se resuelva la causa, ¿cómo analiza la imagen de su defendido respecto a la sociedad?
Si bien Nicolás Cajal está muy tranquilo respecto de su inocencia y esperando que se realice el juicio para que se pruebe la misma, y se exhiba la tremenda injusticia con la que se ha procedido, sin embargo no deja de ser un trago amargo, por un lado, que al haberse producido esta injusta e infundada acusación se haya abandonado totalmente y desde hace mucho tiempo la búsqueda de los autores, los verdaderos asesinos de Jimena Salas. Eso genera una sensación de que este crimen, probablemente de continuar así, quedará impune. Y luego, por supuesto, el tremendo daño que se le ha generado a su persona y en cierta manera a su familia por la mala reputación propiciada desde el Ministerio Público hacia la prensa y todo lo que conlleva ser expuesto ante la sociedad como uno de los principales sospechosos. En cierta forma se produce también aquí una doble victimización tanto de él como de su familia.
¿Cómo evalúa todo lo que pasó y sigue pasando en torno a la causa?
En primer lugar considero que todo lo que pasó y está pasando en el caso, y precisamente con las acusaciones de Cajal y Vargas, es una absoluta injusticia. Como lo vengo diciendo desde hace un tiempo, es un claro ejemplo junto a otros casos muy paradigmáticos de lo que no se debe hacer en materia de investigación penal. También es un claro ejemplo de las consecuencias que tiene un actuar arbitrario por parte de los fiscales y del procurador general, del poder lesivo que puede generar un comportamiento autoritario y excesivo de las facultades que la sociedad le confiere al Ministerio Público para que proceda de manera responsable y prudente.
Definitivamente, considero que la metodología utilizada por el procurador general es una especie de funcionalismo inhumano en donde ha sacrificado el honor, la moral, la reputación, la vida personal y familiar de dos personas inocentes, e indirectamente de sus respectivas familias, para acallar el clamor popular que pide justicia ante el aberrante crimen, que pide mayor seguridad porque no se entiende cómo en un lugar tranquilo de Vaqueros, donde la sociedad supone que no debiera haber ocurrido un crimen tan aberrante, sin embargo el Ministerio Público Fiscal no tiene respuestas. Y a través de esta maniobra se utiliza y se sacrifica injustamente a dos personas para restablecer el orden público, una táctica casi medieval, por decirlo de alguna manera, es cortoplacista, antidemocrática, antirrepublicana, ilegal e inmoral. Y pienso sin embargo que en algún punto afortunadamente existe una justicia independiente que frente a tamaño atropello de fundamentales garantías constitucionales podrá poner las cosas en su lugar.
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